¿Lijo bajo presión?
La detención de Amado Boudou fue ordenada por el juez Ariel Lijo, quien esta misma semana fue denunciado por sectores afines al Gobierno de cajonear causas de corrupción.
Dos días después de ser denunciado por sectores de la Justicia alineados con el Gobierno de cajonear causas de corrupción, el juez Ariel Lijo ordenó la detención de Amado Boudou en la causa por enriquecimiento ilícito.
Otra vez sobre un fin de semana, como el Caso Maldonado, o la detención de De Vido, el arresto de Boudou se concretó esta misma mañana y el vicepresidente fue llevado a una sede de la Prefectura Naval para ser trasladado luego a los tribunales de Comodoro Py.
La decisión del juez descolocó incluso a Alejandro Sánchez Kalbermatten, autor de la denuncia que dio origen el expediente. “Tengo que reconocer que Boudou siempre estuvo a derecho y que me sorprendió a mí también la detención”, sostuvo apenas se conoció arresto y agregó: “No conozco los fundamentos. Debe ser por la gravedad del delito que se le imputa.”
Lijo acusa a Boudou de lavado de dinero y asociación ilícita, una figura penal cuestionada y difusa a la que suelen recurrir los jueces para ordenar detenciones. El ex vicepresidente ni siquiera fue indagado, pero el juez fundamentó su decisión de detenerlo en que puede “entorpecer la investigación”.
Asombra la orden de detención por una causa de tantos años y en la cual hasta hubo una autorización para salir del país concedida por la Cámara porque dijo que no había posibilidad de entorpecimiento.
La decisión de Lijo de detener a Boudou sin haberle tomado declaración indagatoria y sin siquiera haberlo procesado llega días después de que el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, junto a su ONG Será Justicia y la organización Usina de Justicia, denunciaran en el Consejo de la Magistratura que perciben que en su juzgado y los de otros magistrados –entre ellos Daniel Rafecas- se registra “una demora excesiva en la tramitación de causas que, de ser confirmadas, afectarían el debido proceso”.
El Colegio de Abogados de la calle Montevideo juega en sintonía con el Gobierno y fue el que pidió que se declare la inconstitucionalidad de la remoción del Procurador General por juicio político y se habilite que la puedan sacar por decreto.
A partir de esa presentación, convalidada por el juez Pablo Cayssials, la Casa Rosada redobló su embate contra Alejandra Gils Carbó y esta misma semana consiguió que finalmente ella presentara su renuncia al cargo a partir del 31 próximo de diciembre.