Trabajadores del Hospital Garrahan denunciaron penalmente a Javier Milei y presentaron un amparo por la Ley de Emergencia Pediátrica
La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y altos funcionarios del Gobierno, además de un amparo colectivo, para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia Pediátrica. Aseguran que el Poder Ejecutivo incurre en “incumplimiento de deberes” al no ejecutar una norma aprobada por amplia mayoría y ya reglamentada.
“El Poder Ejecutivo comete un delito flagrante al negarse a cumplir con una ley votada por abrumadora mayoría y respaldada por toda la sociedad”, afirmó Norma Lezana, secretaria general de la APyT, licenciada en nutrición pediátrica y profesional del Garrahan con 37 años de trayectoria.
Lezana recordó que el Gobierno justificó la falta de aplicación de la norma alegando “falta de fondos”, a pesar de que el decreto reglamentario ya fue firmado. “Dicen que no pueden aplicarla sin desfinanciar otros programas, pero no consideran alternativas como gravar grandes fortunas o eliminar exenciones a sectores privilegiados. Eso demuestra una decisión política, no una imposibilidad económica”, remarcó.
La denuncia penal incluye también al ministro de Salud, Mario Lugones, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Economía, Luis Caputo, a quienes los trabajadores responsabilizan por incumplir una ley vigente. Además, la organización anunció que promoverá una campaña nacional para pedir al Congreso que active un juicio político contra los funcionarios mencionados.
“Es insólito que un Gobierno actúe de forma antidemocrática y autocrática. Denunciamos penalmente a los firmantes del decreto que promulga la emergencia pero dice no poder aplicarla por falta de fondos. Eso no se puede admitir en un Estado de derecho”, sostuvo Lezana en el comunicado.
En su presentación judicial, el gremio solicita que la Justicia ordene al Ejecutivo cumplir con la ley y garantice el financiamiento previsto. “Pedimos que se asegure lo elemental: que se cumpla la ley. No vamos a resignarnos a ver cómo desmantelan un hospital que nos costó casi 40 años construir, orgullo nacional y símbolo del abrazo de nuestro pueblo”, enfatizó Lezana.