Categóricas declaraciones de Bordet sobre la revuelta policial del 2013

El intendente de Concordia, Gustavo Bordet, declaró ante la Justicia que las conversaciones con los uniformados durante la revuelta policial de 2013 se hicieron bajo presión “total y absoluto” y aseguró que, por esas características, no fue una discusión salarial. El testimonio del viceintendente Alejandro Casañas comprometió al imputado Rosas por el uso “ostentoso” de su arma durante las conversaciones.

 

El intendente aseguró ante el Tribunal de Juicio que la discusión con un grupo de policías que hacía las veces de representantes de quienes habían tomado la Jefatura Departamental “no era una negociación salarial”. La charla se llevó adelante en la sede de la Comisión Administradora de Fondos Excedentes de Salto Grande y estuvo a cargo del Gobernador Sergio Urribarri en persona.

 

Apelando a su experiencia como exministro de Salud y Acción Social y a sus dos intendencias, abundó: “He estado en negociaciones salariales, conciliaciones, paritarias y son tensas; pero no eran así. Estábamos bajo una presión total y absoluta. Por los comentarios que recibíamos y algunos videos, había barricadas en todas las esquinas y tres muertos, así es imposible entablar cualquier negociación, lo único que se podía hacer era arreglar para evitar males mayores”.

 

El mandatario local precisó que los uniformados en varias ocasiones golpearon la mesa planteando “imposiciones”. Y precisó que el obispo Luis Collazul “intervino pidiendo por la paz social. Después de varias idas y vueltas se logró destrabar la parte más importante, que era recomponer el orden en la ciudad”.

 

Asimismo, consignó que dentro del salón de directorio de Cafesg, donde se llevaron adelante las tratativas “había mucha gente” e incluso “gente armada; la situación era tensa, era muy difícil ponerse de acuerdo, había pedidos irrealizables, como 10 mil pesos de básico y cosas que no resisten ningún análisis”.

 

Y agregó: “Durante la negociación además se instaba a que se llegue a un acuerdo porque había 10 muertos. ‘Cuántos más tenía que haber para llegar a un acuerdo’, eso decían”, los que estaban en las negociaciones y que habían tomado la Jefatura durante el amotinamiento policial del 8 y 9 de diciembre de 2013, que ocasionó tres muertes y gran cantidad de pérdidas materiales por los saqueos que se produjeron ante la falta de seguridad ciudadana.

 

Este planteamiento, aseveró, “nos condicionaba”, ya que los uniformados lograba imponer “la duda sobre la cantidad de muertos y condiciones en circunstancias que no eran normales. No era ni cerca una negociación salarial, no se podía hacer en una situación como la que estaba la ciudad”.

 

También relató que los referentes de los policías “entraban y salían (de la sala) con gestos ampulosos, como que estaban enojados, que esto no se iba a solucionar y que iba a continuar de esta manera”.

 

“Lo que más me llamó la atención –insistió- era que se pedían 10 mil pesos, algo irrealizable; no era una discusión salarial, estaba desnaturalizada con la ciudad vacía”, y agregó que el objetivo de los funcionarios fue “primero solucionar esta situación”.

 

“Al gobernador lo vi muy preocupado por la situación porque había un clima de indefensión. Además, llegaban informaciones a la Cafesg de familias que habían perdido todo. Si no se resolvía esa noche, podía pasar cualquier cosa en la ciudad”, añadió.

 

En orden a esto, el viceintendente Alejandro Casañas, que declaró a continuación, aportó elementos que complicaron la situación del imputado Juan Manuel Rosas, por su participación durante las negociaciones del lunes 9. “Era notoria la ostentación de arma de Rosas. Pregunté a la custodia porqué había dejado pasar a una persona armada a la reunión y que se siente junto al Gobernador. Explicaron que desarmarla hubiera sido peor dadas las circunstancias.Rosas  estaba exaltado. También (Federico) Diferding. Ambos hablaban de que había 16 muertos”, indicó.

 

Además, consignó: “Urribarri les pidió que salgan a trabajar. Rosas le decía que si arreglaban salían, eran conscientes del daño social que provocaban, y esa era la moneda de cambio para que el Gobernador firme el acuerdo”.

 

Casañas hizo un pormenorizado relato de lo que vivió durante esas horas, y del recorrido que hizo por varios lugares de la ciudad, tratando de aplacar los ánimos, de organizar la autodefensa de los vecinos y comerciantes “sin armas” y consiguiendo insumos para que los oficiales y agentes que patrullaban la ciudad pudieran cumplir con su deber.

 

Asimismo, aseveró que los movimientos tanto de la toma de la Jefatura como los saqueos y rumores de asaltos que circulaban por la ciudad, estaban “organizados”, aunque no precisó  quienes estaban manejaban esta organización. Citó, sin embargo, dos datos: el primero, la simultaneidad de sucesos en Concordia y en Resistencia, mencionados según dijo por un gerente de la cadena Carrefour, y también la repetición de escenas en las que previo a los saqueos, llegaban un par de motociclistas y marcaban lugares para atacar, donde luego se dirigían grupos grandes de personas en motocicleta.

 

Incluso precisó que, a su entender, los blancos habían sido elegidos de antemano. Ejemplificó con lo ocurrido con los supermercados Modelo y en la sucursal de la cadena de artículos para el hogar Centro Eléctrico de calle Entre Ríos, cuando ya no es peatonal, que fue asaltada en dos oportunidades, mientras que el local de “Bazar El Entrerriano” no sufrió ningún ataque.

 

El abogado defensor Gonzalo Cantallops preguntó si detrás de esta selección había elementos antisemitas, dado que los Modelo y Centro Eléctrico son propiedad de familias de origen judío. El fiscal José Costa intentó objetar la pregunta pero su objeción fue rechazada por el presidente del Tribunal, Jorge Barbagelata Xavier. Casañas aseguró que entendía que no existía esa intencionalidad. Cabe mencionar que “El Entrerriano”, el local que permaneció intacto mientras se saqueaba en dos oportunidades Centro Eléctrico, también es propiedad de una familia de origen judío, radicada desde hace años en Paraná.