Transporte: el Estado no será más “juez y parte” ante accidentes
El Senado aprobó una controvertida ley a través de la cual, en lo inherentes a siniestros de transporte, se activará una junta multimodal técnica que incluirá a los medios aeronáutico, automotor, ferroviario, y fluvial o marítimo. Tendrá autarquía económico-financiera, personalidad jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado.
El Senado volvió a sesionar tras casi dos meses de siesta y aprobó un puñado de pliegos judiciales y un combo de proyectos, en una reunión tensa por la furia de legisladores contra la ausente Gabriela Michetti, quien modificó días atrás -a meses de dejar el cargo- la metodología de intercambio de pasajes acumulados durante el año por dinero.
Desde el entorno de Michetti aseguraron a Ámbito Financiero que la funcionaria no estuvo anteayer en la reunión de Labor Parlamentaria por un acto en Carmen de Patagones y que intentaría llegar al recinto -nunca lo hizo- después de tratar diferentes temas del Ejecutivo para suplantar al presidente provisional de la cámara alta, Federico Pinedo, quien comandó todo el encuentro.
Quien no estuvo fue el exjefe justicialista y actual precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, quien compartió con Mauricio Macri un acto de campaña en Santa Fe, por fuera de la cumbre del Mercosur que se realizó en esa provincia.
La bronca de los senadores por los pasajes estalló anteayer a la reunión de Labor Parlamentaria, e incluso legisladores de distintos bloques amagaron con direccionar la lupa a los gastos que hizo Michetti y su equipo durante su gestión. También se quejaron por la “desaparición” de los responsables administrativos a la hora de dar explicaciones, quienes dejaron de atender los teléfonos.
En pleno recinto, explotó el peronista José Mayans, quien acusó a la vicepresidente de querer “aparecer como una heroína” y dejar al resto del cuerpo “como unos malgastadores”.
Pero la furia no quedó sólo allí. Sobre el final de la sesión, Juan Carlos Romero (Salta), quien va por la reelección de su banca atado por Juntos por el Cambio, impulsó un proyecto de resolución que acompañó el pleno -incluido el oficialismo- para “conocer” de manera exacta “la reducción presupuestaria” tras la modificación del esquema de cambios de pasajes e informarlo al Ministerio de Hacienda para que “esas partidas sean derivadas a otros fines” de cara a las próximas partidas, según explicó el legislador.
Con Pinedo al frente de la sesión, hubo otro punto de desencuentro. La peronista Norma Durango pidió una preferencia para votar, durante el próximo encuentro, la designación de Marisa Graham como defensora del Niño. La postulante pasó todos los exámenes de una comisión bicameral y ya fue votada en Diputados tras una picardía del presidente de esa cámara y peronista con témpera Pro -hoy, acuarela-, Emilio Monzó.
En el Senado se armó una nueva trifulca entre “verdes” y “celestes” por este tema. El problema ayer se dio por votar la preferencia a mano alzada -quedaron dudas sobre la mayoría en la revisión fílmica- y ello fue criticado por Mayans, quien solicitó rápido aunque sin éxito una moción para reconsiderar esa movida. El tironeo se instaló por la postura de la candidata a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y su pasado en gestión kirchnerista. La realidad marca que el cargo en juego está vacante, de manera insólita, desde hace más de 13 años.
Durante la sesión de ayer se aprobaron 18 pliegos: 12 fueron judiciales y tres de defensores, más dos ascensos diplomáticos y uno militar. Aún restan más de 60 dictámenes que aún no logran acuerdo y que se acumulan, tras los agujeros que dejó el kirchnerismo durante su último mandato y la demora -ahora apuro- del oficialismo para enviar ternados. Para las designaciones de magistrados fue separada y quedó bloqueada una candidata que interesa al ministro de Justicia, Germán Garavano, en el fuero Contencioso Administrativo de Capital Federal.
Por otra parte, se sancionó una iniciativa para regular la determinación del estatuto, protección, asistencia y otorgamiento de facilidades para la naturalización de las personas apátridas que impulsó en Diputados la radical Karina Banfi; y se aprobó un proyecto sobre presupuestos mínimos ambientales para la adaptación y mitigación del cambio climático global, que empujó la neuquina Lucila Crexell.