El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni tendrá unos días de respiro, al menos hasta después de la feria judicial de invierno, ya que los primeros días de agosto deberá dar explicaciones ante la Justicia cuando el fiscal Gerardo Pollicita presente el requerimiento de justificación patrimonial. Mientras tanto, siguen declarando testigos en la causa que lo comprometen.
En ese contexto, una declaración testimonial clave agravó la situación procesal del ex funcionario, que ya enfrenta pedidos de medidas cautelares en su contra.
La declaración que lo complica
Según surge del expediente, Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales, declaró ante la Justicia que el ex jefe de Gabinete pagó un monitor gamer con su tarjeta de crédito y que después le devolvió el dinero en efectivo.
La semana pasada, antes de la renuncia de Adorni, trascendió que realizó compras de equipamiento para videojuegos desde su cuenta personal de Mercado Libre utilizando tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios que trabajaban bajo su órbita en la estructura de la Vocería Presidencial.
Las operaciones, que están incorporadas a la causa, se concretaron en agosto de 2025 e incluyeron un monitor gamer y dos proyectores de alta gama por un total de $5.848.589, una cifra que superaba el salario mensual que Adorni percibía como vocero presidencial.
La compra más costosa fue la de un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8 de 27 pulgadas, adquirido el 19 de agosto por $2.184.999,05.
De acuerdo con la documentación analizada por la fiscalía a cargo de Pollicita, el pago de ese monitor quedó asociado a una tarjeta cuya titular era Laura Daniela Schiuma, funcionaria de Comunicación de Gobierno. Esa información fue remitida a la fiscalía por Mercado Libre.
La mujer prestó declaración testimonial y confirmó la información ante el Ministerio Público Fiscal, según indicaron fuentes judiciales.
Requerimiento patrimonial y posibles medidas
Las mismas fuentes deslizaron que el fiscal presentará el requerimiento de justificación patrimonial los primeros días de agosto, ya que aún está reuniendo información y completando medidas de prueba.
Entre las últimas medidas figura un extenso pedido a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), organismo al que Pollicita encomendó la elaboración de un informe integral sobre la evolución patrimonial y financiera de Adorni y de Angeletti desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad.
Del 20 al 31 de julio se desarrollará la feria judicial de invierno, y la actividad en los tribunales federales volverá a la normalidad el 3 de agosto. Para esa fecha, se estima que Pollicita dará a conocer formalmente el requerimiento para que Adorni justifique sus bienes.
Si las explicaciones no convencen a la fiscalía, entonces se lo citaría a declaración indagatoria, lo que implicaría un avance sustancial en el expediente penal.
Pedidos de prisión preventiva y disputa política
En paralelo al avance judicial, uno de los denunciantes en la causa pidió la prisión preventiva del ex jefe de Gabinete o, en su defecto, que se le prohíba salir del país, en un intento por endurecer el cuadro procesal de Adorni.
El caso también tiene derivaciones políticas: con la salida de Adorni del Gobierno, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich busca sesionar esta semana para recuperar el control de la agenda, en medio del impacto que generó la investigación sobre el ex vocero presidencial.
