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UPCN reafirmó su oposición a la implementación del teletrabajo en la administración pública provincial

UPCN participó en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados del debate sobre el proyecto para la implementación del teletrabajo en la administración pública provincial, al cual se opuso con una serie de fundamentos que muestran las desventajas y dificultades de la iniciativa presentada por la diputada Ayelén Acosta.

En el análisis la secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez, quien participó de la reunión de este martes señaló que a diferencia de la Ley Nacional de Teletrabajo que regula las condiciones mínimas para la modalidad, la propuesta de Acosta “intenta la implementación del teletrabajo en la provincia, pero no queda en claro las condiciones necesarias para esta acción, ya que no avanza en las cuestiones presupuestarias, las condiciones de necesidad y normativas específicas e institucionales que se requerirán”.

En esa línea señaló como falencia el Artículo 10 de la iniciativa el cual dispone que sea el Poder Ejecutivo provincial quien establecerá la autoridad de aplicación: “No avanza sobre un punto clave para la Administración como es el manejo de la información sensible o aquella cuya divulgación pueda comprometer la aplicación de otras leyes como las leyes bancarias, de datos privados, los procesos licitatorios o de ética pública, entre otras, limitándose solo a que el Estado provincial deberá tomar las medidas que corresponda para la protección de los datos”.

Por ello, Domínguez cuestionó cómo hará el trabajador “desde su casa, con la utilización de los elementos en el seno de su hogar, compartiendo los espacios con propios y ajenos, para realizar una reserva efectiva de los datos o la documentación en cuestión”. “Esta falencia surge de la imposibilidad de establecer claramente cuáles son las tareas que en el ámbito estatal se pueden desarrollar bajo esta modalidad”, agregó.

“Este proyecto de Ley dice que viene a regular la implementación de una realidad como consecuencia de la aparición de la pandemia del Covid-19, y debemos decir que ésta pandemia ha traído a la luz las falencias de un Estado debilitado en varias de sus instituciones y servicios a la sociedad. Por ello, antes de implementar en el ámbito de la provincia, deberíamos preguntarnos si esta modalidad laboral no profundizará esa realidad negativa, cuando debemos trabajar y legislar para un Estado cada vez más presente”, señaló Domínguez durante su presentación.

Para la gremialista “el aislamiento que el teletrabajo genera, obstaculiza valores arraigados en la esencia de los trabajadores y su historia de organización colectiva; atenta contra la generación de creatividad y la mejora de los procesos de trabajo; contra la dinámica comunicacional necesaria entre trabajadores, equipo y superiores; oculta o no visibiliza acciones contrarias a la igualdad de oportunidades y trato e incluso aleja la igualdad de posiciones, pudiendo fomentar la discrecionalidad y generando una burocracia contraria a los intereses de la institución. Es la puerta de entrada a la tercerización de los servicios y el no control de las herramientas por parte del Estado”.

“Como organización gremial también debemos poner nuestro acento en la complejidad que acarrea llevar el trabajo a nuestra casa”, dijo y citó algunas fallas en el proyecto: “Por ejemplo, el Artículo 11 hace mención a las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, sin establecer siquiera las condiciones mínimas a tener en cuenta, dejando en manos de la reglamentación todo este capítulo”, alertó.

“Volvemos a ver la dificultad de no contar la negociación colectiva, la posibilidad de generar mecanismo de seguimiento y estudio acabado de los nuevos riesgos para la salud, como el tecnoestrés y la infobesidad, su cobertura y las posibles nuevas incapacidades transitorias y/o permanentes. Analizar los posibles accidentes de trabajo y su dificultad para establecer las condiciones, límites y alcances, con la mira puesta en la prevención de los mismos. Tampoco propone la convocatoria de expertos para las condiciones de salud profesional de esta nueva modalidad. Es indispensable que comprenda estas situaciones, ya que si no la ART no cubrirá las enfermedades producidas y esto no puede ser saldado por la reglamentación”, mencionó.

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