Victoria Villarruel asumió una postura contraria a la que tomó el Gobierno nacional, que calificó los incidentes de ayer como un intento de “golpe de Estado”

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, volvió a marcar distancia con relación a la postura del presidente Javier Milei al referirse a los incidentes ocurridos ayer en las inmediaciones del Congreso. En declaraciones periodísticas, criticó la violencia empleada durante la manifestación, pero también defendió el derecho de los ciudadanos a expresarse: “Representa un ejercicio de la democracia”, sostuvo.

Villarruel sostuvo que, a pesar de la violencia, la manifestación debe entenderse dentro del marco de un sistema democrático. “Yo, como abogada, siempre considero que ante cualquier hecho tan difícil como el que ocurrió ayer tiene que expedirse la Justicia”, afirmó la vicepresidenta.

Además, extendió su solidaridad tanto a los heridos en el evento, como a los efectivos de las fuerzas federales que se vieron involucrados en los incidentes. Según Villarruel, los agentes de seguridad, al igual que los manifestantes, también “ponen el cuerpo en situaciones de mucha violencia” y merecen el reconocimiento del Estado.

Por otro lado, la vicepresidenta de la Nación destacó que, aunque la protesta es una de las formas más legítimas de expresión en una democracia, la violencia no puede ser aceptada como un medio para defender ninguna causa. En este sentido, remarcó con firmeza que “la violencia no es la herramienta para manifestarse ni para defender ninguna causa”.

Las declaraciones de Villarruel se contraponen a las acusaciones realizadas por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien vinculó los incidentes con un intento de desestabilizar al gobierno, acusando al kirchnerismo de promover un “golpe de Estado”. Francos, en un diálogo con el periodista Eduardo Feinmann, dijo que los disturbios fueron provocados por “barrabravas” y militantes que “organizaron esta movilización con la intención de generar desestabilización”.

De acuerdo con Francos, la participación de los barrabravas y su actitud violenta en la marcha no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia organizada. En sus palabras, la protesta estuvo “organizada al grito de que se vayan todos”, lo que se interpreta como un intento de generar caos en la esfera política del país. Además, el gobierno defendió la actuación de la policía y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asegurando que el uso de la fuerza fue legítimo para garantizar el orden público.

Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando se conoció la decisión de la jueza Karina Andrade de liberar a la mayoría de los detenidos. Esta decisión fue criticada por el propio Gobierno, que calificó la liberación de los arrestados como un “error”. Francos lamentó que, tras los disturbios, las personas que fueron detenidas por resistirse a la autoridad fueran liberadas rápidamente. “Debe aplicarse la ley con más dureza”, manifestó, afirmando que de repetirse este tipo de incidentes, el Gobierno no dudará en “reprimir con más fuerza” a los manifestantes violentos.