Vicentin detuvo todas las plantas que todavía operaban en Santa Fe a la espera de una definición de la Corte Suprema

La empresa Vicentin anunció el cese de operaciones en sus plantas de Ricardone y Avellaneda, debido a la imposibilidad de continuar funcionando bajo el esquema de procesamiento “a fazón”, es decir, elaborando productos con granos provistos por otras compañías. La compañía, que desde fines de 2019 se encuentra en concurso de acreedores por deudas estimadas entre USD 1.300 y 1.500 millones, confía en que la Corte Suprema de Justicia homologue el acuerdo alcanzado con sus acreedores, el cual fue rechazado previamente por la justicia santafesina.

Según un comunicado oficial, la firma decidió el “cierre seguro” de todas sus plantas activas “en la convicción de que para la conservación de la empresa, en este momento, se impone la protección de los activos, lo que permitirá un rápido arranque cuando esto sea factible”.

Durante los últimos años, Vicentin operó procesando granos provistos por ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas), Bunge y Viterra, empresas que integraban el grupo de acreedores interesados en tomar control de la compañía. Este esquema permitió mantener empleos y cumplir con los pagos, aunque agotó una caja operativa estimada en USD 50 millones.

“El suministro de granos por parte de estos inversores fue clave para sostener la actividad. Podían usar sus propias plantas, pero optaron por sostener a Vicentin con envíos a fazón”, indicaron desde el entorno de la intervención.

Sin embargo, la situación se volvió insostenible tras el agotamiento de los fondos, el enrarecimiento del proceso concursal y, especialmente, la reciente decisión de la justicia santafesina de dictar prisión preventiva a cuatro exdirectivos de la firma, acusados de integrar una asociación ilícita.

El tribunal provincial, conformado por Nicolás Foppiani, Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy, consideró que existen “indicios de riesgo procesal” y avaló los argumentos de los fiscales de que la presunta asociación ilícita continuó operando tras el default, con el fin de entorpecer la investigación y desviar fondos. Por eso, dictó prisión preventiva por 120 días para Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Omar Scarel y Alberto Macua.

Además, impuso restricciones migratorias a otros quince imputados. Tres de ellos deberán pagar una fianza de USD 500.000 y presentarse periódicamente ante la Justicia; los doce restantes tienen que abonar USD 200.000 cada uno.

Cabe recordar que en junio de 2022, Vicentin había conseguido el respaldo del 70% de sus acreedores para traspasar el control a ACA, Bunge y Viterra. No obstante, una presentación judicial de un acreedor disidente frustró la homologación del acuerdo, incluso luego de que el caso llegara al máximo tribunal de Santa Fe.

La expectativa ahora está centrada en que la justicia nacional y, en última instancia, la Corte Suprema, reviertan esa decisión y permitan la validación del acuerdo. “Si el caso llega a la Corte, podría destrabarse la situación y consolidarse el traspaso a los inversores. Hoy la empresa está parada por falta de granos para trabajar a fazón”, explicaron fuentes del proceso.