ARCA denunció a Tabacalera Sarandí por presunto lavado de dinero a través de distribuidoras fantasma

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anteriormente conocida como AFIP, denunció penalmente a Pablo Otero, titular de Tabacalera Sarandí, por presuntas maniobras de lavado de dinero, a partir de operaciones irregulares con una red de distribuidoras mayoristas sin capacidad operativa real.
La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal y apunta a investigar posibles maniobras de legitimación de activos de origen ilícito, en los términos del artículo 303 del Código Penal. El escrito fue firmado por Felicitas Achábal, jefa interina de la División Penal Tributaria de ARCA.
De acuerdo a la presentación, entre 2021 y 2023, Tabacalera Sarandí S.A. habría vendido cigarrillos por más de $33.600 millones a 23 distribuidoras mayoristas que presentan un perfil fiscal irregular. Estas firmas habrían revendido los productos a consumidores finales sin identificar, facturando a precios casi iguales a los de compra, lo que sugiere rentabilidad mínima y simulación de actividad comercial.
La investigación detectó patrones inusuales de facturación electrónica, uso exclusivo de efectivo, ausencia de pagos tributarios y falta de trazabilidad de los fondos, lo que alimenta la hipótesis de que estas empresas funcionaban como “usinas” para blanquear dinero mediante la incorporación de efectivo al sistema financiero formal.
ARCA realizó una serie de auditorías a cargo de la División Fiscalización Externa II, dependiente de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes Nacionales, que derivaron en esta denuncia. El organismo, que ahora dirige Juan Pazo, funcionario cercano al ministro de Economía Luis Caputo, puso la lupa sobre la capacidad operativa, económica y financiera de las distribuidoras involucradas.
El modus operandi
Tabacalera Sarandí produce y comercializa marcas como Red Point, West, Kiel y Master, y su cadena de comercialización comprende tres etapas:
- Venta mayorista directa: Tabacalera emite facturas tipo A a mayoristas.
- Distribución minorista: Los mayoristas venden a puntos de venta minoristas, emitiendo facturas tipo B.
- Venta al consumidor final: Los productos llegan a kioscos y almacenes.
Sin embargo, los datos del módulo de facturación electrónica revelaron que las distribuidoras mayoristas involucradas presentaban graves inconsistencias fiscales, no brindaron documentación sobre el origen de los fondos y no contaban con estructura física ni personal. Además, las facturas tipo B se emitían en intervalos de segundos, lo que indica una automatización incompatible con ventas reales.
También se verificó que no se registraban pagos impositivos ni bancarios, y que las operaciones se realizaban únicamente en efectivo, imposibilitando el seguimiento del dinero.
Red de “usinas”
ARCA catalogó a los 23 clientes principales de Tabacalera Sarandí como “usinas” sin capacidad operativa. Según el documento presentado a la Justicia, estas firmas habrían sido utilizadas para canalizar dinero del circuito informal hacia el formal, encubriendo operaciones inexistentes y erosionando la base imponible de impuestos.
En total, las ventas a estas “usinas” representan aproximadamente un 31% del total facturado por Tabacalera Sarandí entre 2021 y 2023. Los pagos, según la denuncia, se realizaron mediante depósitos en efectivo en cuentas recaudadoras de la empresa de Otero, sin respaldo documental que permita verificar la procedencia del dinero.
ARCA concluyó que los fondos incorporados al sistema financiero formal a través de estas maniobras constituyen una forma de blanqueo de capitales, motivo por el cual solicitó una investigación judicial para deslindar responsabilidades.