Audiencias por ajuste de tarifa: Gas Nea y Redengas expondrán hoy sus propuestas
En el marco de audiencia pública virtual por ajuste de tarifa, se discute el costo del precio del gas a boca de pozo, el margen que deberá asumir el Estado por subsidios, a actualización del valor del transporte y la distribución mediante un nuevo cuadro tarifario de transición que pondrá fin a dos años de congelamiento.
Durante la jornada de ayer, 42 oradores abordaron los costos del precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema (Pist), que representa aproximadamente el 40% de la factura, y el porcentaje de ese costo que el Estado nacional asumirá mediante subsidios y lo que deberán afrontar los usuarios, en el marco del Plan de Promoción del Gas Natural Argentino 2020-2024.
Expusieron legisladores nacionales, representantes de las defensorías del Pueblo de la Nación, de la Ciudad de Buenos y de la Provincia de Buenos Aires, asociaciones de defensa del consumidor, y directivos de entidades empresariales y de organizaciones no gubernamentales.
La segunda etapa de la revisión tarifaria seguirá hoy, y se analizará la evolución de las tarifas que se le reconocerán a las dos empresas de transporte de gas y a las nueve distribuidoras que abarcan todo el país. En este caso habrá 269 oradores, que tendrán de 20 minutos o hasta solo 5 minutos, según cada caso.
Será el turno de las empresas distribuidoras que prestan servicio en la provincia: por Gas Nea expondrá su solicitud el gerente corporativo Carlos Castro; por Redengas, la subdistribuidora que opera en la capital provincial, Alberto Gutiérrez.
En el caso de Redengas, previo a la audiencia de hoy, formalizó el pedido de suba de tarifas, con sus respectivos fundamentos y detalles y análisis técnicos. Sostiene que el impacto que tendría en la factura final de un usuario residencial oscilaría desde un 20% a aproximadamente un 30,2% respecto de la tarifa vigente, lo que representa un incremento promedio total final de la factura de 369 pesos por mes, según las propuestas.
Ello corresponde en un promedio, dentro de un amplio panorama y escenarios de categorías y consumos. En el caso de todas las distribuidoras, se plantean propuestas de reconsideración de tarifas que incluyen aumentos en el costo fijo y en el costo por metro cúbico del gas, que varía según el consumo). Incluyen una propuesta integral, y otra de revisión de transición.
El impacto en las facturas, podría ser cerca de un 15% o hasta un 30%, incluyendo todos los componentes. Es preciso recordar que las facturas de gas que llegan a cada hogar se desglosa en cuatro ítems: el precio del gas, el transporte, la distribución y los impuestos (nacionales, provinciales y tasas municipales).
La subdistribuidora paranaense detalla que “desde el mes de abril de 2018 dejó de aplicarse el procedimiento de adecuación, situación que ha derivado en una pérdida sustantiva de la sustentabilidad económica y financiera necesaria para lograr una adecuada prestación y la calidad del servicio”.
Y añade: “No obstante las dificultades financieras y los incumplimientos del Estado nacional descripto en párrafos anteriores (entre ellos menciona que de 31 años de servicio de Redengas, 14 fueron gestionados bajo condiciones impuesta por los años de Ley de Emergencia), nuestra empresa cumplió acabadamente con el plan de inversiones obligatorias comprometido”.
“La situación económica que atravesamos ha hecho mella en la situación financiera de Redengas, básicamente por la combinación de falta de actualización de tarifas, una caída en los volúmenes despachados, el aumento de los índices de mora e incobrabilidad en el pago de los clientes y un significativo aumento de los costos de operación e inversión por efectos de la inflación”, razonan.
Sobre estos puntos, plantean que “la falta de adecuación por inflación de la tarifa de distribución desde el 1 de abril del 2019 acumula un retraso muy significativo”, y advierten que ello se verá incrementado “considerando las perspectivas de que la inflación va a continuar impactando sobre nuestros costos de prestación del servicio”.
Mencionan también los efectos generados por la pandemia y las medidas de protección sanitarias y de resolución de determinadas problemáticas dispuestas por el gobierno nacional: “Esta situación impacta negativamente sobre los volúmenes de nuestra demanda y con perspectivas de una demorada recuperación de la actividad económica”. Cuestionan también la imposibilidad de realizar cortes por falta de servicio, o disponer amplios planes de financiación para pagos de deudas.
Del mismo modo se cita: “las directivas puestas en vigencia por el DNU 311/20 y 543/20 y de la Resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo Nº 173/20 relativas a la imposibilidad de ejercer la facultad de corte del servicio por falta de pago y la obligatoriedad de financiación de deudas acumuladas de los usuarios en plazos extendidos, debiendo destacarse que solo una proporción menor de la facturación corresponde al servicio de distribución”.
Por su parte, en el caso de Gas Nea, en la nota oficial que reproducen los colegas de Diario UNO, plantea que si correspondía aplicar la variación del Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) Nivel General, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), cuyos valores acumulados desde la última actualización tarifaria, abril de 2019 a febrero de 2021, resultan 128,14%. “Considerando la difícil situación económica, social y sanitaria que atraviesa el país procurando la continuidad y sostenibilidad del servicio público, se prevé un incremento en el margen de distribución del 50,4% a partir de abril de 2021, necesarios para la operación, mantenimiento y prestación del servicio público”, sostienen.
El porcentaje hace referencia al valor de la distribución, y no al impacto en el consumidor final. “Es importante destacar que los cuadros tarifarios de transición propuestos en cumplimiento de lo establecido en el articulo 7 de la Resolución del Enargas 47/2, no cubren la totalidad de los principios tarifarios contenidos en el artículo 38, siguientes y concordantes de la Ley 24.076, y no contemplan la ejecución de plan de inversiones obligatorias ni rentabilidad”, aclara y plantea que “transcurridos un año de la aplicación de los cuadros tarifarios de transición, sin que finalice el proceso de revisión tarifaria integral, deberá contemplarse una adecuación en función de las variables de la economía”