La administración de Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, dará a la Argentina un mes de flexibilidad cambiaria para que el presidente Javier Milei maneje a su criterio la política del dólar hasta las elecciones de medio término.
En Washington destacan que la relación bilateral atraviesa su mejor momento histórico, incluso más cercana que en los años 90. Sin embargo, el alineamiento argentino con Occidente no será suficiente para esquivar los ajustes al programa económico que exige EE.UU. y que el sector privado considera claves para atraer inversiones y liberar el potencial económico local.
Si bien no hay aún un pedido formal de eliminar las bandas de flotación cambiaria, sí se impuso la exigencia de reforzar las reservas del Banco Central (BCRA) después del 26 de octubre. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmó en la red X que el organismo “apoya a Argentina en la implementación de políticas para salvaguardar la estabilidad, reducir la inflación, reconstruir las reservas e impulsar las perspectivas de crecimiento”.
En la misma línea, la ex número dos del FMI, la estadounidense Gita Gopinath, remarcó: “El apoyo de Estados Unidos ayuda a prevenir fluctuaciones especulativas. Sin embargo, un progreso duradero requerirá que Argentina adopte un régimen cambiario más flexible, acumule reservas y genere apoyo para sus reformas internamente”.
Para acumular dólares se necesitará un mayor superávit comercial, menos gastos en cuenta corriente o ingresos de inversiones que, en el corto plazo, no llegarán. Así, la política cambiaria buscará evitar que el dólar caiga al piso de $947 antes de que el BCRA intervenga, y se abre la posibilidad de una flotación libre con un precio de equilibrio más alto.
Al mismo tiempo, Washington observa con atención cómo se implementará en la Argentina una agenda de reformas estructurales destinadas a atraer capitales privados. En la mira están la reforma laboral, tributaria y previsional, consideradas interdependientes.
Las empresas estadounidenses creen que la reforma laboral debe adecuar la normativa a las nuevas tecnologías y contratos flexibles, reduciendo los costos de despidos y la litigiosidad. Una reforma tributaria debería fomentar la formalización de la economía, mientras que una reforma previsional —con posible aumento de la edad jubilatoria y eliminación de moratorias— debería garantizar la sostenibilidad del sistema, con más aportantes que beneficiarios.
En paralelo, el calendario acordado con el FMI contempla privatizaciones de empresas públicas, la eliminación de la mayoría de los fondos fiduciarios (salvo el de zona fría de gas), la desregulación del sector eléctrico y la focalización de la asistencia social.
