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AGMER declara estado de emergencia

En una reunión de delegado, AGMER Paraná se declaró en “estado de emergencia, asamblea y movilización por infraestructura y condiciones laborales y de estudio en las escuelas del departamento Paraná”. En este marco, resolvieron hacer este viernes asambleas de dos horas por turno en las escuelas de Paraná y Paraná Campaña para discutir la problemática y “resolver medidas a seguir al respecto”.


A la reunión abierta llegaron los reclamos de escuelas como la Boyocchi, la de El Pingo, E. L. Maradona, Guadalupe, Zulema Embon, Jauretche y Scalabrini Ortiz, Zuloaga y Evita (sec.) de San Benito, La Delfina, Zubiaur, Giachino, Centenario, Normal de Paraná, Entre Ríos, Sarmiento (sec.), J. M. Rosas, Obispo Gelabert y Crespo, EET 100 Puerto Nuevo; y esto “es sólo una muestra de algo que es cada vez más generalizado”, indicaron en un comunicado enviado a esta Agencia.

 

“A esta realidad, de escuelas con problemas por falta de inversión y otras con problemas por la prolongación de obras que desvirtúan las condiciones de salubridad e higiene básicas para el desarrollo de la labor docente, se suma una cantidad de escuelas que han perdido días de clases por esta situación”, advirtieron.

 

Y enumeraron: “Falta de agua, problemas con la electricidad, de infraestructura; han motivado en muchas escuelas que, por ejemplo, ante las lluvias sostenidas y repetidas de estos últimos tiempos muchas clases se perdieran por inundaciones varias”.

 

Y siguieron: “Esto, dicho sea de paso, no parece ser tenido en cuenta por el Ministro de Educación de la Nación cuando plantea incrementar la cantidad de días de clases al año, sin anoticiarse de que poniendo las escuelas en condiciones ya tendríamos ciclos lectivos con muchas menos interrupciones y trabas. De hecho, se acaba de firmar en Entre Ríos una paritaria de infraestructura que en la mitad más uno de las escuelas del Departamento Paraná no parecer cumplirse si ya tuviéramos que aplicar lo que allí se afirma. Las escuelas no se mantienen limpias, seguras, y habitables sólo con “manuales” e instructivos: con 60 pesos al mes (y encima cobrados con un año de retraso) no hay quien haga magia”.

 

En tal sentido exigieron al Gobierno “que ejecute las obras de infraestructura que tiene planificadas, en algunos casos en marcha pero demoradas, y en algunos otros casos presupuestadas pero inactivas”.

 

“Desde ya, esperamos con estas medidas que el Gobierno tenga que tomar en serio un asunto que creemos que es impostergable y que contradice claramente su discurso a favor de la inclusión educativa. Por nuestros derechos laborales y por los derechos a la educación de nuestros alumnos, no nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo cómo se maltrata a nuestras escuelas públicas”, concluye el comunicado.