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Beltrán Benedit, diputado nacional por La Libertad Avanza, respaldó la iniciativa para derogar el aborto legal

Un conjunto de legisladores y legisladoras de La Libertad Avanza propuso un proyecto para abolir la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada tres años atrás por el Congreso. La propuesta va más allá, buscando modificar el Código Penal en lo referente a los abortos legales que han existido en el país desde 1921. El entrerriano Beltrán Benedit respaldó la iniciativa.

El proyecto fue presentado el lunes pero se hizo público recién el miércoles por la noche, un día después de que el oficialismo sufriera una derrota en su intento de aprobar la Ley Ómnibus, la cual volvió a comisión para ser reconsiderada.

Poco después de su divulgación, comenzó a circular en las redes sociales un afiche de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto con el mensaje: “Si soplan fuerte, levantarán olas. Sabemos ser marea. Ni un paso atrás. Es Ley”. La imagen muestra la Casa Rosada rodeada de olas verdes encrespadas. “Es una señal de desesperación poner sobre la mesa los derechos de las mujeres justo después de perder la oportunidad de privatizar. Lucharemos en todas las batallas y este proyecto, al igual que la Ley Ómnibus, no saldrá adelante. Los movimientos feministas no lo permitirán”, afirmó a Página 12 la abogada y líder de la ONG tucumana Mujeres x Mujeres, Soledad Deza, quien logró la absolución de la joven conocida como Belén, encarcelada y condenada en esa provincia tras enfrentar un aborto espontáneo.

La propuesta, respaldada únicamente por legisladores y legisladoras oficialistas, elimina el lenguaje inclusivo del texto actual y la figura de la persona gestante que incluye a los hombres trans como sujetos de derecho que pueden solicitar un aborto. Ningún miembro de otra bancada parlamentaria apoya la iniciativa.

Fue Rocío Belén Bonacci, de 27 años y electa por Santa Fe, quien presentó el proyecto. Durante la campaña, Bonacci expresó que la política “no es algo que le guste” y se definió como “la voz de los jóvenes trabajadores” a los que “nadie les regala nada”. Contó que es podóloga, pero antes de asumir, trabajaba como manicura entre 8 y 12 horas diarias. La acompañan en la firma el presidente de la bancada libertaria, Oscar Zago, junto a Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine y Manuel Quintar.

“Creemos que esta ley no es constitucional y va en contra del sentir general del pueblo argentino, ya que no respeta la dignidad de la persona humana. Por eso, consideramos necesario promover su derogación”, señalan en los fundamentos de la propuesta. El primer artículo deroga la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación y más allá de ese plazo cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer, o en casos de abuso sexual y violación.

El segundo artículo modifica el artículo 85 del Código Penal, aumentando las penas de prisión –actualmente de 3 meses a un año– a un rango de uno a cuatro años para quien realice un aborto con el consentimiento de la mujer. “La pena máxima se elevará a seis (6) años si el hecho resulta en la muerte de la mujer”.

El tercer artículo deroga el artículo 85 bis del Código Penal, que establece “una pena de prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para los funcionarios públicos o las autoridades de establecimientos de salud, profesionales, o personal de salud que retrasen injustificadamente, obstaculicen o se nieguen, en violación de la normativa vigente, a realizar un aborto en los casos legalmente autorizados”.

El cuarto artículo modifica ampliamente el artículo 86 del Código Penal, restringiendo aún más los permisos para abortar de lo establecido en 1921 en el país, al eliminar la no punibilidad en casos de embarazo por abuso sexual o violación. En otras palabras, promueve el sufrimiento al obligar a niñas y mujeres que enfrentan embarazos forzados a llevarlos a término sin la posibilidad de interrumpirlos dentro del marco de la ley. Solo “se permitirá el aborto con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre, siempre y cuando dicho peligro no pueda ser evitado por otros medios”, estipula el proyecto libertario.

El quinto y último artículo modifica el artículo 88 del Código Penal, aumentando las penas para quienes realicen abortos. Actualmente, la condena es de 1 a 3 meses si la práctica se realiza después de las 14 semanas y no cumple con las causales establecidas en el artículo 86. La propuesta de reforma de La Libertad Avanza establece lo siguiente: “Será penado con prisión de uno (1) a tres (3) años aquel que cause su propio aborto o consienta que otro lo cause. La tentativa de aborto por parte de la mujer no será punible. El juez podrá eximir a la mujer de la pena considerando los motivos que la llevaron a cometer el delito, su comportamiento posterior y la naturaleza del hecho”.

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