Levantaron el bozal legal que prohibía nombrar a Jorge Lanata
La jueza Lucila Córdoba dejó sin efecto el bozal legal a la libertad de expresión que había impuesto el viernes y que prohibía a los medios nombrar Jorge Lanata y a su actual esposa, la abogada Elba Marcovecchio, quien había hecho la solicitud.
La decisión de la magistrada, a cargo del Juzgado Civil N°8 de Buenos Aires, se dio luego de consultar al periodista, quien ante la pregunta de cuál es su voluntad respecto de que se brinde información sobre su salud y su círculo familiar, respondió: “Uno siempre puede salir a responder”.
Así, la medida inicial que había sido repudiada por distintas organizaciones por “atentar contra la libertad de expresión”, fue revocada por la jueza Lucila Córdoba.
“Resultan expresiones de voluntad del causante, coincidentes con las de sus familiares antes enunciados. Refirieron en idéntico sentido que sobre la salud del señor Lanata no tienen inconveniente que se hable y esa es la voluntad de él”, expresó.
En el texto que lleva la firma de la jueza, confirmó que habló con el propio Lanata y que el periodista fue el que le afirmó que “uno siempre puede salir a responder”.
La decisión inicial de la jueza que había levantado la polémica se dio en el marco de una denuncia contra la mujer del periodista, Elba Marcovecchio, propulsada por las hijas del conductor de PPT, Bárbara y Lola; en la cual la acusaban de robar una cantidad importante de dinero y de objetos valiosos, propiedad del periodista.
Según la denuncia realizada por las hijas del conductor, Marcovecchio habría hecho varias visitas al departamento de Lanata, ubicado sobre la calle Esmeralda, el mismo edificio en que ella también reside, donde habría sustraído tanto “dinero en efectivo” como “objetos de gran valor económico y emocional”.
Las hijas de Lanata la acusaron de “actuar aprovechando la vulnerabilidad” de su padre, quien, debido a su delicado estado de salud, se encontraba internado y no podía intervenir ni estar al tanto de dichas acciones.
La denuncia que consta de 67 páginas, fue acompañada con una serie de videos que fueron filmados por las cámaras de seguridad que mostraban a Marcovecchio tomando objetos del escritorio y de la habitación de trabajo de su marido.
La prohibición que había dictado Córdoba, regía para medios gráficos, audiovisuales y digitales, en una medida que restringía las libertades de expresión y de prensa.
La decisión generó el repudio de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y dirigentes políticos, como la diputada del PRO Silvana Giudici (extitular del ENACOM), que destacaron el valor de la libertad de expresión y rechazaron la orden de “censura judicial”, por ser una medida inconstitucional, que “representa un peligro para la convivencia democrática y el debate público”.
Además, la jueza había dispuesto una medida similar de bozal legal para que tampoco se pueda mencionar a la actual esposa de Lanata, según establece el oficio electrónico que el Juzgado Civil N° 8 envió al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para que notifique esa decisión a los medios audiovisuales.
La medida judicial que había dictado Córdoba el pasado viernes también solicitaba una evaluación médica interdisciplinaria por parte de la Clínica Santa Catalina, con el fin de determinar su capacidad psicofísica y establecer si Lanata puede tomar decisiones autónomas, como administrar su dinero, trasladarse o consentir tratamientos médicos.
