Una cámara de Gendarmería clave que “no se activó” justo cuando le disparan al fotógrafo Pablo Grillo
“No fue activada”: fue la respuesta de Gendarmería Nacional al pedido de la Justicia para que le remitan el material fílmico de una cámara Go Pro que podía ser clave para la investigación de las responsabilidades en el caso del fotógrafo Pablo Grillo, herido gravemente por un disparo con una pistola lanzagases durante una manifestación a favor de los jubilados.
Se trata de imágenes que podrían haber sido registradas por una cámara Go Pro que portaba un efectivo de Gendarmería al que se lo ve en los registros fílmicos junto al cabo Héctor Guerrero, sindicado como el que disparó la pistola lanzagases contra Grillo.
La jueza federal María Servini pidió esas imágenes y Gendarmería Nacional, ante la segunda intimación, respondió que la cámara que portaba un gendarme de la Sección Empleo Inmediato, “no fue activada por lo que no cuenta con registros fílmicos de dicho operativo”
Los querellantes remarcaron que en unas fotos de la secuencia de imágenes que había enviado la propia Gendarmería, se ve que “luego de que Guerrero dispara su arma lanzagases en ángulo horizontal y en dirección a Pablo Grillo, otro gendarme con una cámara Go Pro incorporada a su casco, le toca el hombro en señal de aprobación”.
Esas imágenes eran las reclamadas por la querella y la jueza. Pero esa cámara Go Pro no filmó.
Para la querella que representa a la familia Grillo, luego de analizar el contenido de los videos aportados por la GNA y las modulaciones aportadas por la Policía Federal, “queda en evidencia que existen en ellos inconsistencias, vacíos temporales y fragmentación”.
En el caso de los videos, advierten tramos faltantes en momentos clave del operativo, así como la omisión de escenas de interés probatorio.
Por otra parte, el único archivo de audio con modulaciones radiales entregado por la PFA “presenta una duración sustancialmente menor al rango horario consignado en su título, sin explicación sobre el criterio de recorte ni acompañamiento de transcripción o indicación precisa de los horarios cubiertos”.
Para los querellantes, el CELS y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, esas irregularidades comprometen la confiabilidad del material probatorio.
Por ello solicitaron a la jueza que se libre oficio a fin de requerir las aclaraciones y documentación complementaria necesaria para conocer la totalidad de la evidencia.