Cierran definitivamente la planta Swift de San José
El secretario general del sindicato de trabajadores de JBS Swift, Luis Ríos, confirmó que la planta que funciona en San José “no va a operar más”. La medida afectará a 300 trabajadores, quienes perderán su fuente laboral, de acuerdo a lo dispuesto por los empresarios del sector. “Ya llegaron los telegramas correspondientes y los empleados ya no dependen del subsidio”, aclaró el dirigente gremial.
El secretario general del sindicato de trabajadores de JBS Swift, Luis Ríos, confirmó que la planta que funciona en San José “no va a operar más” y a la vez anticipó que “será alquilada en el menor tiempo posible”.
La medida afectará directamente a 300 trabajadores, quienes perderán su fuente laboral, de acuerdo a lo dispuesto por los empresarios del sector.
“Ya llegaron los telegramas correspondientes y los empleados ya no dependen del subsidio”, aclaró el dirigente gremial. En ese sentido, anunció que este miércoles se realizará una audiencia con autoridades de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y Sus Derivados.
Sobre la intención de los empresarios de alquilar el inmueble donde funciona el frigorífico, dijo que con la misma se pretende “preservar la fuente laboral, pero a eso habría que verlo”.
El más grande del mundo
La caída de un 25 por ciento del consumo de carne anual, las trabas a la exportación y los altos precios de la hacienda provocaron que el mayor frigorífico exportador del mundo JBS no encuentre inversores para sus plantas en la Argentina.
El frigorífico brasileño JBS, el mayor exportador mundial de carnes que en el 2007 adquirió Swift por 225 millones de dólares, puso a la venta tres plantas ubicadas en Pontevedra y Berazategui, Buenos Aires, y en San José, Entre Ríos, y se encontró con un notable desinterés por invertir en la Argentina, el país de las mejores carnes del planeta.
Según indicó el diario paulista O Estado, fuentes de la industria admiten que “no hay interés” en adquirir las instalaciones pertenecientes a JBS en la Argentina, y reconocen que las ofertas recibidas por las mismas, “son muy bajas”.
El caso JBS -dueña de las marcas Swift y Cabaña Las Lilas- fue analizado por el propio secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, durante el último encuentro semanal que mantuvo con representantes del sector frigorífico.
En los últimos meses, hechos similares representaron verdaderos cimbronazos para el sector: el cierre del frigorífico Mattievich de la ciudad santafesina de Carcarañá o bien el acuerdo de reducción de personal en la planta de Santa Elena.
Días atrás, el titular de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne, José Fantini, admitió la existencia de 10 mil empleos “en peligro” por la crisis que enfrenta la actividad, y expresó oportunamente que el subsidio oficial no representa una solución a la crisis que enfrenta la actividad.
Este gremio, que cuenta con 60.000 afiliados en todo el país, llegó a movilizarse hasta la Plaza de Mayo para reclamar el pago del subsidio e incluso a impedir el ingreso de hacienda al Mercado de Liniers.
Actualmente, los trabajadores del sector tienen garantizado a través del denominado ‘Programa Especial de Asistencia al Empleo’ un ingreso mensual de 3.000 pesos desde junio, por 200 horas laborales, de las cuales 60 son pagadas por el gobierno nacional.
La crisis
En el sector cárnico reconocen que sobre el negocio pesan cuestiones como las trabas a la exportación o la drástica reducción de un 25 por ciento en el consumo de carne, que paso de 70 a 56 kilogramos durante el último año por efecto de la inflación.
Para atender esta situación y atenuar el impacto laboral, el gobierno de Cristina Fernández mantiene una política de subsidios para garantizar el empleo en el rubro frigorífico.
A instancias del decreto 703, vigente desde mayo pasado, la administración nacional dispuso que, ante la posibilidad de que se generen suspensiones de personal, ningún frigorífico puede abonar por debajo de las 70 horas de trabajo por quincena.
A esta política de “garantía horaria” acordada con el gremio cárnico y las empresas, el gobierno dispuso subsidiar el pago de 60 horas mensuales para aquellos trabajos en riesgo y por un plazo de seis meses.
En los últimos meses, el cumplimiento en el pago de las 200 horas de trabajo en el mes generó reiteradas demandas y hasta la movilización de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne.