Corrupción e impunidad: dura crÃtica de la OEA por falta de controles
|La Convención Interamericana contra la Corrupción, que depende de la OEA, difundió un duro informe sobre la Argentina en el que hace una serie de advertencias por las graves deficiencias del Estado para luchar contra los negocios ilÃcitos.
El documento fue elaborado por un comité de expertos luego de una visita al paÃs en octubre pasado, durante la cual entrevistaron a funcionarios del Poder Ejecutivo, representantes de ONG y legisladores de la oposición. El documento, que el comité de expertos de la OEA presentó en marzo último, pone el foco en el desempeño de los principales órganos de control del Estado: la FiscalÃa de Investigaciones Administrativas (FIA), el Poder Judicial, la AuditorÃa General de la Nación (AGN), la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Oficina Anticorrupción (OA).
En todos estos organismos se detectaron serias falencias, como, por ejemplo, falta de coordinación para investigar casos de corrupción, demoras en el nombramiento de jueces y fiscales idóneos en la materia, y un incremento en la cantidad de causas que prescriben, muchas veces debido a que otros organismos estatales retacean información.
Este informe se conoce en momentos en que el tema de la corrupción ha vuelto a escalar en la agenda, a partir de las últimas denuncias sobre lavado de dinero que afectarÃan a funcionarios y empresarios ligados al kirchnerismo, del proyecto de blanqueo de dinero y de la polémica reforma de la Justicia que impulsó el Gobierno.
Este último tema incluso mereció severas advertencias de la relatora especial de la ONU para la independencia de los jueces y abogados, Gabriela Knaul, quien consideró que con la reforma judicial que impulsó el Gobierno existÃa “riesgo para la democracia”.
“SerÃa muy importante que el gobierno argentino tome nota de las recomendaciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción. De lo contrario, estarÃa violando el convenio que suscribió en 1997”, advirtió el jefe de la AGN, Leandro Despouy, en diálogo con LA NACION.
Según el auditor, “hoy, el pasaporte de los paÃses para recibir inversiones y acceder al mercado de capitales no sólo pasa por el paradigma económico, sino fundamentalmente por las polÃticas públicas sobre derechos humanos y de lucha contra la corrupción.”
En nuestro paÃs, uno de los órganos clave en esta materia es la FIA. El comité de expertos formuló las siguientes recomendaciones a partir de las falencias que detectó en esa dependencia.
DeberÃa sancionarse una ley que precise las facultades investigativas de la FIA. Hoy su accionar se ve obstaculizado “por múltiples y variadas interpretaciones sobre el alcance de sus atribuciones”, que le impiden ejercer con eficacia su tarea investigativa.
Por estas dificultades, disminuyó en forma alarmante la cantidad de expedientes a cargo de la FIA. De 1333 expedientes en 2007 bajó a 801 en 2011.
-Es necesario mejorar la coordinación entre la FIA y los demás actores estatales encargados de investigar hechos de corrupción.
-El Estado deberÃa designar formalmente al jefe de la FIA, cargo que está ocupado de manera interina desde hace tres años. Hay fiscalÃas vacantes que tampoco se cubren.
En cuanto al accionar del Poder Judicial en materia de corrupción, el informe advierte lo siguiente:
-La cantidad de denuncias sobre delitos contra la administración pública que prescribieron es muy superior al número de casos que terminaron por sentencia. En efecto, desde 2007 a 2010 prescribieron 63 casos, y sólo uno tuvo sentencia, que fue absolutoria.
-Existe demora en la designación de jueces federales. El informe receptó las estadÃsticas de las ONG que señalan que una tercera parte de los jueces son subrogantes y que hay casos de demora de cinco años en designar jueces.
-El Estado deberÃa revertir la morosidad en la investigación de los casos de corrupción. Según un trabajo de la Procuración General y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “sobre 21 causas relevadas, el promedio de duración de los expedientes es de 137 meses, es decir, más de 11 años”.
Respecto de la tarea de la AGN, el comité de expertos exhortó al Congreso a que reglamente el artÃculo 85 de la Constitución Nacional para dotar a este organismo de autonomÃa funcional y no siga sometido a las mayorÃas parlamentarias de turno. Asimismo, advirtió la falta de coordinación entre la AGN y otros organismos de contralor.
Sobre el funcionamiento de la Sigen, el informe señaló:
-Este organismo deberÃa tener un mayor acceso a las empresas estatales y a aquellas en las que el Estado tiene participación accionaria. Hoy no cuenta con información sobre la responsabilidad social de las mismas.
-La Sigen deberÃa hacer público el acceso a sus informes, los cuales hoy tienen un acceso muy restringido.
En lo que se refiere al funcionamiento de la OA, el comité de expertos advirtió que desde 2007 ha disminuido de manera constante la cantidad de investigaciones preliminares que se abren sobre las denuncias presentadas.
Esto se debe, según la propia OA, a la tardanza en recibir las respuestas a sus requerimientos por parte de otros organismos públicos que, además, a veces resultan incompletos.