El rechazo del Capítulo XI del Presupuesto 2026 desató un fuerte malestar en el Gobierno nacional, que consideraba ese apartado central para blindar la política de equilibrio fiscal impulsada por el presidente Javier Milei. En la mesa chica del oficialismo no ocultaron la bronca tras la votación en particular de la madrugada del jueves en la Cámara de Diputados: “Este Presupuesto así no nos sirve”, fue la definición que circuló en Casa Rosada, en medio de acusaciones de traición contra gobernadores que hasta ahora eran considerados aliados.
El capítulo rechazado incluía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, normas que habían sido vetadas por el Presidente durante este año pero luego ratificadas por el Congreso con más de dos tercios de los votos. Con ese traspié, el Gobierno perdió la posibilidad de cerrar 2025 con el Presupuesto convertido en ley y ahora apuesta a modificar el proyecto en el Senado antes del 30 de diciembre, aunque el escenario aparece complejo.
¿Veto al Presupuesto 2026?
Lo que para La Libertad Avanza parecía un trámite legislativo terminó transformándose en un expediente de final incierto. En el oficialismo no descartan que Javier Milei termine vetando su propio Presupuesto si el Senado ratifica la exclusión del Capítulo XI, al que consideran incompatible con el objetivo de déficit cero. En el mejor de los casos, si lograran recomponer acuerdos en la Cámara Alta y reinstalar el texto original, el proyecto debería volver a Diputados, lo que obligaría a prorrogar las sesiones extraordinarias o postergar el debate hasta el inicio del período ordinario, el 1 de marzo.
En Casa Rosada aseguran que el conflicto no es técnico ni reglamentario, sino político y económico. “La sociedad votó orden fiscal, equilibrio y fin del déficit permanente”, remarcan fuentes oficiales, que apuntan especialmente contra gobernadores que se desmarcaron en la votación del capítulo clave.
El foco de la bronca libertaria está puesto en Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén), además de un grupo de diputados radicales vinculados a Leandro Zdero y Gustavo Valdés. En el caso de Jaldo, Jalil y Sáenz, la irritación es mayor: en el Gobierno recuerdan que sus provincias recibieron fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y aun así votaron contra el capítulo impulsado por el Ejecutivo.
Aliados, acuerdos y quiebres
Desde el oficialismo diferencian la actitud de esos mandatarios de la de los gobernadores nucleados en Provincias Unidas, con quienes —aseguran— existió un acuerdo explícito: dar quórum, acompañar la votación en general y ausentarse en el capítulo conflictivo. Ese entendimiento, sostienen, fue cumplido.
Las gestiones encabezadas por Diego Santilli permitieron que el Gobierno obtuviera un triunfo parcial al aprobar el Presupuesto en general con 132 votos, gracias al respaldo del PRO, radicales dialoguistas y espacios provinciales. Sin embargo, en la votación en particular, varios de esos apoyos se diluyeron, dejando al oficialismo sin su artículo más sensible.
En retrospectiva, dentro del propio Gobierno admiten que la insistencia en derogar las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad resultó un error político, especialmente después de que el Congreso las ratificara con mayorías agravadas. Aun así, la posición oficial se mantiene inalterable: “No hay vuelta atrás hacia el déficit, la Argentina eligió otro camino”, repiten en Casa Rosada.
El proyecto pasará ahora al Senado, donde La Libertad Avanza intentará revertir el rechazo al Capítulo XI pese a su inferioridad numérica. Si no logra recomponer los acuerdos con los mismos gobernadores a los que hoy acusa de traición, el Presupuesto 2026 podría quedar empantanado o terminar vetado por el propio Presidente, profundizando el conflicto político en el cierre del año legislativo.
