Tregua en el INTA: el Gobierno posterga despidos pero vende un edificio
Este viernes el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se volvió a reunir a pedido del Gobierno para avanzar en la “modernización” del organismo, implicando el despido de 227 empleados y la venta de tierras e inmuebles.
Así, tras tres horas de reunión de la sede del INTA, situado en la calle Chile 460, hubo acuerdo entre el Ejecutivo y los consejeros.
En síntesis, se aprobó el retiro voluntario de 298 personas; el edificio de Cerviño se cedió a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su posterior subasta; las 40 hectáreas de Inta Cerrillos (Salta) se cedieron a la Provincia para un plan de vivienda; no se accedió al pedido de entregar las 8 direcciones que el Gobierno había pedido para sumar gente cercana; se formó un grupo para analizar la dotación del personal a 75 días; y se aprobó la creación por 180 días de un equipo consultor asistente externo y nexo entre el consejo directivo y la dirección nacional.
Este nuevo encuentro del Consejo Directivo del INTA, el órgano que dirige el organismo, se dio tras la fallida reunión del jueves, que tras más de 12 horas, se levantó la sesión y se suspendió por falta de quórum. Se habían analizado y pactado varios puntos que iban en contra de los intereses del gobierno.
El presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, le comunicó las decisiones a Juan Pazo, secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, pero el funcionario las rechazó rotundamente. Acto seguido, los consejeros, muy enojados, se levantaron de la reunión y se fueron, lo que motivó a la suspensión del encuentro.
Uno de los puntos consensuados es la venta del emblemático edificio del INTA en Palermo, ubicado en Cerviño 3101/67, donde hasta ahora funcionaron la Fundación ArgenINTA, INTeA y las Direcciones de Vinculación Tecnológica y de Relaciones Internacionales. Se trata de un terreno de más de 900 metros cuadrados apto para un desarrollo inmobiliario, cuyo precio base será de 6,3 millones de dólares.
Por otro lado, por ahora no habrá despidos, como había solicitado el Ejecutivo y lo había anunciado el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.
Se formó un grupo para analizar la dotación del personal a 75 días, constituido por 4 personas (Gonzalo Abaurrea, Matías Nardello, Ines Liendo, Luis Negruchi), por lo cual se frena el despido por ahora de las 227 trabajadores de planta no permanente que habían ingresado en 2023.
“El 50% de sus 6.852 empleados actuales ingresó durante los gobiernos de Cristina Fernández, entre 2007 y 2015. De los 250 millones de dólares al año que recibe el INTA, el 90% se usa para pagar sueldos. Hoy la participación privada en las investigaciones del INTA es inferior al 10% y el objetivo es que esta cifra aumente al 30% para el año 2027″, había remarcado el portavoz para defender el despido de los 227 empleados.
En el encuentro hablaron de “adecuación” porque algunos consejeros piden “más gente y no menos”.
Cabe destacar que el Consejo Directivo está conformado por el presidente y vicepresidente del INTA y un representante de la Secretaría de Agricultura, de las facultades de Agronomía, de las facultades de Ciencias Veterinarias (Universidades Nacionales), de la la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) y de las entidades que conforman la mesa de enlace (Coninagro, CRA, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina).
“Es lógico y positivo haber llegado a un acuerdo para trabajar en conjunto hacia el objetivo final: lograr un INTA mejor y más eficiente, al servicio de los productores. Además, destacamos que este principio de acuerdo permitirá consensuar, en un plazo razonable, futuras modificaciones y medidas para fortalecer el rol de este organismo. Desde CRA, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del INTA, un ente imprescindible para el desarrollo de nuestro sector”, remarcó el presidente de CRA, Carlos Castagnani.
“Valoramos profundamente la apertura al diálogo y el compromiso de las partes involucradas para priorizar los intereses del agro y de los productores. Esta instancia demuestra que, con voluntad política y técnica, es posible alcanzar soluciones consensuadas que fortalezcan al INTA, garantizando su sostenibilidad y su capacidad de brindar respuestas eficaces a los desafíos del sector”, agregó.