En un nuevo Informe de Coyuntura elaborado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) junto al Senado de la Provincia de Buenos Aires, un equipo de economistas advirtió que el ajuste que impulsa el gobierno de Javier Milei impactará en las provincias con un recorte estimado en u$s 25.000 millones, lo que, según el estudio, “pone en riesgo la gobernabilidad y la convivencia social”.
El trabajo, coordinado por el exsecretario de Comercio y de Política Económica Roberto Feletti, subraya que el ajuste fiscal récord en Argentina redujo en dos años el peso de la administración nacional en la economía desde un promedio histórico de 25 puntos del PIB a los 15 puntos actuales, lo que implica una poda de casi u$s 50.000 millones.
Un ajuste que califican de “retirada salvaje”
Para los autores, esa poda constituye “una retirada salvaje de la inversión pública y social”. Y precisan: “Si esa baja se consolidara en el tiempo, sería imposible recuperar el consumo interno, que -vale recordarlo- es el principal dinamizador de la economía argentina”, remarcan.
Con esa advertencia, el informe proyecta que el recorte sobre las provincias y los municipios sumará otros u$s 25.000 millones, lo que profundizaría el impacto territorial del ajuste.
El Pacto de Mayo y el tope al gasto público
La magnitud del recorte, indica el documento, surge del Pacto de Mayo, a través del cual el Gobierno logró imponer que el gasto del sector público consolidado (Nación, provincias y municipios) tendrá un tope de 25% del PIB.
“Si el gasto del Estado nacional se mantiene en 15% del PIB, eso implica que las provincias deben limitarse al 10% restante”, advierte el texto.
En ese camino, el informe detalla que esa meta contradice “el promedio del gasto público consolidado de provincias más municipios, que es históricamente del 15% del PIB”. Y agrega: “Un eventual recorte de 5 puntos del PIB para ajustarse al tope fijado por el Pacto de Mayo equivaldría a una poda de u$s 25.000 millones”.
“La motosierra del ajuste comenzó por el sistema previsional, las universidades, la obra pública y los programas de protección social. Ahora llega el turno de las provincias y de los municipios”, completan los economistas en sus conclusiones parciales.
Impacto en servicios básicos y en las comunidades
Otro de los ejes del análisis es el rol social de las provincias. En ese sentido, el informe recuerda que las administraciones provinciales son responsables de servicios de salud, educación, seguridad y, en conjunto con los municipios, de bienes sociales diversos.
“Inducirlas a un ajuste de esta dimensión impactará en sus comunidades, que ya están afectadas por la caída de la actividad y que además verán subir los costos de los servicios con el probable cambio en el régimen de Zonas Frías”, detalla el estudio.
El límite político del ajuste y la comparación con los ‘90
En otro tramo, el documento sostiene que el ajuste es la única herramienta que esgrime el gobierno de Milei “por mandato externo y convicción propia”, y se interroga sobre dónde encontrará su límite político.
“Un límite que debe y sólo puede fijar la sociedad argentina, que es una sociedad lacerada”, plantea el texto, al describir el cuadro social que observa el equipo de economistas.
Asimismo, el informe cuestiona la viabilidad del programa oficial: “Por otro lado, la experiencia libertaria, más allá de sus enunciados, no logra resultados que garanticen sostenibilidad”, advierte.
Y concluye con una comparación histórica: “Milei tiende a compararse con Menem, pero el modelo de la Convertibilidad contaba con ingreso masivo de capitales vía privatizaciones y emisión de deuda (tras la reestructuración del Plan Brady). No es lo que sucede hoy”, sentencian.
