Duro documento de curas villeros por el recorte al FISU
Los curas villeros emitieron este lunes un duro comunicado en el que cuestionan la decisión del Gobierno nacional de recortar drásticamente los fondos del Fondo de Inversión Social Urbano (FISU), que administran organizaciones sociales en barrios populares.
El texto, titulado “No al recorte en políticas públicas en villas, asentamientos y barrios populares”, fue firmado por equipo de más de 50 sacerdotes de las villas y barrios populares de la Argentina. Allí advierten que esta decisión significa “un retroceso que genera mayor exclusión y, por lo tanto, inseguridad y desintegración social”.
Allí destacan las políticas públicas que en los últimos años permitieron que “muchos vecinos pudieran lograr mejor acceso a cloacas, agua, luz, escuela, salita y centros comunitarios. Otros pudieron ampliar y mejorar sus humildes casas”.
“No es bueno desenchufar el Estado de las villas y asentamientos. Es un golpe muy duro bajar este financiamiento que beneficia a más de 5 millones de vecinos, entre los cuales la mayoría son menores”, afirmó.
Y luego advirtieron que “la intervención del Estado en los más de 5000 barrios populares de todo el país no puede decaer. Bajar el presupuesto de la FISU (Fondo de Integración Socio-Urbana) sería volver para atrás. No podemos tolerar semejante retroceso que genera mayor exclusión y, por lo tanto, inseguridad y desintegración social. Prácticamente es la única política pública que apunta al núcleo duro de la pobreza”.
En ese sentido, le pidieron al Gobierno nacional que “se revise lo que haga falta para que la Integración Socio-Urbana sea una realidad cada vez más efectiva”.
Qué es el FISU y cuánto se recortó
El Gobierno nacional redujo este lunes de 9% a 0,3% el porcentaje de recaudación del Impuesto PAÍS destinado al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), dirigido al financiamiento de proyectos de barrios populares y la creación de lotes con servicios, a través del Decreto 193/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial.
En las últimas semanas, el Gobierno planteó la revisión de los fondos fiduciarios.
“Buscamos la transparencia, no que se elimine la función que cumplía cada fondo, sino tener más transparencia y aquellos destinos que encontremos que efectivamente deben seguir existiendo tal vez que sigan existiendo muy transparentados, muy controlados”, afirmó el pasado jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Estos fondos- indicó Adorni- representan un gasto “en torno a los US$ 2.000 millones”.
La Ley 27.541 que creó el Impuesto País, estableció que el 70% de la recaudación se dirija a programas de la Anses y el PAMI, y el 30% restante a obras, turismo y vivienda.
De ese 30%, el 30% se asignaba directamente al FISU, 65% a obras de infraestructura económica y 5% al fomento del turismo nacional.
El decreto de hoy reduce el 30% del FISU a 1%, incrementando a 94% el monto destinado a obras de infraestructura.
El FISU, creado en 2019, era uno de los fondos fiduciarios bajo evaluación, y se destinaba al financiamiento de proyectos de integración socio urbana para los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Entre otras obras, se financia el acceso a servicios de agua, cloaca, veredas, equipamiento urbano, playones y polideportivos, espacios verdes y anexiones seguras de electricidad, así como la creación de nuevo suelo urbano para la construcción de lotes.
Más recortes a la Provincia
Este lunes el Gobierno, a través del decreto 192/2024, derogó el artículo 4 del DNU N°735 del 9 de septiembre de 2020, que creaba dicho fondo para “contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas de la Provincia de Buenos Aires”.
El Ejecutivo justificó su decisión al sostener que se realiza en el marco de “un ajuste necesario a nivel nacional”, que se ampara en el megadecreto del 20 de diciembre que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, entre otros sectores.
“El mencionado Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, afectó los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas, por lo que resulta necesario derogar el artículo 4° del Decreto N° 735 del 9 de septiembre de 2020”, argumenta el DNU que lleva la firma del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Tras la decisión del Ejecutivo, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, expresó que espera que se cumpla con el fallo de la Justicia y que los fondos sean restituidos a los porteños.
En tanto, Axel Kicillof avanza con una presentación judicial para intentar frenar la decisión de Javier Milei.
