Uruguay busca debilitar a la CARU para evitar el control de BOTNIA
El lunes se reunió en plenario la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), pero en la práctica fue un fracaso dado que ambas delegaciones no pudieron avanzar ni un ápice para ponerse de acuerdo en el control y vigilancia a la ilegal Botnia. Hoy volverán a reunirse pero las perspectivas son muy negativas.
La delegación argentina presentó un plan de control y vigilancia integral, pero chocó con la postura de la cancillería uruguaya que no quiere saber nada con una iniciativa de ese tenor y sólo quiere limitar todo el conflicto a un monitoreo de la calidad de las aguas en inmediaciones de la planta de celulosa.
En este contexto, está claro que el conflicto lo sigue manejando el vicepresidente Danilo Astori, quien fue el ministro de Economía bajo la presidencia de Tabaré Vázquez y es el hombre que más influencia tiene sobre el actual canciller Luis Leonardo Almagro Lemes, que le responde políticamente con extrema lealtad.
Si la CARU logra ser el organismo designado para hacer un control y vigilancia integral, la vida productiva de Botnia tendría el tiempo agotado. Esto lo saben muy bien los gerentes de Botnia y las autoridades uruguayas, por eso el canciller Almagro Lemes bajó la línea de reducir a su mínima expresión a la Comisión Administradora del Río Uruguay y sólo quiere que ese organismo binacional se limite “al control de la calidad de las aguas en función de la instalación de la planta Botnia-UPM”.
En este marco, para la delegación argentina es imposible avanzar en una propuesta racional frente al mayor conflicto ambiental y social que se padece en la cuenca del Uruguay. Atados de pies y manos, la delegación argentina ante la CARU ha comenzado a comprender que poco o nada es lo que se podrá hacer e incluso se teme por la existencia misma del organismo al no poder administrar el río y tener que dirigir la vista hacia otro lado para no observar la contaminación de la planta.
Así las cosas, nuevamente el campo político (la diplomacia es un brazo de la política) se encamina al fracaso, mientras las voces de la comunidad de Gualeguaychú siguen reclamando por el desmantelamiento de la planta como única salida para el conflicto.
El otro aspecto no menor, es que la cancillería argentina carece de cultura republicana y se niega a brindar información en tiempo y forma, generando la arraigada sospecha de que quien calla, otorga. La falta de información genera incertidumbre y la incertidumbre alimenta miedos generalizados, que bien podrían evitarse con sólo indicar cuál es la hoja de ruta que conducirá a una solución definitiva de este conflicto. El otro punto vinculado con esto es que pese a los seis largos años de controversia, la diplomacia argentina no sabe realmente qué hacer o no sabe estar a la altura de las circunstancias.
¿Cómo es posible que se niegue de manera sistemática información vital para una comunidad que vive desde hace seis años una situación extraordinaria y está expuesta a un ecocidio?
El 4 de junio se reunirán por segunda vez luego del fallo de La Haya los presidentes de ambos países, pero poco y nada podrán avanzar en este marco. Así las cosas, está claro que la República del Uruguay se ha propuesto debilitar a la CARU, justamente para que Botnia no sea controlada y vigilada. ¿Qué hará Argentina? La respuesta no puede tardar en llegar; pero por el momento el silencio se presenta como lo menos saludable. En este Bicentenario, más que nunca la gente quiere saber de qué se trata.