Un grupo de abogados ex Montoneros tomaron la defensa de Facundo Jones Huala y buscan evitar su extradición a Chile
La Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina, una agrupación fundada, entre otros, por el ex líder guerrillero de Montoneros, Roberto Cirilo “Pelado” Perdía y Eduardo “El Negro” Soares, se hizo cargo de la defensa del referente mapuche Facundo Jones Huala, que permanece detenido en el penal federal de Esquel a la espera de lo que resuelva la Justicia sobre el pedido de extradición formulado por Chile.
En diciembre de 2018, el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia lo condenó como autor del incendio de una finca a 6 años de cárcel y además le impuso otra condena de 3 años y un día de prisión por tenencia ilegal de armas.
El tribunal de juicio le computó a favor los 1.178 días de prisión preventiva que Huala cumplió en Argentina y Chile. Por eso, el 26 de junio de 2024 se agota la pena.
Facundo Jones Huala, que se identifica como lonco o lonko, -jefe guerrero- de la Lof de Resistencia en Cushamen, de Chubut, fue detenido por la Policía de Río Negro la madrugada del 30 de enero pasado, en estado de ebriedad y disfrazado de mujer en un domicilio del barrio Nueva Esperanza de El Bolsón. Estaba prófugo desde febrero de 2022. De inmediato la Justicia trasandina inició los trámites para solicitar su extradición.
La Corte de Apelaciones de Temuco le había otorgado el 21 de enero del 2022 la libertad condicional; pero el Ministerio Público Fiscal impugnó esa decisión y la Corte Suprema de Chile revocó el beneficio a mediados de febrero del 2022. Cuando los carabineros fueron a detenerlo al domicilio que había declarado en el expediente, el líder de la RAM -Resistencia Ancestral Mapuche- ya no estaba.
El 5 de marzo pasado el propio referente mapuche rechazó ser extraditado en la audiencia que mantuvo ante el juez federal Gustavo Villanueva. Sostuvo ser “un preso político” y que en ese caso no es procedente la extradición según las normas vigentes.
Días pasados, Eduardo Soares, quien ingresó a la organización guerrillera Montoneros en 1972 y Gustavo Franquet -también ex Montonero e integrante la ex organización piquetera Quebracho- sus flamantes abogados, fueron quienes entraron en acción y comenzaron a desplegar su estrategia defensiva: recusaron al juez a cargo de la extradición.
En primer lugar, sostuvieron que el magistrado “intervino en el pedido de extradición anterior y en tal carácter emitió opinión tanto en la etapa de instrucción como en la de juicio”. En el escrito de “inhibición” de cuatro fojas, sostuvieron que Villanueva, que subroga el juzgado federal de Bariloche, “emitió opinión sobre el fondo del asunto”.
También presentaron una lista de seis testigos, entre los que se encuentra Rafael Antonio Bielsa, el embajador argentino ante la República de Chile porque “participó, en tal carácter, de las audiencias en las que se discutió la libertad condicional del señor Jones Huala”.
La estrategia es “desarrollar una visión clara del conflicto entre el estado chileno y el pueblo mapuche habitante de ese país, haciendo hincapié en las respuestas jurídicas, punitivas y carcelarias que fue desarrollando el estado, para concluir con una apreciación del desarrollo y las particularidades del proceso que, tras la extradición desde Argentina, se llevó adelante contra el señor Jones Huala, el tratamiento carcelario que recibió y el desarrollo del proceso administrativo y judicial en el cual se abordó la concesión de su libertad condicional”.
Soares y Franquet sostienen que en el sistema carcelario chileno será torturado tal como ya lo denuncio Huala. “Nosotros decimos que una de las causales que trabaría la extradición es la tortura en el país requiriente. Si Facundo fuera extraditado a Chille es probable y lo vamos a probar con testigos y documentación que va a ser torturado”, enfatizó Soares después de solicitar el apartamiento del juez.
En los fundamentos para evitar la extradición, los letrados insisten en que: “La condena, la prisión subsecuente y la resolución de la solicitud de libertad condicional, todo ello responde a un conflicto social y político y a decisiones administrativas y judiciales de pleno contenido político; a que pretendemos demostrar que el Estado chileno en todo ese trayecto incumplió diversos derechos fundamentales consagrados para todas las personas y, particularmente, aquellos que protegen a las poblaciones indígenas; y a que ya el Señor Juez actuante -por Villanueva-, al dictar en su momento la extradición para que fuera juzgado, adelantó opinión sobre las condiciones con las que se encontraría el señor Jones Huala tras la misma, ya en Chile, entendemos que debería inhibirse de entender en este proceso”.
El juez federal, en el primer trámite de extradición, había ponderado el sistema carcelario y de justicia de Chile.
“Villanueva ya dijo que no iba a ser torturado, o sea ya opinó sobre eso, entonces es un juez que -con todo respeto- está contaminado”, argumentó Soares.
La recusación ya fue elevada a la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca quien deberá expedirse. La maniobra dilatoria pretende extender hacia adelante la fecha para una nueva audiencia de extradición y que las semanas o los meses sigan trascurriendo con el líder mapuche encarcelado en el país y no en Chile dónde, entiende su defensa, el sistema penal es mucho más duro que en la Argentina.
Soares y Franquet, al revisar el pedido de extradición del líder de la RAM -que también tiene una causa penal abierta en Esquel- descubrieron un error en la documentación de extradición enviada a la Argentina a través de la embajada de Chile en el país.
Al dar los datos personales del imputado, y argumentar que fue condenado “como autor de los delitos consumados de incendio y tenencia ilegal de arma de fuego”, se sostiene que por esa razón se solicita la “extradición activa del ciudadano chileno Francisco Facundo Jones Huala”. La documentación, membretada y sellada está fechada el 27 de febrero de 2023.
El error flagrante es que el detenido no es de nacionalidad chilena, sino argentino. Nació en Bariloche y pasó su infancia en el barrio 169 Viviendas, en la periferia de la ciudad, junto a su madre María Isabel Huala.
Los dos abogados del líder mapuche argumentaron que “el requerimiento de la documentación que envió el Estado de Chile nombra a Facundo, y dice nacionalidad chilena, con lo cual nosotros entendemos que es un error o que se subsane o que implica una nulidad porque no estamos hablando de la misma persona”.