Contradictoriamente, Milei vuelve a contratar a Nación Seguros para la Quinta de Olivos
En una decisión que ha generado sorpresa, el Gobierno de Javier Milei decidió contratar nuevamente a Nación Seguros para asegurar los vehículos eléctricos que circulan dentro de la Quinta de Olivos. La contratación por un total de $2.692.930,20 (unos 1.965 dólares al tipo de cambio oficial), fue realizada de manera directa a través de un expediente firmado por la Subsecretaría de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, María Belén Agudiez y Alfonso José Torres, el responsable de Nación Seguros.
El contrato, que se cerró el 20 de agosto de 2024, tiene como objetivo asegurar los 19 vehículos eléctricos MELEX que se utilizan en la residencia presidencial. La licitación fue abierta apenas unos días antes, el 16 de agosto de 2024 a las 16:00, en un proceso que resulta llamativo tanto por su rapidez como por la elección de la aseguradora.
Lo que genera desconcierto en esta operación es que apenas un día después de firmar el contrato, el 21 de agosto, el propio Gobierno derogó el decreto del expresidente Alberto Fernández, que obligaba a los ministerios y organismos públicos a contratar exclusivamente a Nación Seguros.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial, con la clara intención de romper con las prácticas del Gobierno anterior y eliminar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 832/2021, que consolidaba el monopolio de la aseguradora estatal en el ámbito público.
Además de Nación Seguros, esa derogación afectó otras áreas estratégicas de servicios que involucraban al Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas, los cuales ya no serán de contratación obligatoria para el Estado.
La decisión de contratar nuevamente a Nación Seguros resulta cuando menos confusa frente a la política de transparencia y apertura de mercados que Milei prometió implementar tras los escándalos de corrupción que envolvieron a la administración de Alberto Fernández.
En ese contexto, el artículo 50 del Decreto N° 70/23 dejó en claro que las empresas en las que el Estado Nacional tiene participación accionaria no pueden gozar de privilegios ni ser priorizadas en las contrataciones del sector público.
La contratación directa de Nación Seguros genera interrogantes, especialmente porque se dio en el marco de la reciente derogación del decreto que intentaba poner fin a estos monopolios. A pesar de las medidas anunciadas, Nación Seguros sigue siendo la elegida para asegurar los vehículos de la residencia presidencial, lo que genera dudas sobre si este es un caso aislado o si existe alguna razón detrás de esta preferencia.
Esta contratación reaviva las críticas tras el escándalo de corrupción que involucró a Nación Seguros durante el Gobierno de Fernández. En ese contexto, se investiga cómo la aseguradora estatal se benefició de contratos multimillonarios sin licitación competitiva, mediante la intermediación de brokers.
La eliminación de la obligatoriedad de contratar a Nación Seguros se presentó como una de las primeras medidas de Milei para “desmontar las estructuras corruptas” heredadas de la administración anterior.
Sin embargo, esta decisión de asegurar los vehículos en Olivos con la misma empresa deja una sombra sobre las intenciones del nuevo gobierno y su verdadero compromiso con la transparencia en las contrataciones públicas.
Números en la mira
Mientras la suma del contrato por $2.692.930,20 puede parecer menor en el contexto de las multimillonarias transacciones del Estado, este monto se torna significativo si se toma en cuenta el mensaje político que buscó transmitir Milei al romper con las obligaciones impuestas por el Gobierno anterior.
La rapidez del proceso y la selección directa de Nación Seguros refuerzan las preguntas sobre si realmente se está rompiendo con el pasado o si ciertas prácticas persisten, a pesar del discurso.
Por ahora, el Gobierno no ha brindado una explicación oficial sobre por qué eligió a Nación Seguros para esta contratación, ni si se trata de una excepción en el nuevo marco de contrataciones públicas. Lo que sí queda claro es que la sombra del escándalo de los seguros sigue rondando las oficinas de Olivos.