Tras la cruenta dictadura, lo que hizo cada Gobierno democrático por la Cuestión Malvinas

El 3 de enero, a pocos días de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, la Cancillería argentina publicó un comunicado sobre la disputa con el Reino Unido por las Islas Malvinas: “El Gobierno argentino manifiesta una vez más su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales que permitan encontrar una solución a esta disputa de soberanía, de acuerdo a lo dispuesto por las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.
Y concluyó: “El Gobierno y el Pueblo argentino reafirman una vez más, a 191 años de la ilegítima ocupación de las Islas Malvinas, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.
En el marco del Foro de Davos, el 17 de enero de 2024, la por entonces canciller Diana Mondino acompañó al presidente en su reunión bilateral con el secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido, David Cameron. Según el comunicado oficial, “con relación a la Cuestión Malvinas, ambas partes reafirmaron su posición, y se comprometieron a trabajar en una agenda sobre la base de la confianza y la cooperación”.
Sin embargo, un mes después, el 19 de febrero, el funcionario británico viajó a Malvinas y dijo: “Las Islas Malvinas son una parte valiosa de la familia británica. Y tenemos claro que mientras quieran seguir formando parte de la familia, la cuestión de la soberanía no estará en discusión”.
En la reunión realizada en la cumbre de cancilleres del G20, que se realizó en Río de Janeiro 2 días después, Mondino le manifestó su malestar por la visita y sus declaraciones. Luego, la canciller escribió en su cuenta de X: “Poniendo las cosas en su lugar”, frase acompañada de una foto con Cameron.
En su discurso ante la 79ª Asamblea General de la ONU del 24 de septiembre de 2024, el presidente Javier Milei hizo una breve mención a la cuestión de las Islas Malvinas, criticando el accionar de Naciones Unidas: “Tampoco la organización ha cumplido satisfactoriamente su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes, como sabemos los argentinos de primera mano, en la relación con las Islas Malvinas.”
El 3 de enero de 2025, tras pocos meses de la renuncia de Mondino y la designación del nuevo canciller Gerardo Werthein, el Gobierno emitió un comunicado reafirmando sus “legítimos e imprescriptibles derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, a 192 años de la ilegal ocupación británica.
¿Qué pasó durante el Gobierno de Alberto Fernández?
A menos de un año de iniciada la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos), el 25 de agosto de 2020, se creó, a través de la Ley 27.558, el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, integrado por funcionarios del Gobierno nacional junto a representantes de otras fuerzas políticas, del ámbito académico y científico, del campo del derecho internacional y de los ex combatientes de Malvinas.
Luego, en 2021 y 2023 los 33 países que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) manifestaron “su más firme respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.
En marzo de 2022 la Argentina reclamó en un comunicado de Cancillería que se restableciera la conexión aérea con las islas, que se había suspendido en 2020 en el marco de la pandemia por el COVID-19.
En julio de 2023, por primera vez la Unión Europea y la CELAC adoptaron una moción sobre la Cuestión Malvinas. “En cuanto a la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas, la Unión Europea ha tomado nota de la posición histórica de la CELAC, basada en la importancia del diálogo y el respeto del Derecho internacional en la solución pacífica de controversias”, indica la Declaración de la Cumbre UE-CELAC de 2023. Esto, según publicó Cancillería, en ese entonces a cargo de Santiago Cafiero, fue un triunfo de la diplomacia argentina.
¿Qué ocurrió durante el Gobierno de Mauricio Macri?
En 2017, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la extensión del límite exterior de la plataforma continental argentina. En el comunicado de Cancillería, en ese momento a cargo de Susana Malcorra, la subsecretaria de Malvinas y Atlántico Sur, María Teresa Kralikas, explicó: “El hecho de que la Comisión haya dicho que no puede emitir una opinión sobre esa zona porque está en litigio, porque hay un conflicto de soberanía, es un reconocimiento más de la existencia de ese conflicto”.
En el mismo año comenzó el proceso de identificación de los soldados argentinos enterrados en las islas. “En diciembre de 2016, la Argentina y el Reino Unido firmaron un acuerdo para comenzar las tareas de identificación en las islas en junio de 2017, delegando en el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) las tareas de coordinación y ejecución. Argentina estaría representada por dos forenses del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y los análisis genéticos de los cuerpos que se exhumaran, serían analizados en el laboratorio del EAAF en Córdoba”, detalló un comunicado del EAAF.
En 2016 se había emitido un comunicado conjunto entre el Reino Unido y la Argentina después de la visita del representante británico Alan Duncan al país. En el texto se acordaba ampliar la agenda bilateral y negociar cuestiones de comercio, pesca, navegación e hidrocarburos.
¿Qué pasó durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner?
En los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria) llevó la Cuestión Malvinas a otros organismos multilaterales, como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la CELAC.
En 2007 Argentina dio por terminada la Declaración Conjunta sobre Hidrocarburos porque consideró que Gran Bretaña hizo una “interpretación abusiva” del acuerdo de 1995, intentando extender la zona: “La divergencia substancial entre las partes se refirió al ámbito espacial de cooperación para la exploración y explotación de hidrocarburos que la Declaración Conjunta establecía que debía realizarse en las ‘áreas marítimas del Atlántico Sudoccidental sujetas a una disputa de soberanía y jurisdicción’ (el área de las Islas Malvinas de 430.000 km2).
El Reino Unido por el contrario, pretendía limitar la cooperación con nuestro país a un ‘área de cooperación especial’ creada por el acuerdo de sólo 21.000 km2 y reservarse para su accionar unilateral todo el resto del área disputada”, informó en ese momento la Cancillería argentina.
En 2006 y 2009, la Unasur respaldó el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas.
Entre 2011 y 2012, todas las legislaturas de las provincias argentinas con costas en el Mar Argentino, sancionaron la Ley Gaucho Rivero, que en su artículo 2 indica: “Prohíbase la permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones de logística en territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia, que realicen tareas relacionadas con la exploración, explotación de recursos naturales, buques militares, dentro del ámbito de la cuenca de las Islas Malvinas sobre la plataforma continental argentina”.
En 2012 se desclasificó el Informe Rattenbach, que evaluó el desempeño de las Fuerzas Armadas argentinas durante la Guerra de las Malvinas de 1982, y también se inició el pedido a la Cruz Roja para que intervenga en la identificación de los soldados argentinos enterrados en Malvinas.
En 2013, con Héctor Timerman como canciller, la CELAC respaldó el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.
El mismo año, en la III Cumbre América del Sur – África, según el comunicado de Cancillería de ese momento, los 54 países de África se unieron a Sudamérica para reconocer los legítimos derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, lo que constituyó “una victoria diplomática para nuestro país”.
¿Qué ocurrió durante el Gobierno de Fernando De la Rúa?
En 2001, Argentina y Gran Bretaña concluyeron un acuerdo para la realización de un estudio de factibilidad sobre el desminado en las Islas Malvinas. “En el año 2001, la República Argentina y el Reino Unido, siendo Estados signatarios de la Convención de Ottawa, y como producto del diálogo, acordaron desarrollar mediante intercambio de notas, un estudio de factibilidad para el desminado de las islas, llevándose el mismo adelante a mediados del año 2007 y siendo presentado ante la comunidad internacional el resultado final”, explica Federico Martín Gómez – investigador del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata- en el trabajo “El Estudio de Factibilidad de desminado en las Islas Malvinas. La luz de la cooperación humanitaria en la obscuridad de la disputa territorial”.
¿Cómo fue el reclamo de soberanía durante el Gobierno de Carlos Menem?
Entre 1989 y 1990, la Argentina y Gran Bretaña firmaron una declaración conjunta llamada Acuerdo de Madrid I y II, donde se restablecen las relaciones consulares, comienzan las negociaciones sobre cuestiones prácticas sobre el Atlántico Sur, y se profundizan las negociaciones por fuera de la disputa por la soberanía.
“El primero de los acuerdos (19 de octubre de 1989) representó, entre otros puntos, el cese formal de las hostilidades, la renuncia recíproca a reclamaciones con motivo de la guerra y la obligación de solucionar controversias por medios pacíficos (…). El segundo acuerdo celebrado (15 de febrero de 1990), entre otros temas, implicó el retorno de las relaciones diplomáticas, la decisión británica de dejar sin efecto la zona de protección alrededor de las Islas Malvinas, la necesidad de diseñar un régimen de promoción y protección de inversiones, la implementación de un sistema de información recíproca sobre movimientos militares y un sistema de control de navegación marítima / aérea”, indica un trabajo del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral (CEDI).
En 1990 se creó la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que hasta ese entonces era un territorio nacional.
El 22 de agosto de 1994 la Cuestión Malvinas adquiere rango constitucional a través de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional reformada ese año.
En 1995 la Argentina y Gran Bretaña celebraron una declaración conjunta para regular la exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas en disputa.
¿Qué pasó con la Cuestión Malvinas durante el Gobierno de Raúl Alfonsín?
“Raúl Alfonsín fue uno de los pocos dirigentes políticos que no acompañó la decisión del gobierno militar de recuperar las Islas Malvinas a través del uso de la fuerza. De hecho, no viajó al archipiélago con los representantes de la gran mayoría de los partidos políticos después del 2 de abril”, explica investigador del Ateneo de Relaciones internacionales Universidad Nacional de Río Cuarto, Gustavo Eduardo García, en el trabajo “La cuestión Malvinas durante la gestión de Raúl Alfonsín”.
En 1984, 2 años después de la guerra, ya recuperada la democracia, se realizaron reuniones bilaterales entre los gobiernos argentino y británico en Berna (Suiza). Las negociaciones fracasaron ante la negativa británica a discutir la soberanía sobre las islas.
En septiembre de ese año, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Alfonsín propuso “propuestas de negociación como la de Hong Kong que los británicos prometieron devolver a China en 1997 (…) Los británicos aducirían que los territorios en cuestión eran distintos y por ende negó la posibilidad de la aplicación de ese régimen”, indica García.
Durante 1986 existieron tensiones por la explotación pesquera. Gran Bretaña decretó unilateralmente una “zona de limitación de pesca” de 200 millas alrededor de las Islas Malvinas, mientras que la Argentina firmó acuerdos pesqueros con la Unión Soviética y Bulgaria.