Vicentin recibe oxígeno judicial

En plena instancia de parate comercial e incertidumbre en el grueso de las compañías, siempre a partir del escenario de pandemia y aislamiento social predominante, Vicentin recibe una dosis de novedades a favor. Ocurre que, en las últimas horas, la agroexportadora en default se alzó con pronunciamientos judiciales que le acercan oxígeno. En concreto, la Justicia santafesina hizo lugar a un pedido de los controlantes de la firma para retomar la molienda de soja de Oleaginosa San Lorenzo en las instalaciones de San Lorenzo.

Según indicaron fuentes familiarizadas con la causa, el Juzgado de distrito en lo Civil y Comercial de Reconquista acaba de extender el permiso para la reapertura y puesta en funcionamiento de las estructuras paralizadas desde diciembre del año pasado.

“Lo que se permite ahora es algo que preveía para muchos antes. De hecho, todo invitaba a pensar que la reapertura iba a ocurrir en marzo, pero la Justicia se tomó su tiempo para decidir”, comentaron a este medio las voces consultadas.

En torno a Vicentin señalan que el aval ocurre en un momento justo dado que, de haberse concretado antes, la compañía podría haber sufrido embargos. Una muestra de lo demorados que vienen los tiempos puede ubicarse en designación de los síndicos de la causa: Carlos Amut, Ernesto García y Diego Telesco recién fueron oficializados a mediados del mes pasado.

“La cuarentena, el freno a todas las actividades que generó la llegada y expansión del coronavirus en la Argentina, complicó todos los plazos. La realidad es que la demora en cuestión le viene permitiendo a la compañía aceitar el diálogo con sus acreedores. La firma sigue buscando un acuerdo con la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), a quien le debe alrededor de 100 millones de dólares. Todo indica que están muy cerca de abrochar el trato”, confiaron las fuentes.

Los movimientos de la compañía, sobre todo a partir del derrumbe, vienen siendo seguidos muy de cerca por los gremios de la actividad. Desde el Sindicato de Aceiteros indicaron a iProfesional que la Justicia, a la par de poner levantar la prohibición de movimiento en las plantas de Vicentin, también habilitó la compra de semillas.

Aclaran, además, que en los predios en San Lorenzo ya transcurre el movimiento de camiones por iniciativa de Glencore, otro gigante de la agroexportación que alquiló silos de Vicentín para almacenar sus productos.

“Desde mediados de marzo están ingresando a razón de 100 camiones diarios que descargan en los silos de la empresa. Glencore ya tiene vínculos con Vicentin a partir de compartir sociedad en Renova. Por ahora no hay más que ese uso de los silos para almacenar y no podemos decir que se trate de una reactivación de las plantas por parte de Glencore. Sólo entran camiones que descargan y no más”, comentó a los colegas de iProfesional Pablo Reguera, titular de Aceiteros en San Lorenzo.

Guardia y pago alargado

El dirigente sostuvo que, por estos días, Vicentin mantiene en actividad una dotación mínima de empleados destinados a tareas de mantenimiento y vigilancia de las plantas. “De los 700 operarios del plantel total, hoy alrededor de 100 trabajadores operan con turnos rotativos. El resto permanece en sus casas”, contó Reguera.

El entrevistado comentó que la empresa hasta ahora no llevó a cabo despidos “aunque continúa pagando el 90 por ciento de los montos correspondientes a cada sueldo, incluso de las 600 personas que desde hace cuatro meses no es requerida en las plantas”.

“Los 100 que siguen en operaciones están divididos en cuatro turnos de 25 personas cada uno. Aunque un poco de casualidad, esa misma división ayuda mucho a prevenir cualquier contagio en estos tiempos de pandemia. Por supuesto que todos los operarios vienen tomando todos los recaudos convenientes. Las medidas de prevención y cuidado son compartidas por todas las compañías de la agroexportación en esta zona”, aseguró.

Reguera comentó que “el costo laboral para la empresa es de 100 millones de pesos mensuales”.

Mientras define cómo se hará el retorno de labores una vez que concluya la cuarentena, lo cierto es que Vicentin también recibió otro espaldarazo judicial luego de los tribunales de Reconquista fijaran que pautas que, de ser respetadas, les permitirán a los acreedores de la firma comenzar a cobrar sus deudas recién a partir de mediados de 2021.

Todo esto, claro, si además no ocurre un estallido superior de los casos de coronavirus, lo cual podría traducirse en un parate total de la actividad judicial por tiempo indeterminado. “Es algo que no puede descartarse. De suceder algo así, quién sabe en qué momento los acreedores podrán comenzar a percibir parte de lo que les quedó debiendo la compañía”, comentaron voces cercanas al proceso judicial.

Los plazos establecidos en Reconquista son los siguientes: hasta el 9 de junio regirá el plazo para la verificación de créditos. Luego, y por el lapso de 30 días, estará vigente la posibilidad de realizar observaciones o promover impugnaciones. Recién para el 21 de septiembre quedó establecida la presentación de los informes individuales de los síndicos designados.

A eso le seguirá la entrega de un informe general promovido por estos mismos actores con fecha de recepción fijada para el 18 de diciembre. Luego, ya arribando a junio de 2021, tendría lugar la audiencia informativa. Los pagos comenzarían a hacerse efectivos recién a partir de ese mes.

“Los plazos establecidos pueden ser dramáticos para muchos acreedores, que hoy subsisten en la cuerda floja y no pueden darse el lujo de esperar más de un año. La pandemia, con la caída de los precios internacionales, está destrozando las exportaciones y toda la cadena productiva del agro. Lamentablemente, la decisión judicial expresa poca empatía con las empresas afectadas por un default histórico”, añadieron las fuentes de la agroexportación consultadas.

La deuda en cuestión

En total, la deuda de Vicentin es de 1.350 millones de dólares, de los cuales unos 1.000 millones son con los bancos y, otros 350 millones, con empresas del sector agrícola.

El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, con 18.000 millones de pesos, seguido por el Provincia con 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con 5 millones.

La crisis de Vicentin es considerada el mayor default de una empresa argentina de los últimos 18 años. Específicamente, desde el 2 de abril del 2002, cuando Telecom Argentina se declaró en cesación de pagos, tras anunciar que no podía enfrentar obligaciones por 3.250 millones de dólares.

Con el correr de 2020, la firma se subió a ese podio negativo por efecto, justamente, de ese pasivo multimillonario en dólares que al tipo de cambio actual se convierten en alrededor de 90.000 millones de pesos, según la cotización del dólar que se utilice para convertir ese pasivo de la moneda norteamericana al peso argentino.

Durante la primera quincena de febrero, la Bolsa de Comercio de Rosario suspendió a Vicentin como operadora del Mercado Físico de Granos de dicha institución hasta que “se acredite la homologación del acuerdo preventivo logrado con sus acreedores”. Dicha decisión representó otro mazazo para la empresa, que apostaba a volver rápido a la actividad para enfrentar sus compromisos incumplidos.

Ahora, parece, se abren nuevos canales de oxígeno operativo para una compañía atravesada por la polémica.