UADER: estaría lista un Acta Acuerdo para su rúbrica
Tras constituirse días atrás un espacio de participación promovido por el gobernador de la provincia, Sergio Urribarri, el cual sume la totalidad de los actores relacionados con la Universidad Autónoma de Entre Ríos y que garantice el cumplimiento del pronunciamiento judicial del STJ con fecha 30/4/2012, el establecimiento de un plazo seguro para la normalización cierta de la UADER, y se cristalicen los procesos legales indispensables para asegurar su democratización, se estaría a un paso de rubricar un acuerdo que encauzaría con un excelso sentido democrático la coyuntura que afecta el normal funcionamiento de ésta Casa de Altos Estudios.
Por el mismo, se reconocería la legalidad de las elecciones que en pos de la normalización buscada, han realizado los claustros estudiantil, de graduados y no docentes, reconociéndose que se encuentran en trámite de consustanciación concursos inherentes al claustro de la docencia.
Las partes en cuestión, convendrían dar fiel y acabado acatamiento al judicial dictado el 19/3/2012 por el Juez de Instrucción N° 3 de Paraná y homologado el 30/4/2012 por el STJ.
Se tendría presente el número de concursos que de acuerdo a los informes elevados por los decanos normalizadores restan realizarse, determinándose como plazo moderadamente veraz para la sustanciación y consumación de los concursos en trámite la fecha del 30/11/2012, rescatándose que la predisposición enunciada de quienes suscribirían la pre-citada acta que, a partir de allí se convoquen a las elecciones para el claustro docente ineludibles que posibiliten la elección de Consejeros, constitución de los respectivos Consejos Directivos, convocatoria de los Colegios Electorales y de la Asamblea Universitaria que procederá a la elección del rector de la UADER, conviniéndose y/o estableciéndose el cronograma electoral.
En pos de dar cumplimiento a los plazos constituidos, el gobierno de la Provincia arrogaría el compromiso de garantizar presupuestariamente las sumas imprescindibles para la sustanciación y finalización de los concursos del claustro docente en trámite, ratificandose de éste modo la postura permanente gubernamental en custodiar las requisitorias de mayor democratización y como respuesta concreta a la solicitud de ciudadanía plena, dejando declarado que, con sujeción de su grado de autonomía, la plasmación debe germinar dentro de la legalidad y el marco regulatorio que plantea y habilita el Estatuto Provisorio de la UADER, aprobado oportunamente por el Ministerio de Educación de la Nación.
Por último, se reconocería la necesidad de avanzar en la regulación de situaciones de revista del personal No Docente de la UADER.
Reflexión
Lo expuesto en éste material periodístico es un borrador. Desde el gobierno la expectativa es mesurada. No hay pesimismo, aunque tampoco el grado de optimismo que se espera de parte de la comunidad toda pues crece el número de padres preocupados por las tomas y por el futuro de la Universidad como tal.
Quizás el margen de esperanzas radique en la concientización progresiva que vaya aflorando en el heterogéneo seno de las distintas líneas estudiantiles de los demandantes, y en el paulatino discernimiento que se aprecia en lo concomitante a la comprensión de la coyuntura y muy especialmente al contenido retórico de ciertos discursos, en especial de docentes que en su momento tuvieron notable implicancia en lo inherente a lo que hoy se rechaza y demanda o se solicita un re-encauce tan drástico luego de haberse podido aportar ese grano de arena necesario oportunamente.
Es obvio que el bosquejo pueda llegar a tener implícito tiempos no acordes a lo deseado por los reclamantes, pero sí se estaría evaluando en ámbitos gubernamentales salir a la palestra con un manifiesto tajante y probatorio del espíritu constante de ésta gestión, en propender a la tan deseada normalización obedeciendo no obstante procesos judiciales en marcha.
La idea radicaría en que, de no firmarse por parte de la denominada Asamblea Interclaustros el Acta Acuerdo, se darán a conocer todas las intenciones de acercamiento de posiciones por parte del Gobierno, enumerándose puntos abordados ante cada uno de los actores de la comunidad universitaria para destrabar el conflicto de un modo expedito y comprometido, contando con la anuencia de gremios como AGMER y ATE, más la promesa de sectores estudiantiles involucrados que poco a poco van moderando sus exiges y sí evidencian un espíritu edificante y democrático por sobre otros que indudablemente han levantado banderas intransigentes con intereses poco claros o constructivos.
Éste esbozo de Acta Acuerdo procura evidentemente cumplir todos los pasos para que la normalización se ajuste al Derecho y para que todos aquellos que pretenden participar en el proceso de normalización tengan la oportunidad de hacerlo. La intención oficial es harto elocuente: optimizar a la UADER, darle calidad y buscar los elementos para que crezca y sirva a las expectativas que tienen todos sus actores.
Si el aludido borrador no tuviese el eco por parte de los reclamantes, la negociación fracasaría y todo quedaría en manos de la Justicia, no descartándose que se recurra a disuadir por vías legales todo acto que implique atentar contra la propiedad del Estado y/o contra los intereses de los demás alumnos que no apoyan el tenor del reclamo en especial el espíritu pertinaz y hasta presuntamente sectario de algunos que se han apoderado de distintos ámbitos edilicios, esgrimiendo -en determinadas singularidades-, conductas arbitrarias e inalterables más allá de cualquier razón que se intente blandir, imponiendo constantemente condiciones invocando “respeto a las decisiones de las bases”, y exponiendo un rechazo tajante a las actuales autoridades normalizadoras, a los dirigentes políticos y sindicales “vendidos y reformistas”, reafirmando una solapada tendencia a una dirección revolucionaria que muy pocos ven con buenos ojos.
Nos da la impresión que de firmarse dicha Acta, todas las partes lucirán un ánimo, una energía positiva. Aún sabiendo que los plazos pueden deparar una nueva dilación, se rubricaría un documento del que el propio gobierno no podrá ya desconocer su promesa.
A veces, es preferible un arreglo no tan bueno que un gran pleito. Si esto deriva ya de modo definitivo a manos de la Justicia, podrá ser una batalla perdida para el Gobierno en lo relativo a saludable intención de sana gestión democrática, pero de igual modo se convertiría en un fracaso estrepitoso para los demandantes ante la opinión pública, que, a priori, de refrendarse el documento podrían ostentar el haber conseguido grandes logros a partir de sus exigencias, posturas al margen y no terminar defendiendo -mediante vías que oscilen lo condenatorio- sus posicionamientos, poniendo en riesgo la seguridad no solo de quienes participen en medidas diversas, sino que hasta perturben la seguridad pública o amenacen la integridad física y moral de cualquier ciudadano esté o no involucrado en la comunidad universitaria.