A 45 años del golpe militar de 1976: prioritario, seguir hurgando por la verdad y la Justicia
El proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura ya produjo 1025 condenados, pero todavía falta conocer la verdad sobre todos los detenidos-desaparecidos y los niños apropiados, así como acelerar los procesos y avanzar en el análisis tanto de la responsabilidad civil en las violaciones de derechos humanos como de las estructuras de inteligencia que sostuvieron al terrorismo de Estado.
La búsqueda de verdad y Justicia ha guiado los pasos de los familiares y de los organismos de derechos humanos en los últimos 45 años. El proceso de juzgamiento, que ya cuenta con 1025 condenados, es ejemplo en el mundo, pero aun así los desafíos por hallar la verdad de lo sucedido con cada uno de los detenidos-desaparecidos y con los niños apropiados permanecen junto con deudas específicas, como el juzgamiento de los civiles y el análisis de las estructuras de inteligencia, que planificaron y se nutrieron de los secuestros de miles para mantener en funcionamiento a la maquinaria de exterminio.
Desde que se reabrieron los procesos por delitos de lesa humanidad, casi 3500 personas han estado bajo investigación. Menos de una tercera parte de ellas –1025– han sido condenadas, según las estadísticas que difundió la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad. Hay en la actualidad 21 juicios en curso y otras 73 causas que esperan a que un tribunal oral fije fecha para el comienzo de las audiencias. Los números pueden parecer fríos, pero detrás de ellos hay personas que hace 40 o 45 años esperan justicia o una instancia para saber qué pasó con los suyos.
En total son 626 las causas abiertas por delitos de lesa humanidad. La mayoría de ellas –278– aún se están instruyendo, lo que muestra a las claras que, a 45 años del golpe, es mucho lo que falta por saber o por sancionar. Y 254 ya cuentan con sentencia. Son decenas aún las causas que no están firmes, ya sea por demoras en la Corte Suprema o en la Cámara de Casación Federal.
La tarea es grande. Y los tiempos corren. Corre la impunidad biológica para los genocidas, que fallecen libres de culpa y cargo, pero también los sobrevivientes fallecen. Pasó recientemente con Víctor Basterra, Mario Villani y Jorge Watts, sólo por nombrar a algunos que fallecieron sin haber visto concretada la totalidad de la justicia que persiguieron.
El proceso de Justicia se reabrió hace casi 20 años con la primera declaración de inconstitucionalidad de las leyes y, desde entonces, hay algunos problemas que aparecen estables.
El primer desafío es que todas las agencias estatales se articulen para alcanzar mayor celeridad y para asegurar que sea una verdadera política de Estado.
El segundo reto está vinculado con acelerar el proceso en todas sus etapas y el tercero, con profundizar las investigaciones en aquellos sectores de las fuerzas en los que no se ha indagado –por ejemplo, las estructuras de inteligencia– y en el esclarecimiento del rol de los sectores civiles que se beneficiaron o participaron de crímenes de lesa humanidad. Entre estos están tanto los sectores económicos, eclesiásticos, judiciales y mediáticos. También con avanzar con la sanción de los crímenes que se cometieron antes del golpe.
Se debe enfocar el proceso de juzgamiento poniendo todos los recursos en los casos de las víctimas que no lograron aun avanzar hacia una sentencia. Hay que centrarse en dar una respuesta integral sobre lo que fue el plan sistemático. Como parte de esa respuesta, entiende que hay que analizar la responsabilidad de ciertos sectores de la sociedad civil y escrudiñar la estructura de inteligencia para comprender la lógica que implementó el terrorismo de Estado y para saber cuál fue el destino de las víctimas.
Abuelas de Plaza de Mayo ya ha encontrado a 130 nietas y nietos, pero la tarea que queda por delante es ciclópea.
En simultáneo están los juicios en los que se juzgan casos de apropiación de niños o el funcionamiento de maternidades clandestinas, como sucede con la megacausa de Campo de Mayo o el juicio de los pozos de Banfield, Quilmes y la brigada de investigaciones de Lanús –más conocida como “El Infierno”, en el que se juzga lo sucedido con 18 mujeres que estaban embarazadas al momento del secuestro o que dieron a luz en cautiverio–.
La Corte también debe revisar una decisión de la Sala III de la Cámara de Casación que sostuvo que los delitos sexuales no eran delitos de lesa humanidad.
Reformar los servicios de inteligencia es parte de una de las agendas más ambiciosas de la democracia, pero investigar la estructura que diseñó y se nutrió de los secuestros durante la dictadura también sigue siendo una deuda del presente.
La inteligencia fue básicamente el motor de la represión: la que disponía los blancos y la que se nutría de los interrogatorios bajo tortura para que la maquinaria de muerte siguiera funcionando. Por este rol central, entiende Llonto, se podría imputar a sus responsables lo sucedido con los detenidos-desaparecidos que 45 años después no se sabe por qué centro clandestino pasaron.
En las causas se ha condenado a integrantes de la estructura de inteligencia, pero aun falta un análisis completo de la estructura del Ejército, que tuvo responsabilidad primaria en la represión.
De manera insoslayable, irreductible y urgente, se debe avanzar para dar respuesta a los dos grandes interrogantes que tienen las familias hace más de cuatro décadas: qué pasó con los suyos, dónde están sus restos y encontrar a los niños y a las niñas apropiadas durante los años del terrorismo de Estado.