Un grupo de gobernadores adhirió al “plan canje” de deudas del Gobierno
El grueso de los gobernadores pusieron en jaque el proyecto de Presupuesto 2025 y ahora piden una reunión con Guillermo Francos y Luis y Santiago Caputo para llegar a un acuerdo y garantizarse fondos, mientras Javier Milei amenaza con prorrogar por segundo año consecutivo la ley vigente de 2023.
En ese contexto y aunque no es obligatorio y tenían 10 días por delante para hacerlo, ocho mandatarios provinciales de todos los colores políticos ya se adhirieron al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas que el Gobierno lanzó el 31 de octubre.
Se trata del programa con el que el Gobierno busca llegar a un acuerdo con las 24 provincias que reclaman deudas a la Nación y/o que también tienen pasivos con la administración central. “El objetivo es iniciar una nueva etapa en la relación federal”, señaló el vicejefe de Gabinete de Interior durante la presentación de la iniciativa, cuando habló de un “borrón y cuenta nueva”.
El programa permite a la Nación cancelar parte de sus deudas con la cesión a las provincias de terrenos fiscales, rutas o de empresas públicas, siempre y cuando éstas acuerden.
El resto de los distritos tienen hasta el 12 de diciembre para acogerse voluntariamente al régimen. Las provincias que ya lo hicieron tienen otros 30 días hábiles para presentar la documentación respaldatoria de su estado de deuda. En el Gobierno esperan que más provincias se incorporen al régimen para saldar deudas.
El último gobernador en sumarse al programa fue un opositor duro, el único del grupo que no recibió Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El pampeano Sergio Ziliotto pasó por la Rosada el jueves. Según los funcionarios pampeanos, la gestión de Milei arrastra deudas solo en lo que va de 2024 por $70 mil millones, una cifra que podría trepar a los $100 mil millones antes de fin de año.
En la cuenta pesa sobre todo la falta de pago a la caja jubilatoria provincial, que acumula una deuda retroactiva de otros $150 mil millones. El gobernador, junto con otros 12 ejecutivos provinciales afectados, recurrió a la Corte Suprema y espera. En lo que va del año la Nación no transfirió un peso a las mencionadas cajas previsionales.
Otros cuatro ejecutivos de provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias adhirieron al régimen. Se trata de Ignacio Torres, de Chubut; Hugo Passalacqua, de Misiones; Claudio Vidal, de Santa Cruz; y Gustavo Valdés de Corrientes.
El primero, del PRO, fue el ideólogo de que el Gobierno ofrezca transferir rutas a las provincias. A principios de año, chocó de frente con la Casa Rosada cuando la Nación le pisó la coparticipación que la provincia había puesto como garantía de un adelanto. El vínculo mejoró y más allá de los cortocircuitos, el gobernador, que reparte poder en su gabinete con los libertarios, anunció un plan de desendeudamiento por el sideral rojo heredado en las arcas provinciales. “Voy a terminar mi gestión dejando a la provincia totalmente desendeudada, con solo una cuota a pagar de US$ 65 millones”, prometió Torres en septiembre.
Misiones, en tanto, es el destino preferido de las escasas transferencias discrecionales del Gobierno. La emergencia hídrica y la alimentaria disimuló el auxilio tras la huelga policial de hace pocos meses. El vínculo fluido entre la administración nacional y la provincial lubricó la colaboración misionera para blindar los vetos del presidente.
El santacruceño Claudio Vidal es uno de los pocos gobernadores con diálogo con el Ejecutivo que se negó a firmar el Acta de Mayo. No rompe los puentes con el Gobierno. La cuenta le da en rojo. En junio devolvió $23.000 millones por un préstamos que había tomado Alicia Kirchner.
El ministro de Economía destacó que el gobernador se comprometió también a cancelar antes de fin de año deudas por $20 mil millones de electricidad y gas que mantiene la provincia con la Nación.
El gobernador de Corrientes Gustavo Valdés, de la UCR, no descarta saldar la deuda de la Nación con la caja jubilatoria provincial por $25 mil millones, que se generó entre 2017 y 2019. “¿Cuáles serían los inmuebles interesantes para la Provincia? Eso lo veremos de acuerdo con la oferta disponible”, señaló el mandatario provincial tras reunirse con Javier Milei en la Rosada.
Con menos sorpresa, otros tres gobernadores adhirieron sin dilaciones al régimen propuesto por el Ejecutivo. Se trata los tres colaborativos gobernadores del norte: Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán, quien en junio refinanció una deuda de $80 mil millones con el Estado nacional. Las tres provincias dependen de las transferencias de coparticipación, que fueron a la baja en los últimos meses.