MACRI Y LA MERITOCRACIA

ESPECIAL (por Graciela Bar).- En el discurso del presidente en la Asamblea Legislativa, anunció que modificará la ley de Educación Nacional para que los resultados de las evaluaciones a los alumnos fueran públicas. Antes de analizar esta nefasta decisión, recordemos que la evaluación es un proceso que proporciona información para que los docentes planifiquen proyectos y actividades para que los estudiantes puedan mejorar los resultados obtenidos.

 

La evaluación de los aprendizajes no es un castigo, no es una sanción. Por ello, la ley 26.206 estableció en su artículo 97° que “La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia”.

 

¿Por qué no deben ser públicas los resultados de las pruebas nacionales e internacionales? Porque éstos marcan jerarquías o méritos entre los alumnos. Provocan diferencias intelectuales y sociales.

¿Un niño o una niña, un o una adolescente proveniente de sectores vulnerables, tiene las mismas posibilidades de aprender que otros cuyas familias pudieron proporcionarles libros, internet, celulares, tablets o notebooks, revistas, profesoras particulares, asistir a academias de idioma extranjero, a actividades artísticas y culturales, no cuidar a hermanos o realizar determinadas labores mientras sus padres trabajan?

 

¿Es justo que quede en evidencia pública qué escuelas y quiénes de los alumnos han obtenido bajos resultados y escasas competencias?

No, al contrario, es despreciable, discriminatorio y selectivo. En la concepción meritocrática de la educación solo le interesa “competir con otros”. Es además inconstitucional porque vulnera el derecho universal a la educación.

 

La ley de Educación fue analizada y discutida con miles y miles de docentes, especialistas, funcionarios, sindicatos, estudiantes, iglesias, asociaciones profesionales, durante largas jornadas de debate de la que me honro haber participado y haber sido miembro informante en su sanción en el Senado de la Nación.

La educación no es una carrera competitiva y de clasificación social que deja en el camino a miles y miles de personas.

 

Es un proceso formativo de capacidades intelectuales y sociales, para que todos los ciudadanos tengamos mejores oportunidades profesionales, laborales, convivencia, más ciudadanía e inclusión y podamos vivir con dignidad y disfrutar del crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad local, provincial y nacional.