Y fue Justicia… Ratificaron fallo condenatorio contra un director del Iosper y dos gremialistas de UPCN
La Cámara de Casación Penal de Paraná ratificó el fallo condenatorio que había impuesto contra los dirigentes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), seccional Entre Ríos, Fabián Monzón, quien recibió un año de prisión condicional por el delito de Resistencia a la Autoridad, mientras que José Zarza y Noemí Santamaría fueron condenados a dos años de cárcel en suspenso por el delito de Coacciones Simples.
Monzón es secretario adjunto del gremio y uno de los integrantes del directorio del Instituto de la Obra Social de Entre Ríos (Iosper). En ese mismo proceso fueron absueltos el exministro de Salud Ariel de la Rosa; la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, y los gremialistas Zunilda Suárez y Guillermo Barreira.
En la causa se ventiló la denuncia formulada por la directora del hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, a partir de la cual la Fiscalía formuló su hipótesis acusatoria: Gamal Taleb en su alegato argumentó que entre el 5 y el 7 de junio de 2017 en el establecimiento de salud, un grupo de dirigentes de UPCN irrumpió por la fuerza para exigirle a la directora que diera marcha atrás con la baja del contrato de la enfermera Noelia Migueles.
En relación a los fundamentos por los cuales se acreditó la culpabilidad de Monzón, la jueza encargada del primer voto, Marcela Badano, explicó: “En relación con la comprobación judicial de culpabilidad de Felipe FabiánMonzón, los testigos afrmaron que fue verificada a partir de pruebas e injerencias racionales que irrefutablemente la comprobaron, dejando huérfano de sustento al simplificado planteo discursivo de la defensa. Se consideró la correspondencia de los testimonios de los funcionarios policiales que declararon en la audiencia de debate (Fernández, López, Villamonte y Sosa), quienes detuvieron en flagrancia al director del Iosper y representante sindical de UPCN, el que obstaculizaba deliberadamente la salida de los móviles policiales, ubicándose en el medio de la calle interna del nosocomio a la vez que amenazaba ‘chapeando’ en razón de su cargo, con hacer trasladar y perder sus trabajos a los mencionados funcionarios policiales que legítimamente cumplían su deber al llevar detenidos a Zarza, Suárez y Domínguez”.
Acto seguido, la magistrada se refirió el rol que cumplieron Zarza y Santamaría, quienes fueron señalados por varios testigos como responsables de impedir que la directora Trossero pudiera salir de su despacho.
Acerca de esta situación analizó: “La sentencia reconstruye lo sucedido a partir de lo que dicen Fleishmann, Colobig, Giménez y Trossero, y las secuencias descriptas: Colobig le avisa a Fleishmann, le dice que la gente de UPCN quiere hablar con la directora; este le responde que iban a hablar con ellos, pero junto al personal en el comedor; Fleishmann a su vez, dijo que cuando llega, estaba Zarza con dos mujeres, y que Trossero decidió no hablar a solas con ellos, sino en el comedor junto a otros empleados del hospital. Y que luego, cuando Trossero llega al hospital, entra junto con Fleishmann a la Dirección, oficina de Trossero, y Fleishmann le informa a Zarza y Santamaría, que la decisión de Trossero es hablar en el comedor. En ese momento, cuando la directora quería dirigirse al comedor, Zarza se interpone en su camino de forma intimidatoria, obstruyendo e impidiendo su paso, y Santa María le pone su mano en el hombro a Trossero, también impidiendo su paso”.
Luego, Badano mencionó la prueba aportada por la defensa en relación a la conducta de Monzón -resistencia a la autoridad-, que se concretó a través de la presentación de un video casero. Al valorar esa prueba precisó: “En la mención a la propia prueba que la defensa introdujo por primera vez en la audiencia de debate, esto es un video aportado por Monzón, en el cual aparecía la secuencia filmada por algún desconocido del momento de su detención en el hospital Colonia, elemento probatorio novedoso para el proceso, que, autorizado por el Tribunal para su ingreso durante el plenario, no hizo mella del contudente material cargoso producido previamente por el Ministerio Público Fiscal”.
La resolución judicial, a la que adhirieron los camaristas Hugo Perotti y Marcela Davite, llegó dos años después de haberse condenado en primera instancia a los dirigentes gremiales, según Diario UNO.
La causa judicial derivó en la renuncia del exministro De la Rosa, quien luego fue reemplazado en el cargo por Sonia Velázquez. Por las amenazas denunciadas por la directora del nosocomio diamantino los sindicalistas fueron detenidos en un episodio que demandó una amplia cobertura mediática, concluyen los colegas de Diario UNO.