Crece la presión sobre García Mansilla: más de 40 juristas piden su salida y la Justicia lo inhabilita por 90 días
La situación de Manuel García Mansilla se complica. Mientras reflexiona sobre su futuro tras el contundente rechazo del Senado a su pliego para integrar la Corte Suprema, una nueva señal adversa llegó en las últimas horas del viernes: más de 40 abogados, académicos y docentes universitarios pidieron su “cese inmediato” en el cargo. Paralelamente, la Justicia dictó una medida que le impide firmar fallos por los próximos tres meses, lo que profundiza la incertidumbre sobre su continuidad.
En una carta firmada por reconocidos especialistas del ámbito jurídico, se sostuvo que “resulta insostenible su continuidad” en el máximo tribunal, argumentando que su permanencia viola el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, vulnera derechos de otros justiciables y afecta la legitimidad de la Corte Suprema como intérprete de la Constitución.
“Por respeto a la Constitución y al derecho que juró respetar, el Dr. García Mansilla debe apartarse del cargo para el que finalmente no ha sido designado”, señalaron con contundencia los firmantes del documento.
Entre quienes suscribieron el pronunciamiento se encuentran Daniel Rafecas, Daniel Sabsay, Andrés Gil Domínguez, Manuel Garrido y Roberto Gargarella, así como docentes de universidades como la UBA, UNLP, UNL y UNICEN.
Además, el juez Alejo Ramos Padilla, a cargo de una causa que analiza la posible inconstitucionalidad del decreto presidencial que nombró a Ariel Lijo y García Mansilla en la Corte, resolvió mediante una medida cautelar que el catedrático no podrá emitir fallos ni firmar resoluciones administrativas por 90 días. La decisión fue comunicada al presidente Javier Milei, a la vice Victoria Villarruel y al presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
Ramos Padilla argumentó que, tras el rechazo legislativo, la legitimidad de García Mansilla está en entredicho, y cualquier medida que firme podría ser considerada “ilegítima, nula o incluso inexistente”, generando un daño a la seguridad jurídica.
En el caso de Ariel Lijo, quien aún no asumió en la Corte, el juez exhortó al máximo tribunal a que no le tome juramento.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene su respaldo al jurista. Desde la Casa Rosada, una fuente oficial aseguró este viernes que “no se tiene que dejar operar” y que debe “seguir sin importar lo que digan los demás”. Según el decreto, García Mansilla está habilitado para ejercer hasta el 30 de noviembre.
Sin embargo, las presiones no se detienen. Este viernes, incluso uno de sus futuros colegas en la Corte, el juez Ricardo Lorenzetti, consideró “respetable” la decisión del Senado y fue tajante al remarcar que “nunca aceptaría ser designado por decreto”.