Publicado el 2/10/2017 a las 10:05

El Gobierno se queda con la carta del Pacto Fiscal para negociar en 2018 con provincias

El Gobierno se queda con la carta del Pacto Fiscal para negociar en 2018 con provincias

El Gobierno busca que las provincias bajen la presión impositiva y apoyen en el Congreso la reforma tributaria. Y como parte de la negociación, decidió que no enviará al Congreso la prórroga del cumplimiento del pacto fiscal firmado en 1993. Si no se aprueba esa postergación, y entran en vigencia los acuerdos de 1993, las provincias deben disponer un esquema de exención de Ingresos Brutos a la actividad primaria y a la industria, entre otras, y derogar el impuesto a los Sellos.

 

La prórroga original fue realizada por el kirchnerismo, con una ley del 28 de octubre de 2015. El mes pasado el Ejecutivo debía enviar otro proyecto similar al Congreso, junto con el del impuesto al Cheque y el del Presupuesto 2018, porque será parte de la negociación para aprobar el paquete económico después de las elecciones de octubre. Pero no lo hizo.

 

Según indicaron en el oficialismo del Senado, el pacto fiscal es parte de las leyes que están en juego, junto con el Presupuesto, Responsabilidad Fiscal, el impuesto al cheque, el excedente del Fondo del Conurbano, la reforma impositiva y la emergencia económica.

 

“Ese paquete tiene que resultar en tres leyes: una ley de gastos, el Presupuesto; otra de reforma impositiva, y otra de Responsabilidad Fiscal”, explicaron.

 

No prorrogar el pacto fiscal obligaría a los estados subnacionales a implementar “parcial y progresivamente” la exención en Ingresos Brutos a la producción primaria; industria; prestaciones financieras; aseguradoras; compraventa de divisas; servicios de electricidad, agua y gas que no se realicen en viviendas, construcción de inmuebles.

 

Las provincias todavía esperan conocer la propuesta del Ejecutivo para compensar una reducción en Ingresos Brutos, un impuesto distorsivo que explica un 75% de los ingresos provinciales. Hoy sólo están reduciendo la alícuota sobre los créditos hipotecarios.

 

Según indicaron en Hacienda, “recién se está empezando a negociar con las provincias un nuevo pacto fiscal” para modificar el sistema tributario de las provincias.

 

En los 90 algunas provincias eximieron Ingresos Brutos y otras volvieron hacia atrás. Hoy el esquema varía de provincia en provincia. Según datos del Observatorio Fiscal Federal, las alícuotas de la actividad primaria fluctúan entre 1% y 1,75% (con algunos máximos de 3,5%), mientras las de la actividad industrial tienen topes que superan 4%, donde resulta relevante la radicación de los establecimientos.

 

“Para resignar ingresos genuinos, tenemos que ver con qué resignarlos y en qué contexto bajar las alícuotas”, dijo un ministro de Hacienda del una provincial norteña que recibió la visita de Hacienda. “Nosotros entendemos que es bueno tratar de mermar la presión tributaria de las provincias, pero que no se desfinancien. La modificación de Ingresos Brutos, lo que pueda haber de reforma tributaria y Fondo del Conurbano se tendrían que consensuar entre todas las provincias”, agregó.

 

Por lo pronto, el Ejecutivo no tomará la iniciativa de prorrogar el pacto fiscal, pero entiende que si alguna provincia quiere impulsar su renovación lo puede hacer desde el Senado. “Si hay alguna intención de mantener la prórroga, que surja de los senadores. Mandamos la prórroga del impuesto al Cheque porque impacta en los ingresos del Tesoro nacional y con afectación específica a Seguridad Social, pero Ingresos Brutos es de órbita provincial”, sostienen desde la administración central.

 

La idea del Ejecutivo es que en una primera etapa haya una discusión entre Nación y las provincias, seguida luego de otra en el Congreso. “Es el enorme acuerdo político que hay que hacer inmediatamente después de la elección”, explicó el senador.

 

El pacto se reemplazaría con la reforma tributaria, que incluye la compensación gradual del impuesto al cheque, reducción de Ganancias si se reinvierten utilidades y el debate sobre un impuesto a la renta financiera. También con un acuerdo político sobre cómo compensar el Fondo del Conurbano bonaerense. “En el oficialismo creemos que en cualquier caso tiene que haber un acuerdo con o sin sentencia”, explicaron. Y con la firma de 22 provincias del proyecto de Responsabilidad Fiscal para que el gasto corriente primario no supere la inflación.

 

El cóctel de medidas es amplio y sólo quedarán dos meses hasta fin de año para negociarlo, por eso ya se plantea llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso para enero y febrero. “Es un desafío político mayor. Está poco negociado, pero está bastante calculado; hay mucho trabajo hecho de simulaciones”, dijeron en el Senado. “Habrá muchos elementos cuando las partes se sienten a negociar”, completaron.

 

De suspensión en suspensión…

 

El Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento fue firmado por el Gobierno nacional y todas las provincias el 12 de agosto de 1993, durante la presidencia de Carlos Menem. Mediante el decreto 1807/93, obligaba a reducir progresivamente Ingresos Brutos, a derogar Sellos, que el IVA no superara el 18% y aceptar la transferencia de las cajas previsionales provinciales, entre otras medidas. Se suspendió por un año, aunque fue ratificado por el decreto 14 de 1994 con 16 provincias.

 

Sin embargo, la vigencia del pacto fue prorrogada en forma sucesiva, permitiendo un aumento del IVA al 21%, una reasignación de partidas tributarias para financiar la Seguridad Social a la espera de una nueva ley de Coparticipación Federal.

 

La última prórroga fue a través de la ley 27.199, del 3 de noviembre de 2015, en el tramo final del gobierno de Cristina Kirchner. En esta oportunidad, vence el 31 de diciembre próximo y es lo que el Gobierno de Mauricio Macri quiere utilizar para negociar el nuevo paquete de leyes económicas.

 

Otro capítulo en debate son las ratificaciones provinciales al pacto y a las prórrogas, que no fueron homogéneas: se discute si no adherir a la prórroga implica salirse del pacto o tener que cumplirlo y si lo que se ha prorrogado es el pacto o las cláusulas pendientes de ejecución, porque algunas provincias avanzaron con modificaciones sobre Ingresos Brutos.

 

La interpretación sobre la vigencia del pacto, y las exenciones de Ingresos Brutos sobre la producción primaria e industrial, son relevantes por los juicios que puede iniciar el sector privado.

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