Una nueva vieja idea: El ingreso básico universal como herramienta clave de la construcción del Estado de bienestar del siglo XXI

ESPECIAL, por José Antonio Artusi (*).- La pandemia y las crisis que se han desatado como consecuencia de su impacto global están actuando como un gigantesco acelerador de tendencias y debates. Cuestiones o ideas que hasta hace poco ocupaban un lugar más o menos marginal en la agenda pública están adquiriendo rápidamente una centralidad que las hacer estar presente de manera reiterada en las discusiones tendientes a encontrar respuestas para enfrentar nuevos desafíos.

Propuestas que hasta hace algunos meses eran solamente banderas de candidatos testimoniales o movimientos sociales sin demasiada capacidad de incidir en las políticas públicas están siendo ahora evaluadas, y hasta implementadas en alguna medida, como alternativas válidas por gobiernos de los más diversos signos políticos.

El Covid-19 tiene ilustres antecedentes en este sentido. No será la primera peste en desencadenar procesos estructurales de cambio en todos los órdenes. Pedro García Luaces ha señalado que “la peste negra contribuyó a un cambio de percepción sobre la manera de vivir y morir que transformaría radicalmente al hombre medieval”, y que “contribuyó al debilitamiento del feudalismo, propició la acumulación de capitales en manos de la burguesía y proyectó sobre la sensibilidad colectiva un sentido laico de la muerte que debilitó el mito cristiano del paraíso, inclinando a los hombres hacia el bienestar y la prosperidad terrenas”. (García Luaces, 2017). Si Marx habló de la violencia como la partera de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra nueva quizás debamos también prestar atención a este poder catalizador de la pandemia, en el sentido de acelerar el nacimiento de lo que estaba esperando condiciones adecuadas para nacer y precipitar también la muerte de lo que ya estaba agonizando, lo viéramos o no, antes del Covid-19.

Milton Friedman creía que “solo una crisis –real o percibida– da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que esa ha de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable”. (Berman, 2020).

Una de esas ideas emergentes, que ha logrado mantenerse viva y activa, y que está concitando un renovado interés en todo el mundo es el ingreso básico universal (IBU). El IBU parece una idea novedosa pero en realidad podemos rastrearla bastante atrás en la Historia. Desde el primer califa musulmán Abu Bakr, pasando por Santo Tomás Moro, Thomas Paine, Bertrand Russell, Martin Luther King, etc.; hasta nuestros días.

Como toda idea relativamente novedosa, es poco (o mal) conocida; genera prejuicios y lógicas resistencias. Casi todos tenemos una cierta resistencia al cambio que nos hace levantar instintivamente la guardia frente a conceptos que a primera vista parecerían cuestionar algunos principios y valores que no admitirían ser puestos en tela de juicio. Debo admitir que yo también tuve prejuicios y en un principio la idea me pareció no sólo absurda sino aberrante. Hasta que descubrí que esos prejuicios estaban basados en mi ignorancia. Cuando empecé a estudiar y a investigar con un poco más de profundidad el tema me dí cuenta de que cada uno de los interrogantes u objeciones que me parecían irrefutables tenían una respuesta adecuada que ponía las cosas en su lugar. Obviamente, desde mi personal punto de vista, el de cierta afinidad ideológica con un conjunto básico de valores y principios que considero adecuados para regir el progreso humano, que en aras de la brevedad diré que tienen que ver con la búsqueda simultánea, en el marco de la democracia republicana, de los ideales de la libertad y la igualdad. Habrá también quienes conociendo bien la idea se opongan con total legitimidad para hacerlo. Ya hay voces en ese sentido, y es bueno que se expresen con claridad, porque al hacerlo contribuyen a plantear un debate franco y honesto.

Estas líneas tienen, por ende, el propósito básico de brindar información acerca de lo que considero que son los puntos más relevantes que deberían guíar un debate informado acerca de esta cuestión, específicamente en la República Argentina. No es información neutra, obviamente, el recorte temático está determinado por la mirada subjetiva del autor, y en ningún momento oculto mi convicción de que el IBU está llamado a ser uno de los elementos clave de un proceso de reformas profundas de nuestra sociedad en el siglo XXI, no sólo en el área de las políticas sociales. Como toda buena idea, tiene sus riesgos. Uno, y no menor, es que sea – por diversas razones – mal interpretada, tergiversada, y aplicada – con buenas o malas intenciones – en una versión deformada, por lo que podría fracasar o bien mostrar rasgos negativos, con la consiguiente deslegitimación y pérdida de viabilidad de la idea original.

Es por eso que se impone la necesidad de avanzar con sentido estratégico, con perseverancia pero sin apresuramientos inconducentes, construyendo las condiciones efectivas en términos de legitimación social y relaciones de poder para que su implementación – seguramente gradual – sea crecientemente aceptada y exitosa, de modo tal que lleguemos en determinado momento a un estado de cosas en el que a nadie se le pueda ocurrir dar marcha atrás. Como sucedió otrora con tantos otros logros y avances que en su momento parecieron utópicos (o distópicos) y que una vez que se alcanzaron se volvieron irrenunciables y adquirieron una legitimación que se percibe como naturalizada; la abolición de la esclavitud, el sufragio universal, las conquistas de derechos de las mujeres, los homosexuales, etc..

Todo debate exige una mínima precisión acerca del concepto en cuestión. Qué es el IBU (y que NO es) aparecen por lo tanto como dos interrogantes iniciales que deberíamos dilucidar, para pasar luego a intentar responder otras preguntas.

¿Qué es el IBU?

Podemos encontrar varias definiciones de IBU, pero limitémonos a señalar que todas coinciden en que se trata de una asignación monetaria básica otorgada periódicamente por el Estado de manera individual e incondicional a toda la población, de manera igualitaria, como un derecho de ciudadanía.

¿Y que NO es el IBU?

Esta respuesta es tan relevante como la anterior, pues en muchos casos se tiende a confundir el concepto con otros, y en ese caso el debate se dificulta notoriamente. El IBU NO es un “plan” social, no es un programa focalizado, no es una dádiva, no es caridad, no es un subsidio, no es un seguro de desempleo, no es “dinero gratis”, no es un sustituto del Estado de Bienestar, no es una mera respuesta al desempleo tecnológico (aunque forme parte de una buena respuesta a ese potencial problema), no es un programa de empleo mínimo garantizado (y es una alternativa infinitamente mejor a esta), y no debe ser sólo para la emergencia (aunque en la emergencia, en una versión adecuada y factible, quizás no tan “pura”, es más necesario que nunca).

¿Por qué deberíamos avanzar en la implementación de un IBU?

Cuando digo “por qué” me refiero a lo siguiente: ¿cuál es la justificación de la legitimidad del concepto? ¿Por qué decimos que se trata de un derecho, y no de una mera política de lucha contra la pobreza y la exclusión? ¿En qué se basa la existencia de tal derecho? La mejor respuesta a estos interrogantes la dio un revolucionario liberal y republicano inglés a fines del siglo XVIII, Thomas Paine, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. En su obra “Agrarian Justice” Paine funda la necesidad de reconocer el derecho de toda persona a percibir una parte de la renta de los bienes comunes; se trataría de una suerte de indemnización por la desposesión original que supuso el establecimiento de la propiedad privada del suelo y de los recursos naturales. Se trata de una posición en línea con los postulados del liberalismo clásico, el de Adam Smith entre otros, que veían en la concentración de la propiedad de la tierra uno de los factores que atentaban contra el desarrollo de un sistema capitalista competitivo y con igualdad de oportunidades.

Antoni Domenech, en el prólogo a “Las condiciones materiales de la libertad”, de Daniel Raventós, señala que “Thomas Paine habló un poco después (1796)… de la necesidad y la justicia de crear un “fondo nacional” mediante impuestos a la propiedad privada de las tierras, a fin de introducir una pensión vitalicia para “toda persona actualmente viva” (mayor de cincuenta años) de “10 libras esterlinas anuales”.

Thomas Paine escribió en Agrarian Justice lo siguiente: “El cultivo de la tierra es una de las mayores mejoras naturales jamás hecha por la invención humana. Ha decuplicado el valor de la tierra. Pero el monopolio de la propiedad agraria que empezó con el cultivo ha generado también el mayor daño. Ha desposeído a más de la mitad de los habitantes de todas las naciones de su herencia natural, sin ofrecerles a trueque, como debería haberse hecho, indemnización alguna por esa pérdida, lo que ha generado una suerte de pobreza y de desdicha que no existían antes. Al abogar a favor de los así desposeídos litigo por un derecho, no predico caridad”.

Comenta al respecto Domenech: “Así pues, la introducción de una pensión vitalicia universal se justificaba como medida de justicia conmutativa severamente correctora del ingente proceso de desposesión masiva que había sido la introducción de la propiedad privada agraria, detentada en régimen de monopolio por una minoría”. (Raventós, 2007). Queda claro que Paine se refiere a fines del siglo XVIII a la tierra agrícola, hoy podríamos extrapolar su razonamiento para abarcar también al suelo urbano, y a los recursos naturales en general (energéticos, hídricos, etc.) y a lo que podríamos denominar bienes comunes, todos aquellos elementos tangibles e intangibles creados por la Naturaleza o por la sociedad de manera colectiva que hacen que una determinada sociedad pueda producir riqueza. Estos bienes, cuando son objeto de propiedad privada no deben expropiarse, pero sus rentas deben gravarse de una manera equitativa y eficiente, de modo tal de contribuir a la constitución de ese fondo del que hablaba Paine, destinado a distribuirse de manera absolutamente universal e igualitaria entre todos los ciudadanos, no como dádiva o concesión graciosa sino como expresión de un derecho a participar en los dividendos de esos bienes comunes.

Daniel Raventós, José A. Noguera y David Casassas brindan una respuesta a las justificaciones del IBU desde dos vertientes; una más bien liberal y otra más bien republicana. Como exponente de la primera citan a H. Steiner, y en tal sentido consideran que “Steiner parte de la idea de la propiedad original común del planeta Tierra”. Según él, así como los frutos del trabajo no han de ser cargados con impuestos, los de la naturaleza sí, porque los recursos naturales no son inicialmente propiedad de nadie. Un impuesto justo extrae a las personas aquello a cuya posesión no tienen un derecho justo. Cada persona, según el libertarianismo, tiene un derecho absoluto a hacer aquello que desee de él mismo y de los bienes de los que es legítimo propietario. Pero como los recursos naturales no son, en un principio, propiedad de nadie, todas las personas tienen un igual derecho a ellos. Cierto es que cada persona es propietaria de los bienes que legítimamente haya adquirido, por lo que no es justo, dirán los libertarianos, imponer impuestos para intentar una redistribución de estos bienes. Ahora bien, tales bienes contienen recursos naturales sobre los que, según Steiner, toda persona tiene un igual derecho moral. Veamos que es perfectamente coherente con los principios libertarianos que se redistribuya entre todos de forma igualitaria la parte de la renta global de una sociedad cuyo valor provenga de la incorporación de los recursos naturales. Por tanto, un impuesto sobre los recursos naturales es justo. Es evidente que no se puede redistribuir la naturaleza entre todas las personas, pero puede realizarse una aproximación que equivalga a este imposible reparto.

Es aquí donde entra en juego la justificación libertariana de la Renta Básica: dado que no se pueden repartir entre todas las personas los réditos de la distribución de los recursos naturales, tales réditos han de ser sustituidos por una renta. En contundentes palabras de Steiner, “una renta básica compatible con los principios libertarianos ha de ser universal”. Los autores mencionados ilustran la justificación republicana con argumentos de Antoni Domènech; “el derecho a la existencia es una condición necesaria de la plenitud ciudadana. Se trata, pues, de lograr una ciudadanía independiente, esto es, sin dependencia de la beneficencia o de la caridad. Efectivamente, sin independencia socioeconómica, mis posibilidades de disfrutar de la libertad como no-dominación se ven menguadas, tanto en alcance como en intensidad.

En cambio, la instauración de una Renta Básica supondría el logro de una independencia socioeconómica mucho mayor que la actual, por parte de importantes segmentos de la ciudadanía, especialmente los más expuestos a la dominación en las sociedades actuales: trabajadores asalariados, parados, mujeres y pobres en general. Es en este sentido que puede decirse que la instauración de la Renta Básica sería un bien social. La libertad republicana, la libertad como no-dominación, vería ensanchadas sus posibilidades. Por un lado, en alcance, puesto que los ciudadanos contarían con más ámbitos de libertad, vetados hasta el momento. Por el otro, en intensidad, pues los ámbitos de libertad ya consolidados se reforzarían.” (Raventós , Noguera, & Casassas, Catorce respuestas sobre la Renta Básica)

¿Para qué deberíamos implementar un IBU?
Dicho de otro modo, ¿qué objetivos podríamos lograr a través de la implementación de un IBU?
La lista podría ser muy extensa, pero nos limitaremos a enunciar 7 objetivos que cruzan de manera horizontal prácticamente todos los sectores de las políticas públicas, y obviamente interactúan entre sí:
– Eliminar la pobreza por ingresos (o la indigencia, la pobreza extrema). Es verdad que sería insuficiente para eliminar la pobreza en sentido integral, pues esta es multidimensional, no se agotan en los ingresos, pero de todos modos sería tambien un potente instrumento para avanzar en las demás dimensiones.
– Garantizar las “condiciones materiales de la libertad”.
– Mejorar la distribución del ingreso.
– Mejorar la calidad del empleo y favorecer el emprendedorismo.
– Favorecer un capitalismo más moderno, justo y eficiente.
– Potenciar las habilidades y capacidades para el ejercicio efectivo de otros derechos (salud, educación, vivienda, el derecho a la ciudad, trabajo, etc.).
– Construir ciudadanía y mejorar el ejercicio de la participación política.

¿Qué características o atributos fundamentales tendría un IBU?
. Universal. Es una prestación que se otorga a todos los residentes o a todos los ciudadanos, independientemente de sus niveles de ingreso o condición laboral.
. Incondicional. No requiere el cumplimiento de determinadas condiciones por parte de los ciudadanos, ni exige contraprestaciones. Y el destino del ingreso percibido no tiene ningún tipo de control ni condicionalidad en cuanto a su destino.
. Regular. Se trata de transferencias periódicas, por ejemplo, mensuales.
. Complementario. Hay distintos modelos teóricos, pero en ningún caso sustituiría la totalidad de los programas sociales. En la versión que defendemos, sí sustituye a los programas focalizados de transferencias directas y condicionales, asignaciones familiares, programas alimentarios, ciertas deducciones impositivas, etc:; pero no sustituye a los sistemas universales de salud y la educación pública gratuita.
. Individual e igualitaria. Se otorga a las personas individualmente, no a las familias ni a ningún otro tipo de entidad colectiva. Y el monto es igual para todos.
. Transferencia monetaria. Se trata de una transferencia de dinero, no en especies. Puede ser dinero en efectivo, la acreditación en una cuenta o bien puede tomar la forma de una deducción de impuestos.
. Básico. El monto debería permitir la satisfacción de necesidades básicas de subsistencia, que dejen a las personas por encima de la línea de pobreza, o bien de la pobreza extrema.

¿Quién lo ha propuesto?

La lista es larga. De diversas maneras, con diferentes argumentos, son muchos los pensadores, economistas, filósofos y políticos que han propuesto alguna forma de IBU. Sólo citaremos algunos.
Thomas Paine: “Pido, en defensa de las personas así desposeídas, un derecho, y no una caridad
(…). Crear un fondo nacional del que se pagaría a cada persona, cuando llegase a los 21 años, la cantidad de 15 libras esterlinas como recompensa parcial por la pérdida de su legado natural debido al sistema de propiedad privada de la tierra. Y también la cantidad de 10 libras cada año a lo largo de toda la vida a toda persona que tenga 50 años o más, así como a la que cumpla esta edad (…). Se propone que estos pagos se hagan a todas las personas, ricos y pobres”.
Bertrand Russell: “El plan que nosotros predicamos consiste esencialmente en esto: que un cierto pequeño ingreso, suficiente para las necesidades, sea asegurado a todo el mundo, trabaje o no, y que un ingreso mayor, tan elevado como la cantidad total de artículos de consumo permitiera repartir, fuera dado a aquellos que se ocupasen en algún trabajo que estuviese reconocido por la comunidad”.
Milton Friedman: “La propuesta de un impuesto negativo sobre la renta es una propuesta para ayudar a las personas pobres dándoles dinero, que es lo que necesitan, en lugar de como ahora, al exigirles que se presenten ante un funcionario del gobierno para contar todos sus activos y pasivos y que se les diga que pueden gastar X dólares en alquiler, Y dólares en comida, etc.”
John Kenneth Glabraith: José Antonio Pérez señala que “el profesor John K. Galbraith, declarado defensor del ingreso garantizado, recuerda que ningún texto jurídico en la historia de Estados Unidos fue tan enconadamente atacado por los portavoces del mundo de los negocios como el proyecto de Ley de Seguridad Social de 1935, estableciendo un plan federal de pensiones. Quien se tome la molestia de rastrear en las hemerotecas encontrará que fueron escritos augurios de este tenor: «Con el seguro de desempleo nadie trabajaría; con el seguro de vejez, nadie ahorraría, y el resultado final sería la decadencia moral, la bancarrota financiera y el derrumbe de la República».” (Pérez, 2005).
Vernon Smith (Premio Nobel de Economía en 2002): “¿Cómo podrías utilizar el dinero de las carreteras y ventas de terrenos para beneficiar a todos los estadounidenses y mejorar tu propia popularidad? Al crear un nuevo Fondo Ciudadano Permanente, invertido en acciones, bonos y bienes raíces en todo el mundo. Todos los ciudadanos tendrían una participación equitativa , con dividendos anuales pagados en efectivo. Mejores carreteras, más tierra para el desarrollo productivo más un fondo permanente que envía cheques a todos los ciudadanos. Un ingreso básico garantizado financiado con activos públicos que esperan ser monetizados y puestos a trabajar. Incluso podría obtener el voto de los progresistas. ¿Alguna vez has hecho tanto? Si crees que es un pastel en el cielo, pregúntale a alguien de Alaska. El Fondo Permanente de Alaska, iniciado en 1976 para distribuir los ingresos del petróleo, tiene un valor de mercado que calculo en $ 72,000 por cada ciudadano de Alaska. Los dividendos anuales comenzaron en 1982, cuando la corporación pública que administra el fondo recortó los primeros cheques por $ 1,000. No es de extrañar que Alaska sea el segundo entre todos los estados en igualdad de ingresos. Después de autopistas, puentes y acres, tu próximo proyecto sería comenzar a subastar todos los derechos de recursos de minerales, petróleo y gas de los Estados Unidos para depositarlos en el fondo. Estos activos también pertenecen al pueblo, no al gobierno “. (Santens).
Martin Luther King Jr.: “Ahora estoy convencido de que el enfoque más simple resultará ser el más efectivo: la solución a la pobreza es abolirla directamente mediante una medida ampliamente discutida: el ingreso garantizado”. (Orfalea, 2017).
Richard Nixon: Rutger Bregman señala que “… el historiador Brian Steensland ha estudiado meticulosamente el ascenso y la caída de la renta básica en Estados Unidos y subraya que si el plan de Nixon hubiera seguido adelante, las ramificaciones habrían sido enormes, y hoy la asistencia pública no se vería como una forma de consentir a aprovechados y holgazanes… Si Estados Unidos, la nación más rica del mundo, hubiera seguido ese camino, no cabe duda de que otros países lo habrían seguido también… Que en cierta ocasión un presidente tan reciente y conservador como Richard Nixon intentara instaurar una renta básica es algo que parece habese evaporado de la memoria colectiva.” (Bregman, 2017).
Zygmunt Bauman: “A diferencia de esa filosofía que subyace a la versión actual del “Estado del bienestar” (y diría incluso que en directa contraposición con esta), la filosofía sobre la que se sustenta la idea de la renta básica augura y promueve la inclusión en vez de la exclusión, y la solidaridad y la integración sociales en vez de la precarización de los vínculos solidarios y la división social. Estas consideraciones justifican que veamos la renta básica como un tremendo avance social y moral que ninguna otra receta para abordar la desigualdad parece capaz de proporcionarnos.” (Bauman, 2017).
Thomas Piketty: “… el ingreso ciudadano puede tener ventajas más refinadas. Por ejemplo, brinda una mejor garantía a los beneficiarios de transferencias sociales que están por encontrar empleo y, de esa manera, mejora su motivación al trabajo; con una transferencia universal, los beneficiarios de pensiones sociales están seguros de recuperar su asignación en caso de quedarse sin empleo, ya que jamás la habrán perdido. En cambio, los sistemas de rentas mínimas de inserción requieren que se hagan valer de nuevo los derechos, lo que en la práctica, por razones de demoras administrativas o de estigma social, siempre es incierto y suele contribuir a “agravar la trampa para pobres” (Van Parijs, 1995). De manera más general, los “libertarios de izquierda” son sensibles a que la universalidad de esta transferencia permitiría por fin una política social menos inquisitorial, al pasar por alto el estado civil y social de individuo.” (Piketty, 2015)
Andrew Yang: el ex precandidato demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos apoya un ingreso básico universal (UBI) de 1000 dólares por mes por cada ciudadano estadounidense, “pagado por un impuesto al valor agregado del 10% sobre todos los bienes y servicios”. Él lo llama el “Dividendo de la libertad” y afirma que “reemplazaría a la gran mayoría de los programas de asistencia social existentes”. Yang afirma que “eliminaría la pobreza para los 41 millones de estadounidenses que ahora viven por debajo del umbral de pobreza” y “haría también mejorar el poder de negociación de millones de trabajadores de bajos salarios, lo que obligaría a los empleadores a aumentar los salarios, agregar beneficios y mejorar las condiciones para retenerlos “. Cita al líder de derechos civiles Martin Luther King Jr., al ex presidente de los Estados Unidos Richard Nixon y al economista Milton Friedman como partidarios de un UBI. Argumenta que “será “quizás el mayor catalizador para la creatividad humana que hayamos visto”.
Esther Duflo: esta economista francesa es una de las ganadoras del Premio Nobel de Economía en 2019. Escribió en un artículo hace algunas semanas: “En nuestro libro más más reciente, escrito antes de que estallase la crisis del coronavirus, pero que lleva un título de lo más apropiado, “Good Economics for Hard Times” recomendamos la puesta en marcha de lo que llamamos un Ingreso Súper-Básico Universal, una transferencia regular de efectivo que equivalga a la cantidad necesaria para la supervivencia básica. Las ventajas de ese ingreso universal son simplicidad, transferencia y la garantía de que nadie se muera de hambre. Se libraría de los sistemas desarrollados por los estados de bienestar, diseñados para excluir a “quien no lo merezca” incluso a costa de quienes más lo necesitan. Durante una pandemia, cuando los gobiernos tienen que ayudar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible, la aplicación de una medida como esta podría salvar vidas. Garantizar a las personas que nadie será excluido de la cobertura de las necesidades básicas limita la angustia que muchos individuos sienten en países pobres y no tan pobres en situaciones como la actual.” (Banerjee & Duflo, 2020)

¿Dónde se implementó?

En su obra “Las condiciones materiales de la libertad” Daniel Raventós se pregunta: ¿Existe algún lugar en el mundo donde haya una renta básica?, y señala que “en el estado norteamericano de Alaska y desde 1982 existe una Renta Básica. Ya hace pues un cuarto de siglo que toda persona que lleve residiendo legalmente en Alaska un mínimo de 6 meses recibe una renta básica…”. En este caso se trata de “un dividendo correspondiente a una parte del rendimiento medio, a lo largo de los cinco años precedentes, del fondo permanente constituido a partir de los ingresos de los ingresos de la explotación del petróleo.” Raventós enfatiza que “si la riqueza en el conjunto de Estados Unidos a lo largo de las últimas décadas ha tenido una tendencia a su redistribución a favor de los más ricos… en Alaska ha seguido una tendencia contraria, haciendo de Alaska “el Estado más igualitario de los Estados Unidos”. Si bien a Raventós la forma de financiación en este caso no le parece la más adecuada reconoce que “nada impide admitir que Alaska ha sido el primer lugar del mundo donde se ha instaurado una renta básica”. (Raventós, Las condiciones materiales de la libertad , 2007)A nuestro entender, por el contrario, dejando de lado la variabilidad en el monto (no implica un piso mínimo garantizado), la idea de distribuir los dividendos generados por la renta que surge de la explotación de los recursos naturales como bienes comunes, que pertenecen a la comunidad precisamente, nos parece especialmente indicada para instrumentar los conceptos filosóficos desplegados por Thomas Paine y otros exponentes de la tradición liberal clásica.

¿Dónde se ensayó su implementación a través de experiencias piloto?

Ha habido diversas experiencias en numerosos proyectos piloto que se han ensayado en países muy diferentes entre sí, el último de ellos en Finlandia.
Scott Santens se ha dedicado a estudiar sistemáticamente los resultados de estas experiencias, y concluye de manera contundente en resaltar la enorme cantidad de efectos benéficos que se pudieron deducir de ellas. Mencionamos algunos en las preguntas “¿Qué efectos produciría, ¿cuáles son sus ventajas?”.

¿Cómo se podría implementar (financiar)?

Está claro que la implementación de cualquier sistema de ingreso básico universal implica costos, y por lo tanto su factibilidad financiera (y viabilidad política) están indefectiblemente unidas a dos conjuntos de medidas que la deberían acompañar: una reforma tributaria progresiva (que incremente los recursos disponibles, y que además no genere efectos colaterales no deseados) y una reforma de la política social vigente, que integre o elimine muchos de los programas de asistencia focalizados que se implementan actualmente, (logrando de esta manera una reducción y/o mayor eficiencia del gasto).

La reforma tributaria progresiva que propiciamos debería obviamente ser diseñada con sumo cuidado en sus detalles técnicos; nos limitamos aquí a señalar que debería estar basada en impuestos que graven los ingresos (quizás modificando el actual impuesto a las ganancias) y sobre todo que graven el valor del suelo, en línea con las teorías de Henry George (Milton Friedman reconocería en su momento que el impuesto al valor del suelo que proponía George era, a su entender, “el menos malo”). De esta manera se podría reducir o eliminar la carga que significan impuestos distorsivos y regresivos que gravan el trabajo, el capital y el consumo, tales como el impuesto provincial a los ingresos brutos o la parte del impuesto inmobiliario que grava las mejoras o construcciones.

Es importante señalar que un IBU sin una adecuada reforma tributaria podría generar efectos no deseados que terminen afectando buena parte de su eficacia, derivando parte de los ingresos de los beneficiarios de menores recursos a sectores más concentrados, por ejemplo los grandes propietarios de suelo urbanizado. En este sentido, las advertencias del economista norteamericano Fred Foldvary parecen pertinentes: “Las políticas de impuestos a la propiedad (mejoras) penalizan el completamiento que crea una mayor densidad en los centros de las ciudades y cerca del tránsito. Impuestos a las mejoras y construcciones en edificios hacen que sea más costoso construir y mejorar estructuras. Bajos impuestos sobre el valor del suelo subsidian la expansión, ya que el gobierno proporciona la infraestructura. Una reforma del impuesto inmobiliario que elimine los impuestos sobre edificios y traslade el impuesto al valor de la tierra, promovería más viviendas en la ciudad y reduciría la expansión… Y, por supuesto, la mano de obra libre de impuestos permitiría a los trabajadores pagar la vivienda… Si los fondos provienen de un impuesto a la renta más alto o un impuesto al valor agregado nuevo o más alto, el impuesto será un lastre para la economía, reduciendo los ingresos y el crecimiento. Peor aún, cuando las familias en un barrio tienen mayores ingresos, pujarán por los alquileres de viviendas y los precios de compra. Gran parte de las ganancias de terminarán enriqueciendo a los propietarios…IBU debe financiarse con gravámenes sobre el valor de la tierra o la renta de la tierra. Las ganancias se quedarían con la gente y su costo de vida no aumentaría. Los economistas han conocido por más de 200 años que un impuesto sobre el alquiler no cambia el alquiler. El impuesto reduce el precio de compra de tierra, por lo que la carga recae sobre los propietarios de la tierra… Reemplazar los impuestos sobre los salarios con impuestos sobre la renta de la tierra aumentaría los salarios y disminuiría el valor de la tierra, haciendo que la vivienda sea mucho más asequible”. (Foldvary)

La propuesta de este autor es relativamente simple y se resumen en 3 puntos:
“1. Abogar por la política de “quien contamina paga”.
2. Abogar por la eliminación de subsidios al valor de la tierra haciendo que los propietarios devuelvan el valor recibido de bienes públicos, ya sea por un gravamen nacional sobre el valor de la tierra, o mediante el impuesto sobre la renta.
3. Abogar por un crédito tributario por ingresos del trabajo más alto o un ingreso básico universal.” (Foldvary).

En relación a la integración de programas sociales existentes, podríamos decir que en Argentina “no estamos tan lejos” de un IBU, en relación a lo que a priori podría pensarse. Obsérvese por ejemplo que en la población infantil tenemos la AUH (que de universal no tiene nada, pero así se denomina, paradójicamente), las asignaciones familiares, y las desgravaciones por hijos en el impuesto a las ganancias. Un ingreso ciudadano a la niñez como el que propuso Elisa Carrió en reiteradas oportunidades a partir de mediados de los ´90 habría integrado todos estos programas (la AUH es posterior) y habría evitado buena parte de la elevada incidencia de la pobreza y la indigencia en esa franja etárea. Tenemos por otro lado programas alimentarios, de empleo, la pensión universal para adultos mayores, etc. Y ahora, en la crisis generada por la pandemia, el IFE, que comparte con otros programas focalizados y no individuales todas las desventajas y problemas de este tipo de prestaciones. Un IBU significaría no sólo la reasignación de todo el gasto que estos programas suponen, sino que además permitiría ahorrar todo el gasto administrativo que genera su implementación, a menudo con elevados costos burocráticos para identificar a los beneficiarios y verificar el cumplimiento de las condicionalidades previstas en el diseño del programa.

Queda claro que – mediando las dos condiciones previas; reforma tributaria y reforma de políticas sociales – y teniendo en cuenta que el acceso a un IBU pleno y puro puede ser gradual, que se trata de una propuesta perfectamente factible. Cuando nos referimos a gradualidad podemos estar indicando tanto la progresiva incorporación de beneficiarios en el tiempo por franjas etáreas, empezando por los niños; como la cuantía del beneficio, desde prestaciones ultra-básicas como las que sugiere Esther Duflo para evitar la indigencia hasta montos más elevados que permitan superar el umbral de la pobreza.

No debemos perder de vista que además, como todas las experiencias ensayadas sugieren, un IBU tendría a mediano y largo plazo efectos beneficiosos en diversos sectores de las políticas públicas, que permitirían reducir gasto público (y mejorar su eficiencia) en áreas tales como salud y seguridad, por ejemplo; sin por ello reducir las prestaciones.

¿El IBU sustituiría el Estado de Bienestar?

No, por el contrario, lo jerarquizaría y lo transformaría – si se complementa con otras medidas – en el Estado de Bienestar verdaderamente democrático y progresista que necesitamos en el siglo XXI. En nuestra concepción, y dado que el IBU no es ni pretende ser una panacea, debería ir acompañado de programas de mejoras de las políticas sociales orientadas a garantizar derechos, a los que a su vez potenciaría: a la educación, a la salud, a la vivienda y a la ciudad, al ambiente sano, a la cultura, etc..

¿Desalentaría el trabajo?

No. Produciría el efecto exactamente inverso al que muchos le atribuyen. Fomentaría el trabajo con sentido, el autoempleo, el emprendedorismo y la creatividad. En definitiva, no significa “menos trabajo”, sino “mejor trabajo”!

¿Cuáles son sus ventajas, qué efectos produciría?

No estigmatizaría, evitaría la “trampa de la pobreza”, favorecería “mejor” trabajo, incrementaría el autoempleo, mejoraría la (pa)maternidad, mejoraría la educación, mejoraría el acceso a la vivienda, favorecería el ahorro, reduciría el gasto público burocrático, permitiría simplificar y mejorar la matriz tributaria, incrementaría el poder de negociación de los trabajadores, mejoraría los determinantes sociales de la salud, mejoraría la seguridad, incrementaría los márgenes de libertad y autodeterminación, mejoraría la integración social, reduciría las prácticas de dominación clientelar, mejoraría la distribución del ingreso, y favorecería la construcción de ciudadanía y el ejercicio de derechos y deberes políticos.

¿Es compatible con una visión socialdemócrata?

Para responder esta pregunta nos remitimos a la opinión autorizada de Aldo Neri, quien quizás fue quien primero y con mayor lucidez observó esta cuestión en nuestro país: “El ingreso universal no es una cosmética social: es un profundo cambio social estructural. Desde Milton Friedman, que lo pensaba como una manera de ingresar al “estado mínimo”, hasta visiones socialistas, siempre se lo imaginó como una revolución pacífica y democrática.”… “Presupone, desde una visión socialdemócrata como la mía, el cambio de muchas instituciones del estado y la sociedad civil y una estrecha coordinación con la política económica: oficia de acompañante de la reforma de la seguridad social como complementario a la jubilación universal y otras prestaciones; también exige la reforma del sistema impositivo que resulta un requisito paralelo indispensable; se asocia coherentemente a las prioridades en la obra pública como elemento redistributivo, que abarca el ambiente, el urbanismo, los servicios, el transporte y la vivienda; remplaza buena parte del asistencialismo; finalmente, se enlaza con la educación y el sistema de salud para tratar de hacerlos universales e igualitarios. Únicamente nuestro viejo y estructural cortoplacismo puede postergar una discusión cuyo resultado peor sería un parche que nos relevara de responsabilidad durante un tiempo.” (Neri, Empleo, salario y bienestar, 2017) … “Fin del clientelismo, es un derecho que se tiene, no hay que agradecerlo a nadie, hay que agradecerlo a la democracia”… “El ingreso ciudadano tiene efectos no sólo sociales, políticos y económicos, sino también culturales. La ciudadanía se siente más integrada cuando comparte determinados bienes y servicios básicos en condiciones de igualdad; el “todos adentro” refuerza la cohesión social, y eso es la democracia social.” (Neri, 2016)

Podríamos agregar también las siguientes palabras de Ricardo Lafferriere: “…pareciera que la tendencia hacia una sociedad global igualitaria requeriría establecer como meta una especia de “estado de bienestar universal”, para cuyo logro deberían desatarse tendencias en diversos espacios: tarifas de servicios públicos universalizadas, una fiscalidad universal…, ampliación del ingreso básico hacia todos incorporando progresivamente los “colectivos” más vulnerables,… extensión hasta su universalización y mejoramiento de las prestaciones de salud, garantía de la educación permanente y de calidad…, etc.”…“El desafío mayor entonces es imaginar mecanismos que, cubierto universalmente el piso de ciudadanía, hagan depender el ingreso incremental de cada uno de su capacitación, esfuerzo y riesgo, sin afectar ya la dignidad de su condición humana” (Lafferriere, 2017)

¿Se ha propuesto en Argentina?

SÍ (parcialmente). Si bien no se puede decir que se haya propuesto como proyecto normativo en un sentido estricto de manera integral, existen numerosos antecedentes en este sentido, algunos de los cuales mencionamos a continuación:
– Proyecto de ley de Ingreso ciudadano a la niñez (Diputadas Elisa Carrió y Elisa Carca,1995)
– Ingreso ciudadano a la niñez de Paraná (implementado por un breve período en 2003)
– Proyecto de ley de Asignación Universal a la Niñez (Senador Sanz, 2006)
– Proyecto de reforma de Renta básica de ciudadanía en Entre Ríos (Convencional Américo Schvartzman, 2008)
– Proyecto de ley de Ingreso mínimo garantizado (Senador Giustiniani, 2008)
– Proyecto de ley de Ingreso básico universal de emergencia (Diputado Cacace, 2020).

Los casos mencionados no constituyen ejemplos de propuestas de IBU “puras”, absolutamente incondicionales y universales, pero consideramos que constituyen antecedentes valiosos que han servido para ir instalando el tema en la agenda pública, aunque obviamente siempre debemos estar atentos al riesgo que se deriva de una incorrecta interpretación del concepto fundamental.

Y finalmente en marzo de 2020, junto a personas de diversas ideologías y pertenencias partidarias, firmamos este año un petitorio propuesto por la Red Argentina de Ingreso Ciudadano, que reproducimos a continuación:

Ingreso ciudadano como respuesta justa y necesaria
“Tenemos la convicción de que el acceso a los bienes esenciales es la condición necesaria para la existencia de una ciudadanía democrática, que garantice un horizonte de igualdad y dignidad para todas las personas.

Es por ello que ante el drama que conmueve al país y el mundo se debería reorientar el actual esquema de protección social y transferencias de ingresos a las personas hacia un Ingreso Ciudadano (renta básica). Esto es garantizar el pago por parte del Estado de un Ingreso Universal e Incondicional. El Ingreso Ciudadano, entendido como una transferencia monetaria incondicional del Estado al universo de residentes en el país, que es de fácil instrumentación y tiene bajos costos administrativos. Evitaría los errores de selección –por ende, la discriminación- y facilitaría la mecánica de la distribución y el acceso directo de la población a dicha renta.

Esta propuesta, cuya promoción circula con vigor en todo el mundo, ha sumado nuevas adhesiones ante la situación de emergencia económica y social derivada de la pandemia del COVID-19. A los clásicos argumentos a favor del Ingreso Ciudadano se suman dos:

La pandemia del Covid 19 profundiza la crisis económica que ya arrastraba la Argentina. En este contexto, es necesario desanclar los ingresos de subsistencia de los que reciben las personas en los mercados de empleo. El impacto negativo comprende prácticamente a todas las actividades.

La expansión de la pandemia y el miedo a futuras catástrofes epidemiológicas acelerará los procesos de robotización y automatización ya en curso, al tiempo que avanzará una mayor flexibilización de los contratos laborales. La caída de la demanda y el aumento de la oferta laboral aumentarán la precarización del empleo y el desempleo, golpeando con mayor impacto a la fuerza laboral más vulnerable pero también a los trabajos rutinarios más calificados.

El escenario mundial y la economía local no permiten pensar en una pronta recuperación económica. Más bien, lo que cabe esperar es un fuerte cuestionamiento acerca de las formas en que están organizadas hasta ahora las sociedades democráticas capitalistas. La creciente dependencia de programas asistenciales y el aumento del control social sobre las personas son también argumentos para defender la rápida introducción de políticas como el Ingreso Ciudadano en Argentina. Este debate debe incluir una reformulación de la política tributaria en favor de impuestos progresivos que alcancen a la riqueza y a los más altos ingresos y una fuerte inversión en servicios sociales colectivos de acceso gratuito como la salud, la educación, la vivienda, el transporte público, etc.

Hay equipos que vienen trabajando hace tiempo, como la Red Argentina de Ingreso Ciudadano (Redaic) — como parte de la BIEN (Basic IncomEarth Network), que viene fomentando este debate, elaborando proyectos y argumentos a favor del Ingreso Ciudadano. Hoy, muchos gobiernos y movimientos sociales en la mayoría de los países de Occidente están discutiendo la propuesta y realizando pruebas exploratorias sobre sus efectos. Creemos que es el momento de avanzar en esa dirección en Argentina y abrir así el camino para un cambio de paradigma económico y social en el país, que garantice como primera condición la existencia misma de todas las personas, que promueva la libertad para que desarrollen sus capacidades de generar ingresos propios, evitando el asistencialismo y el clientelismo. Sería deseable que esta política surgiera de un amplio acuerdo político, económico y social para que tenga una fuerte legitimidad social y política.
Con estas convicciones, nos dirigimos a toda la sociedad argentina y convocamos a acompañar con firmas esta demanda a la clase dirigente para la inmediata implementación de un Ingreso Universal e Incondicional en el país, junto con una reforma tributaria progresiva y un programa de inversión en servicios sociales colectivos de acceso gratuito.” (Red Argentina de Ingreso Ciudadano, 2020)

Hagámoslo realidad

Como dijera Hipólito Yrigoyen, “la democracia no consiste sólo en la garantía de la libertad política: entraña a la vez la posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimum de felicidad siquiera”. Y ese mínimo de felicidad requiere, como es obvio, disponer de las condiciones materiales de la libertad. El desafío está planteado. El IBU no es una panacea, pero sí es probablemente la herramienta más contundente que tenemos a la mano para construir la democracia social del siglo XXI. No es una mera reforma de circunstancia de las políticas sociales, no es un parche ni un alivio coyuntural de la pobreza y la exclusión. Es, o debe ser en todo caso, parte de una política integral, que articule las dimensiones políticas, económicas, sociales y ambientales. Se puede lograr. El principal insumo que se necesita es voluntad política, sin voluntarismo pero también sin resignación. Hasta ahora era políticamente imposible, hagámoslo políticamente inevitable.

(*) Ex diputado provincial de Cambiemos.-