Los operarios de los tres turnos de la planta de Molinos Río de la Plata en Esteban Echeverría rechazaron de forma unánime cualquier intento de la empresa de imponer una rebaja salarial. La decisión fue adoptada en asambleas tras una reunión entre la Comisión Interna, la conducción del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA-Filial Buenos Aires) y directivos de la firma, propiedad del Grupo Pérez Companc, una de las familias más acaudaladas del país.
Durante el encuentro, realizado en el contexto de un conflicto por el incumplimiento de la conciliación obligatoria, la empresa propuso firmar una reducción de salarios como salida negociada, algo que los trabajadores interpretaron como la pérdida de conquistas logradas por convenio colectivo a lo largo de los años.
La empresa también confirmó que mantendrá diez despidos ya realizados y que proyecta avanzar con otros 22 ceses laborales.
Ante esto, las asambleas de los tres turnos ratificaron de manera unánime que ni la Comisión Interna ni el STIA deben firmar la propuesta empresarial. Además, se resolvió que el sindicato presente una acción judicial cautelar para frenar cualquier intento individual de la empresa de avanzar con recortes salariales, lo que agravaría aún más el incumplimiento de la conciliación obligatoria.
Otra resolución adoptada fue exigir al sindicato que solicite una inspección al Ministerio de Trabajo bonaerense con el fin de establecer las dotaciones mínimas necesarias y evitar avances hacia una mayor precarización laboral que afecte la salud y seguridad de los trabajadores.
Durante las asambleas, también se criticó duramente al Grupo Pérez Companc, al que se acusó de no tener pérdidas económicas. Se recordó que durante la gestión de Mauricio Macri se le condonó una deuda superior a los 70 millones de dólares, equivalente, según los trabajadores, a 11 años de salarios de toda la planta. En la pandemia, también habrían recibido subsidios del Estado nacional, lo que les permitió incrementar sus ganancias mientras los trabajadores exponían su salud.
Además, denunciaron que el grupo empresario intentó eludir el pago del impuesto a las grandes fortunas, establecido por el gobierno anterior, que representaba apenas el 2% de su patrimonio.
Para cerrar, en todas las asambleas se repitió un mensaje claro: “Ninguna empresa cierra por el costo salarial. Nuestros sueldos son los más bajos en 15 años. Nunca fue tan barato el costo laboral para esta empresa”.
