¿Empleados públicos a la quiebra?

Asfixiados por el creciente endeudamiento personal a raíz del prolongado congelamiento salarial en el Estado provincial, los empleados públicos se asesoran para iniciar sus Concursos que algunos casos podrían derivar en Quiebras.

De hecho que ya obrarían en Tribunales más de dos decenas de expedientes iniciados por empleados de distintas reparticiones.

Las acreencias que enfrentan los estatales son de diversa índole, pero dos empresas del Estado ya estarían involucradas de algún modo en cuanto a sus carteras de deudores, una de ellas es la tarjeta oficial Sidecreer y también el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), mediante los créditos asistenciales que otorga para costear el pago del coseguro en distintas prácticas médicas.

Enterados del asunto, en el Gobierno comenzaron a ver el problema con bastante preocupación, ya que no se trata sólo de una cuestión que atañe a las finanzas personales de cada empleado del Estado: la nueva Constitución Provincial prevé sanciones graves a los trabajadores con manchas de ese tipo en el legajo.

El artículo 22º de la Constitución dice: “No podrán ser empleados, funcionarios, ni legisladores, los deudores de la Provincia, que ejecutados legalmente no hayan pagado sus deudas, los inhabilitados por sentencia, los quebrados fraudulentos no rehabilitados y los afectados por incapacidad física o mental”.

De modo que el camino que cabría seguir ante una quiebra judicial, es la cesantía.

“En nuestro caso, no son muchos: nada más que seis. Entendemos que esa una situación poco común y bastante novedosa, pero frente a estos pedidos de quiebra, entendemos que los empleados involucrados son pasibles de alguna sanción. A mi entender es una falta grave. Me parece que hay mucho desconocimiento de parte de quien realiza esta acción respecto a las consecuencias que le puede acarrear. Algunos, piden el concurso, que es una instancia previa a la quiebra. Con ese procedimiento, lo que hace el deudor es verificar todas las deudas que tiene, e intentar un acuerdo con sus acreedores, de modo de conseguir una quita o replantear los pagos a futuro. En cambio, en la quiebra queda técnicamente inhabilitado comercialmente por cinco años y se liquidan todos sus bienes”, admitió Juan José Canosa, titular de la tarjeta Sidecreer, quien reconoció asimismo que las notificaciones oficiales de los expedientes de quiebra ya fueron girados al jefe de la Policía, Héctor Massuh, y al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

Silvio Moreyra, titular del Iosper, explicó que en el caso de la obra social provincial, una quiebra decretada a un empleado del Estado afiliado al organismo supondría una seria complicación a la hora de recuperar los créditos asistenciales.

Desde la esfera de ATE, José Galarraga puso de relieve que “casi todos los estatales están con los sueldos prácticamente embargados. Lamentablemente, la discusión salarial está planchada en la provincia, y frente a eso en el gremio vemos a diario la desesperación de los compañeros que vienen a pedir plata para pagar la luz, para pagar una garrafa de gas. Pero aparte, cuando firmas una solicitud de crédito, los autorizás para que ingresen directamente a tu cuenta, y se debiten las cuotas. Esto provoca que hoy los estatales tengan sus sueldos totalmente embargados. No hay control sobre las financieras. Incluso, aún cuando estés en el Veraz”, precisó el secretario adjunto de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).