Un funcionario del ENaCom fue a trabajar durante nueve días, tras volver su esposa de España
El director de Relaciones Institucionales del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Luis Lazzaro, fue a trabajar durante nueve días al organismo oficial, luego de que su esposa volviera de Barcelona, España el pasado 4 de marzo; pese a la obligación que había de estar en cuarentena, para los que tenían “estrecho contacto” con personas que hubieran estado desde fines de febrero en países de riesgo.
El funcionario no quiso estar en aislamiento y fue a su oficina, entre el 4 y el 13 de marzo, hasta que las autoridades lo “invitaron a retirarse” y le prohibieron su ingreso al organismo oficial. Es que Lazzaro tiene 40 personas a su cargo y se movía sin restricciones en el piso 11 del edificio porteño del ENaCom, ubicado en Perú 103.
El primer caso de coronavirus en la Argentina se había registrado el 3 de marzo. Y 10 días después ya habían casi 20 casos sólo en la ciudad de Buenos Aires. En esa época, primero rigió la cuarentena voluntaria para los que hubieran regresado de países en riesgo, junto con sus “contactos estrechos”; luego se les dio licencia a los empleados públicos, en las mismas condiciones; y el 12 de marzo se decretó un “aislamiento preventivo” obligatorio para quienes hubieran regresado desde fines de febrero de países como España.
Eso incluía a las personas que vivieran con las personas que podrían estar contagiadas, aunque todavía no hubieran tenido síntomas de tener coronavirus. Pero Lazzaro, que tiene más de 60 años y cuya esposa es una de las principales abogadas que realiza trámites en el ENaCom, siguió yendo a su oficina como si nada ocurriera, hasta la tarde del viernes 13 de marzo.
El funcionario defendió su accionar y dijo que no cometió “ningún acto irregular” al ir a trabajar a su oficina, porque el Decreto de aislamiento obligatorio que dictó el Gobierno el 12 de marzo planteaba la cuarentena obligatoria para su esposa, Susana Pachecoy, pero no para él. Y agregó que él hubiera tenido que estar en aislamiento preventivo sólo si ella hubiera sido un caso “sospechoso”; pero que la normativa no establece restricciones para la pareja de quien haya viajado a España y no tenga síntomas de la enfermedad, dijo Lazzaro a los colegas de Clarín.
Según el funcionario del ENaCom, fueron “absolutamente observados y cumplidos los recaudos del Artículo 7 del Decreto 260/2020 del jueves 12 de marzo, así como su reglamentación posterior del pasado 16 de marzo”. A su entender, los cuestionamientos a su accionar constituyen “desinformación, fake news o mala fe”.
Sin embargo, su actitud generó el repudio de los empleados que trabajan en el Ente Nacional de Comunicaciones y de la conducción del organismo oficial, que analiza aplicarle sanciones.
“Acá somos más de 40 personas los que trabajamos con él. Y vino durante varios días a su oficina, pese a que le decíamos que era mejor que no viniera y a que el Gobierno ya insistía sobre los riesgos de romper la cuarentena”, dijo un empleado del ENaCom, que pidió mantener su anonimato. Y agregó: “Lo insólito fue que siguiera viniendo el jueves y viernes de la semana pasada, cuando el Gobierno ya había sacado un Decreto exigiendo el aislamiento obligatorio de quienes hubieran estado en países de riesgo, como España”. Por entonces, en España ya había 4.200 infectados con coronavirus y habían muerto más de 100 personas.
Para el constitucionalista Andrés Gil Domínguez la actitud de Lazzaro fue “ilegal”, porque no sólo su pareja tenía que estar en aislamiento, sino también “el funcionario conviviente”, por tener contacto estrecho con la persona que estaba en cuarentena. Al quebrar el “aislamiento obligatorio establecido en el Decreto 260, le cabe un proceso penal tipificado en los artículos 205 y 239 del Código Penal”, dijo Gil Domínguez.
Es que la actitud de Lazzaro sería una irresponsabilidad manifiesta durante los primeros días, cuando se recomendaba el aislamiento voluntario; pero habría sido un delito los días jueves 12 y viernes 13 de marzo, según el abogado Gil Domínguez, cuando ya regía la prohibición de contacto para quienes vivían con gente que había estado desde fines de febrero en países de riesgo sanitario por el coronavirus, como España.