Crimen de Báez Sosa: imputados renunciaron a la posibilidad de ser juzgados por un jurado popular
Los jóvenes acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa, crimen ocurrido el 18 de enero pasado en Villa Gesell, renunciaron a la posibilidad de ser juzgados por un jurado popular. Sostuvieron como argumentos de esta decisión el sentirse víctimas de una “condena social” que se instaló en los medios, apuntan contra abogados de la querella por alimentar esa situación e incluso involucran al presidente de la Nación, Alberto Fernández, por haberse fotografiado con los padres de la víctima y con un cartel en mano que pedía condenar a los responsables.
“El Poder Ejecutivo Nacional se ha comprometido con el interés de una de las partes, y por lo tanto, el equilibrio que debe surgir de la necesaria ´igualdad de armas´ presente en todo proceso penal, o mejor dicho en casi todos, aquí ha sufrido una influencia desmedida a favor de una de las partes. Prácticamente ha desaparecido”, afirma el abogado defensor, Hugo Tomei.
Calificadas fuentes judiciales también confirmaron a los colegas de La Nación que la defensa de los acusados pidió la nulidad del pedido de elevación a juicio hecho por el Ministerio Público Fiscal “por imprecisa e insuficiente imputación de hecho”. Alega que “no hay ningún enunciado proposicional que pueda establecer en su dimensión descriptiva una aceptable diferencia entre los actos que habría realizado cada uno de mis asistidos con relación a los delitos imputados
Tomei, defensor de Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz; Máximo Thomsen; Enzo Comelli, Matías Benicelli y Blas Cinalli, los imputados y detenidos en una unidad penal desde hace poco más de un año, detalló que allí consultó a sus clientes y le pidieron que oficialice la renuncia a una sentencia que surja de un tribunal integrado por ciudadanos comunes en un jurado popular.
“La decisión fue condicionada por la incuestionable y lapidaria condena social que se instaló como consecuencia de la construcción de sentido realizada a través de los medios masivos de comunicación, quienes dieron a conocer distintas constancias del expediente y realizaron una intolerable saturación de las imágenes contenidas en distintos videos que integran el material probatorio, que hasta la fecha no les fueron exhibidos en el marco del proceso penal”, expresó el letrado en la presentación que hizo en las últimas horas al juez de Garantías que interviene en la causa, David Mancinelli, con sede en Villa Gesell.
Como argumento de la decisión tomada describieron que “la interpretación sesgada que se hizo de todas estas constancias del expediente a través de la maquinaria mediática determinó la instalación de un preconcepto negativo en perjuicio de los imputados”.
Sumaron, además, algunas exposiciones públicas de la querella y señalaron en particular al abogado Fernando Burlando, al frente de la representación legal de la familia Báez Sosa. Lo acusaron de “dichos cargados de violencia” que incluyeron “adjetivos tales como “cobardes”, “asesinos”, “hijos de puta” y “residuos escatológicos”, para mencionar solo algunos”.
“Agravios e insultos que comprendieron también a dos de los jóvenes cuyos sobreseimientos fueron solicitados por la acusación pública”, explicó Tomei en referencia a Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi.
Además involucró al propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, que en ocasión de recibir a los familiares de la víctima “se fotografió junto a los mismos, sosteniendo un cartel en el que exhibía una fotografía de Fernando Báez Sosa y por debajo se apreciaba la expresión: “Justicia por Fernando, asesinado en Gesell””.
Sobre la reunión del jefe del Estado con los padres de la víctima, la defensa de los acusados sostuvo: “Para el señor presidente de la Nación, en este caso ´Justicia´ es sinónimo de ´condena a prisión perpetua´, y esto es lo que reclama el máximo representante de uno de los Poderes del Estado, en un proceso particular, antes de la sentencia definitiva”, amplía el defensor.
Tomei concluyó que el marco político-social que enfrentan sus defendidos hace “casi imposible pensar en un juicio donde la decisión deba ser adoptada por ciudadanos que han sido objeto de una fuerza persuasiva de tal magnitud como la desplegada en los diferentes medios de comunicación”.
“La condena social resulta incuestionable”, auguró.