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Cablevisión denuncia persecución ilegal del Gobierno

Luego de horas de silencio, la esperada respuesta de Cablevisión a la decisión oficial de quitarle la licencia de la operadora de internet Fibertel llegó a través de un comunicado en el que, en duros términos, se la califica como otro capítulo de la “persecución ilegal” contra las empresas del Grupo Clarín.

Esta mañana, Julio de Vido anunció que en un plazo de 90 días, deberá dejar de prestar sus servicios de Internet por haber “usurpado” la habilitación. “Fibertel no existe más”, dijo el ministro.

“En una medida ilegal y arbitraria, que no tiene antecedentes, el Gobierno pretende dar de baja la licencia de Fibertel, y afectar no sólo a su más de un millón de clientes, sino a todos los argentinos que hoy pueden contar con una opción competitiva y de vanguardia tecnológica en banda ancha. La medida busca reducir drásticamente la competencia y consagrar el monopolio de las telefónicas”, denuncia la empresa en el texto.

El comunicado de prensa titulado Cablevisión denuncia persecución ilegal del Gobierno para reducir la competencia en Internet y afectar a los usuarios, rechaza lo que considera como “una brutal actitud de hostigamiento”, además de “una gravísima penalización a los consumidores, al pretender restringirles su libertad de elección y convertirlos en rehenes de una persecución”.

La empresa confirmó además que concurrirá a la Justicia para impugnar la decisión oficial, ya que consideró que la medida no cuenta con sustento “legal ni fáctico”. Desde 2003, “Cablevisión es la titular de la licencia que opera con la marca Fibertel, tras la absorción societaria de esta última, que fue aprobada por la Inspección General de Justicia”, explica.

Según se informó, Cablevisión seguirá brindando con normalidad el servicio de Internet “mientras defiende en todas las instancias correspondientes sus derechos y los de sus clientes”.

Con esta medida, “el Gobierno pretende anular la competencia en la prestación del servicio de Internet, favoreciendo sospechosamente a las compañías telefónicas de capitales extranjeros que ostentan un claro monopolio, en desmedro de una compañía nacional”, dice el comunicado.