El estudio de ADN de Bernarda Vera puso fin a casi diez meses de incertidumbre en una de las causas más sensibles de la dictadura de Augusto Pinochet. La Justicia chilena confirmó que el perfil genético de la mujer hallada en Miramar corresponde a la profesora que figuraba como desaparecida en el listado oficial de víctimas del régimen.
A través de un comunicado, el Poder Judicial de Chile precisó que, tras varios meses de pericias, “el perfil genético de la mujer encontrada corresponde a Bernarda Vera Contardo”.
Ante esta novedad, el ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre, se reunió con los familiares de la presunta desaparecida y les compartió “los resultados del informe pericial correspondiente al perfil genético y las muestras de sus familiares disponibles en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del Servicio Médico Legal”.
“En la diligencia se informó que los antecedentes científicos acreditaron una probabilidad de identificación de la señora Bernarda Rosalba Vera Contardo superior al 99,9999%”, indicó la institución en la nota oficial.
En ese marco, el funcionario remarcó que la causa está “bajo estricto secreto de investigación” y estableció que “el informe pericial genético de ADN es de carácter reservado y se entrega con el único y exclusivo fin para conocimiento del grupo familiar directo y su ámbito interno”, según se consignó en la resolución judicial.
El caso de Bernarda Vera y la investigación judicial
El caso tomó estado público en septiembre del año pasado, cuando una investigación televisiva reveló que habría encontrado a Vera viviendo en la localidad balnearia bonaerense de Miramar.
La polémica estalló porque la protagonista del reportaje era una profesora que, con 27 años y una hija de 5, fue detenida por militares el 10 de octubre de 1973 y que, aparentemente, había sido ejecutada en el puente de Villarrica, en la región de La Araucanía.
La joven era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y su nombre figura entre las 1.162 personas incluidas en el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación (Rettig), el registro elaborado en 1991 sobre las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura pinochetista.
Luego de que trascendiera el informe televisivo, el gobierno de Gabriel Boric reconoció que había recibido avisos sobre posibles “incongruencias” en algunos testimonios que fueron reportadas por el Plan Nacional de Búsqueda (PNB) y dispuso la apertura de una nueva investigación.
Ante el escándalo generado, el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, señaló que la tarea de “corroborar científicamente la identidad de la mujer que vive en Argentina y que sería Bernarda Vera” le correspondía a la Justicia. La causa quedó radicada en el Primer Juzgado del Crimen de Temuco, también en la región de La Araucanía.
Cordero estaba al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuando se puso en marcha el PNB y fue la persona señalada por la oposición a la administración de Boric como responsable de la eventual “inexactitud respecto al caso”.
La historia de “Anita” y las primeras dudas
Conocida como “Anita” en sus tiempos de militancia en el MIR, Bernarda Vera figura en el Informe Rettig. Testimonios que quedaron fuera de la causa y algunos detalles del boletín que cada mes publicaba el PNB dieron indicios de que la mujer podría haber escapado de ese destino de desaparición forzada.
El reporte difundido en septiembre del año pasado mencionó que “en algunos casos, muy excepcionales, este proceso ha revelado incongruencias con las conclusiones de las Comisiones de Verdad. Un primer caso refiere a una persona, condenada a muerte por un Consejo de Guerra en 1973, que fue calificada por la Comisión Rettig, con los antecedentes disponibles en la época como víctima de desaparición forzada”.
“Posteriormente, el PNB recogió testimonios de personas que dijeron haberla visto fuera de Chile después de la fecha en la que la CNVR estableció su desaparición. A raíz de ello, se abrió una investigación administrativa respecto de su trayectoria”, detalló el documento oficial.
Esos datos fueron parte de la investigación periodística que condujo a una de sus cronistas a la ciudad de la costa bonaerense, donde dio con el paradero de quien ahora se confirma en un “99,9999%” que es Bernarda Vera Contardo, quien en ese momento se negó a hablar con la periodista desde detrás de la puerta de su casa.
