Confirman el procesamiento de Jorge “Corcho” Rodríguez por lavado de dinero
La Cámara Federal confirmó el procesamiento del empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, acusado de haber lavado dinero con la compra de un helicóptero por 1.415.000 dólares, supuestamente originados en un depósito para el pago de sobornos a funcionarios que debían aprobar contratos de la constructora brasileña Odebrecht para edificar obras de AySA.
Confirmaron el procesamiento los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, con la disidencia de su colega Mariano Llorens, que entendió que se debía seguir investigando la operación y que tenía que disponerse la falta de mérito de los acusados.
Rodríguez recurrirá esta decisión. Allegados a la defensa del empresario, exnovio de Susana Giménez, señalaron a LA NACION que “no existió lavado de dinero, que el origen del dinero usado para la compra era lícito, que las sumas se encontraban en el mercado financiero y que no hubo operaciones irregulares, ni los fondos provenían de cohecho a funcionarios públicos”. Y señalaron que la Cámara resolvió sin haber tenido en cuenta estos puntos.
La acusación se basa en que Rodríguez enfrenta una causa por intermediar en el pago de coimas de Odebrecht para funcionarios del Ministerio de Planificación. El caso, que fue investigado por el juez Sebastián Casanello, está elevado a juicio. Ahora, este es un tramo conectado con el anterior.
La operación de 2012, según la acusación, consistió en realizar operaciones para que Helicopter Corporation SA -cuyas acciones pertenecían a Jorge Ernesto Rodríguez y a Carlos Alberto Rodríguez- comprara el helicóptero matrícula LV-CFO EUROCOPTER EC 130 B4. La fiscalía señaló que la operación se financió contra préstamos por US$1.415.000, obtenidos de la empresa Latin Financial LP, que supuestamente pertenecería a Rodríguez. La acusación mencionó que los derechos de cobro de los préstamos fueron cedidos cuatro años después a la firma nacional Fusion Blue Servicios Aéreos S.A., quien acordó con Helicopter Corporation SA la transferencia del helicóptero, como medio de cancelar dicha deuda.
Helicopter Corporation adquirió el helicóptero matrícula LV-CFO mediante un préstamo contraído con la uruguaya Latin Financial que se habría materializado a través de tres contratos de mutuo firmados entre marzo y septiembre de 2012, por las sumas de US$250.000, US$715.000 y US$450.000. Pero la defensa alegó que la justicia argentina era incompetente porque todo tuvo lugar en Uruguay y porque no había delito. Alegaron que el dinero tiene procedencia lícita y está bancarizado, ya que llegó desde una cuenta de Odebrecht.
Los jueces de la Cámara dijeron que está probado, con las limitaciones de esta etapa del proceso, “un acuerdo espurio entre funcionarios públicos y particulares, para direccionar -en perjuicio de los intereses del Estado- los procesos licitatorios” de dos proyectos de AySA y “las dádivas que como contrapartida habrían pagado las empresas ganadoras a las autoridades estatales, a fin de asegurarse tales adjudicaciones”.
“Se logró acreditar que Jorge Ernesto Rodríguez habría intermediado entre la firma Odebrecht, junto a sus socias locales, y funcionarios del entonces Ministerio de Planificación Federal, canalizando los pagos indebidos de esas empresas, a través de la sociedad uruguaya Sabrimol Trading. Firma esta que, al igual que Latin Financial y Capital Investment Enterprises, eran controladas por el primero a través de sus personas de confianza, Carlos Dentone Loinaz, Martín Molinolo Menafra y Osvaldo Gandini”, dijo la Cámara.
Y sostuvo que Helicopter Corporation habría ingresado al país la suma de US$1.415.000 en septiembre de 2012, mediante la simulación de un préstamo otorgado por Latin Financial LP, que figuraba a nombre de Martín Molinolo Menafra y Carlos Dentone Loinaz, aunque en realidad pertenecería a Jorge “Corcho” Rodríguez, al igual que Sabrimol Trading. Asimismo, particularizó que estas firmas habían recibido sumas millonarias entre 2012 y 2014, provenientes de las sociedades offshore utilizadas por Odebrecht para el pago de sobornos”.
Los camaristas dijeron que entre abril de 2012 y septiembre de 2014 hubo más de treinta transferencias de las cinco sociedades offshore utilizadas por Odebrecht, por US$10.000.000 y €680.000. Como así también, de las firmas Latin Financial LP y Capital Investment Enterprises LP, por US$2.200.109, las cuales a su vez también recibieron dinero de dichas empresas, por US$2.000.000 y US$1.650.000, respectivamente.
Por eso, concluyeron que parte del dinero “abarcado por las actividades ilícitas investigadas”, es decir los sobornos, era canalizado hacia Sabrimol Trading por supuestas asesorías y proyectos publicitarios, pero que en realidad fue usado para comprar el helicóptero “un bien de elevado valor”, radicado en la Argentina.
Los camaristas dijeron que la maniobra se completó en 2016, cuando el helicóptero fue transferido a la empresa Fusion Blue, de Fabián Carballo, a cambio de los derechos de cobro de los mutuos. Carballo fue beneficiado con una falta de mérito y se revocó su procesamiento. Aquí se da la disidencia entre los jueces, ya que Bruglia y Bertuzzi entienden, junto con Casanello, que la reventa del helicóptero es parte del lavado, mientras que Llorens señala que no es así.
Llorens comparte la idea de que el pago de sobornos de Odebrecht es el delito precedente y que Rodríguez está acusado de ser intermediario de esos sobornos, pero señala que no está claro el último tramo de la acusación en cuanto a la reventa de la aeronave. Dijo que hay una “la falencia de la instrucción a la hora de conectar los hechos relativos a la adquisición del helicóptero con su posterior venta cuatro años después”. Por eso, en minoría, votó por revocar los procesamientos y dictar faltas de mérito.
Bruglia y Bertuzzi formaron la mayoría para confirmar los procesamientos de Jorge Ernesto Rodríguez, Carlos Rodríguez, Martín Molinolo Menafra y Carlos Luis Dentone Loinaz; los dos últimos, como responsables de la uruguaya Latin Financial. LP.
La defensa de Rodríguez sostuvo que “no se ingresó ninguna suma de dinero al país” y también que “las compras de las aeronaves se habían efectuado con financiación bancaria argentina, quedando el proceso reducido a una sola operación de compra efectuada en el Uruguay, apalancada a través de préstamos debidamente acreditados”. Y señaló que un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que analizó la trazabilidad de las operaciones de compraventa de aeronaves por parte de Helicopter Corporation SA, apoyó su posición. Todo estos elementos serán objeto de sus recursos contra esta decisión de la Cámara.
La defensa apuesta a que si se cae la acusación por la operación de 2016, el caso pueda ser declarado prescripto por el paso del tiempo, ya que la compra original de la aeronave fue en 2012.
Fuente: La Nación.-