Bullrich respaldó el “protocolo antipiquetes”
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, concurrió este miércoles a los tribunales federales de Retiro para respaldar la aplicación del llamado “protocolo de orden público” en una audiencia convocada por el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de un habeas corpus que tramita a pedido de organizaciones de Izquierda.
Bullrich arribó antes de las 11 al cuarto piso de Comodoro Py 2002, sede del juzgado de Casanello, y desde allí se dirigió a una sala de audiencias en el segundo piso del edificio, cedida para el trámite por la Cámara Federal porteña.
La audiencia comenzó poco después de las 11 y se extendió hasta pasado el mediodía con la participación del juez, la fiscal del caso Paloma Ochoa, funcionarios del Ministerio de Seguridad y los denunciantes, entre ellos la legisladora de izquierda por la ciudad de Buenos Aires, Celeste Fierro.
Pasadas las 13.30 se dispuso un cuarto intermedio y se convocará a una nueva audiencia en fecha a definir por el juzgado.
Bullrich participó del primer tramo de la audiencia y luego se retiró para dar una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.
En la audiencia la funcionaria defendió la legalidad de la aplicación del protocolo, explicaron fuentes judiciales.
Luego comenzó a analizarse el articulado del protocolo, se habló del concepto de “flagrancia” y se respondieron preguntas del juez y la fiscal Ochoa, algo que continuará en la próxima audiencia.
Por su parte, en una conferencia de prensa en la puerta de Tribunales antes de ingresar, Fierro consideró “muy positivo” lo resuelto por Casanello al llamar a las partes para escuchar sus posiciones, de manera previa a resolver el recurso de habeas corpus
“Es un paso muy positivo que hoy estemos en esta audiencia, además de la resolución que sacó el martes pasado el juez Casanello, que si bien no suspende el protocolo ni lo declara inconstitucional, que ha sido el pedido en nuestra acción judicial, dice que tiene que adecuarse a derecho”, expresó.
Bullrich “en este protocolo se arroga facultades y el juez deja en claro que las facultades para definir que es y qué no es un delito, se hace a través del Congreso, de las leyes y que interpretarlo es tarea de la Justicia y no del Poder Ejecutivo”, dijo también Ferro.
“Vamos a denunciar que este protocolo es una muestra del intento de este Gobierno de un cambio de régimen por uno más autoritario y totalitario que quiere avanzar directamente contra nuestros derechos”, agregó frente a manifestantes que se convocaron en la puerta de los tribunales.