La OCDE le impone a Macri más ajuste en provincias y jubilaciones privadas

“Las pensiones son elevadas en comparación con el salario”. Así lo definió una evaluación de la OCDE, el Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico al que sueña con ingresar el Gobierno de Mauricio Macri y en el que ya está dando sus primeros pasos, al ritmo de sus recomendaciones.

 

De mejor alumno del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Argentina pasó a ser el mejor aspirante a la OCDE.

Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 35 países miembros (entre ellos Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza), y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo.

 

La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes.

Sus postulados son:

-trabajar para entender que es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental;

-medir la productividad y los flujos globales del comercio e inversión;

-analizar y comparar datos para realizar pronósticos de tendencias;

-fijar estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas.

 

El Centro de la OCDE en México para América Latina es ejemplo de la importancia estratégica que tiene América Latina para la Organización. Su principal finalidad consiste en aumentar la visibilidad de la OCDE en la región y, durante casi dos décadas, se ha dedicado a promover el trabajo y las actividades de la OCDE al establecer contacto con creadores de políticas, expertos, líderes empresariales, universidades y representantes de la sociedad civil.

 

Esta semana, el Gobierno presentó una reforma tributaria y se dieron a conocer los lineamientos de la reforma laboral y la jubilatoria, todo en sintonía con lo que pensó el organismo que dirige Ángel Gurría y que establece estándares promedio para un conjunto de naciones desarrolladas y algunos países de la región, como México y Brasil. Incluso las sugerencias del organismo incluyen el método de presentación de las medidas: un paquete que pueda negociarse en conjunto.

 

Entre las políticas en estudio en el oficialismo para el sector de jubilaciones y pensiones, está la idea de un sistema voluntario de aportes privados, un esquema que ya adoptaron varios países de este club. Mientras tanto, el organismo advierte que el sistema argentino “no es sustentable” tal como está planteado hoy y recomienda que las jubilaciones “se ajusten por el índice de precios al consumidor”, así como se planteó esta semana, con la idea de dejar atrás la fórmula de movilidad –que vincula otras variables además de la inflación, como la evolución de la recaudación– para “que no pase lo que pasó el año pasado”, según el jefe de Gabinete Marcos Peña, cuando las jubilaciones perdieron en ingresos después del salto de precios que siguió a la devaluación del 40% de diciembre de 2015.

 

Otra de las recomendaciones de la OCDE para la reforma jubilatoria es “alinear la edad de retiro de las mujeres con los hombres”, lo que lejos de acortar el plazo para los hombres implica estirar el de las mujeres, de 60 a 65 años. Incluso el proyecto oficial podría extender la edad de los varones a 68 años según las opciones que se barajan.

 

A mediados de año se presentó un Estudio económico multidimensional elaborado por la Organización. En ese momento, se reunieron Gabriela Ramos, directora de Gabinete de la OCDE y Sherpa del G20, y Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, donde sugería las reformas que se fueron anunciando: mercado laboral, política tributaria, infraestructura, apertura comercial y reforma del mercado de capitales. También recomendaba la desregulación del sector energético que se materializó en los combustibles. Por otro lado, aunque no fue uno de los anuncios del Gobierno hasta el momento, la OCDE también considera que hay que dotar de más presupuesto y herramientas al área de Defensa de la Competencia, para mejorar el control sobre los mercados concentrados y evitar la cartelización.

 

Parte de los pasos a seguir están presentes desde el día uno: ir retirando gradualmente los subsidios a la energía, racionalizar el empleo público y aplicar medidas adicionales de ahorro en las empresas estatales.