Un “gran” cambio… ¿a trabajar hasta los 60/65 años?

Aunque no precisó cuál es la propuesta de reforma previsional, el presidente Mauricio Macri planteó que el régimen actual “esconde varias inequidades y no es sustentable”. Pero, mientras se analizan modificaciones en el esquema, sigue la pulseada por el financiamiento de las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación, que, para seguir recibiendo fondos de ésta, deben “armonizar” sus diferentes características para que coincidan con las del sistema nacional.

 

Esta semana hubo una nueva reunión entre ministros de Economía provinciales y funcionarios nacionales, pero la discusión está trabada. La Anses viene reclamando, para seguir pagando lo correspondiente a este año, el padrón de los beneficiarios provinciales hasta diciembre de 1999 y la historia laboral de los jubilados posteriores a 2000.

Recordemos que no pasaron sus cajas de jubilación a la Nación Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

 

El acuerdo para el financiamiento se incluyó en la Ley de Reparación Histórica para lograr el voto de los senadores y, en las regulaciones posteriores, se estableció que la Nación desde este año destinaría a las cajas no transferidas igual monto que el que debería destinar para administrar ellas el déficit.

Además, penalizaría a los distritos que no avanzaran en el proceso de armonización, con una quita del 20% por cada condición que no se cumpliera.

 

Los regímenes provinciales en general prevén edades de retiro más bajas que el nacional (60 años para mujeres y 65 los hombres) y cuentan con regímenes especiales como a los que apuntó Macri en su presentación de reformas. En ese punto, sin embargo, hay más a nivel nacional que provincial; los más comunes son los que alcanzan a fuerzas de seguridad, docentes, jueces, construcción y Luz y Fuerza. Por ejemplo, para los déficits de Buenos Aires y Córdoba el mayor peso es el que aportan las cajas propias de los bancos provinciales y la de la policía bonaerense.

 

Fuentes consultadas admitieron que, en medio del tironeo por la financiación, el debate por las reformas a instrumentar por las provincias quedó en un segundo plano. Por ejemplo, respecto de la edad, la Nación exige que al menos el 80% de los aportantes al sistema cumpla con las fijadas por la Anses.

 

Expertos previsionales entienden que ese debate resulta insuficiente si no se corrigen los regímenes especiales. “Son tantos que, al final, los 60 y 65 años los terminan cumpliendo sólo los que quedan afuera. Hay que ir al fondo de la cuestión”, señaló un especialista. El caso más complicado es el de Santa Cruz, donde un trabajador provincial se jubila a los 50 años con el último salario y el 82% móvil.

 

Las otras exigencias de reforma por parte de la Nación son que las provincias apliquen las mismas alícuotas para aportes y contribuciones que a nivel nacional; que se use el esquema nacional para determinar las prestaciones por invalidez y que los beneficiarios de pensiones derivadas sean los mismos que para la Anses.

 

También reclama que, al momento del retiro, el cálculo del haber inicial se haga sobre la base del promedio de las últimas 120 remuneraciones y que la actualización de beneficios siga índices que garanticen “consistencia” entre ese aumento y el de los ingresos por aportes y contribuciones.

 

Desde el Consejo Federal de Previsión Social, su presidente, Daniel Elías, dijo a La Nación que las exigencias son las mismas que las del Kirchnerismo: “Discutimos sobre bases viejas cuando al aprobar la reparación se fijó que había que discutir un nuevo régimen”.

 

La idea de Cambiemos es que, como máximo, en 2019 haya un régimen previsional igual en todo el país. El decreto 894/16 establece que a partir de 2021 no se asistirá financieramente a las provincias que no hayan armonizado sus sistemas.

 

Para el año que viene, la Anses tiene previsto enviar $ 14.000 millones para financiar las cajas provinciales no transferidas a la Nación. Se calcula que el déficit total de ellas asciende a $ 22.000 millones.

 

Los regímenes provinciales en general prevén edades de retiro más bajas que el nacional, que es de 60 años para mujeres y de 65 años para los hombres.

 

Otra exigencia es que las provincias apliquen las mismas alícuotas para aportes y contribuciones que a nivel nacional.

O sea… la proposición del “Cambio” es que las provincias se sigan sometiendo a los dictámenes de Nación. ¿Unitarismo puro?