ATE demanda regularización de empleados contratados
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que en el ámbito provincial hay 5.000 contratados en situación laboral precaria. Aunque no ven un inminente plan de ajuste masivo, consideran que cuatro despidos producidos en el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) constituyen un “caso testigo”.
Por otra parte, reclamaron la reglamentación de la Constitución provincial y de la Ley 9.755 de Régimen Jurídico Básico.
El caso de cuatro empleados del casino de Chajarí, con antigüedad mayor a 18 meses, a los que no se les renovó el contrato “de una manera muy irregular”, constituye para el secretario Adjunto de ATE, José Galárraga, un “caso testigo” de la política que sigue el IAFAS en materia de personal, y a la vez enciende una luz de alerta sobre la situación precarizada en la que trabajan unas 5.000 mil personas en el Estado entrerriano”.
A los cuatro despedidos –afiliados de ATE– “le hicieron firmar un contrato del 31 de junio al 31 de agosto de 2008 y después ninguno más; fueron renovados nada más que por resolución y notificación, cuando en rigor ocupaban cargos de planta permanente, uno agente de juego y otro es un subdelegado, que cuenta con tutela sindical”, informó el dirigente sindical.
Galárraga denunció “una persecución gremial muy concreta” que motivará, ni bien se levante la feria judicial, la presentación de “una denuncia por práctica desleal”, contra el directorio del IAFAS, porque “son muy graves las cosas que nos viene haciendo”.
“Estos despidos son para nosotros un caso testigo, un globo de ensayo, porque no le han hecho renovación a ninguno de los contratados que tiene el instituto, varios con muchos años de contrato y los tienen presionados a todos. Todos están en un marco de inestabilidad peligroso”, acotó.
Reglamentación
Pero más allá del caso concreto de Chajarí, ATE advirtió que existen “una gran cantidad de compañeros que desarrollan importantes tareas en condiciones laborales totalmente precarias”, bajo figuras como “pasantías, planes laborales, contratos de obra y encubiertos contratos temporarios y suplencias, utilizando esta mano de obra barata con varios años de continuidad en sus tareas”.
Afirmaron que suman “más de 5.000” los trabajadores precarizados, y advierten sobre la posibilidad de “un nuevo mecanismo de despidos como las malamente recordadas leyes 8.706 y 9.235”, dos normas de ajuste que en sus gobiernos pagaron políticamente muy caro Mario Moine y Sergio Montiel, respectivamente, dejando en la calle a miles de trabajadores.