Torres declara emergencia en Chubut con cesación de pagos selectiva y poder discrecional sobre el presupuesto
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, decretó una cesación de pagos selectiva a través de una Ley de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa, que suspende el pago a proveedores y sentencias judiciales, pero mantiene los compromisos con el sistema financiero. La medida, aprobada en la Legislatura provincial gracias a la mayoría oficialista de Despierta Chubut, se aplicará a todas las deudas contraídas antes del lunes 30 de junio.
La norma —resistida por el peronismo y el Frente de Izquierda— otorga al Ejecutivo poderes extraordinarios para modificar partidas presupuestarias sin intervención legislativa, y para establecer acuerdos con acreedores bajo regímenes especiales y sin control externo. En concreto, la ley permite al Ejecutivo verificar, negociar y reestructurar deudas mayores a 2,5 millones de pesos, provenientes de bienes, servicios y obras públicas.
Impacto directo en la economía local
La decisión afecta a grandes contratistas, pero también a pymes y comercios locales, lo que pone en riesgo cientos de empleos. Además, se suspenden ejecuciones judiciales y laudos arbitrales, independientemente del tipo de deuda. En un gesto sin precedentes, la ley advierte a los jueces que desacaten esta suspensión: se los podría considerar en mal desempeño y remitir sus casos al Consejo de la Magistratura.
A su vez, la emergencia habilita la rescisión de contratos públicos por motivos de “fuerza mayor”, con efectos en los tres poderes del Estado. Se trata de una herramienta jurídica que podría desarticular obras públicas en curso, afectando infraestructura clave en varias localidades.
Críticas por falta de transparencia
Especialistas alertan que esta medida abre la puerta a acuerdos opacos y sin control legislativo, dado que el gobernador podrá negociar directamente con acreedores sin necesidad de rendir cuentas. La ley —conocida como Ley VII N°103— es casi una réplica textual de otra sancionada en diciembre de 2023, cuando Torres recién asumía.
Argumentos oficiales y contradicciones
El oficialismo provincial argumentó que la medida responde al peso de la deuda heredada, las condiciones financieras internacionales y la imposibilidad de pagar 20.000 millones de pesos mensuales en compromisos. Así lo expresó la legisladora radical Jacqueline Caminoa, alineada con el PRO y la Casa Rosada.
Sin embargo, los datos oficiales revelan que Chubut accedió a financiamiento nuevo por 650 millones de dólares en abril, y que durante 2024 y el primer cuatrimestre de 2025 fue la tercera provincia con mayor asistencia del Gobierno nacional, recibiendo 11.500 millones de pesos, un 50% más que entre 2020 y 2023. Además, en febrero obtuvo 7.000 millones de pesos por los incendios en Epuyén, aunque solo destinó 2.000 millones a los damnificados.
Duras críticas desde la oposición
La ex ministra de Economía y Producción de Chubut, Gabriela Dufour, calificó la ley como “una señal de debilidad institucional” que permite al Gobierno saltear la legislación vigente. En declaraciones a Tiempo Argentino, sostuvo que “la emergencia sin una crisis reconocida es un intento de gobernar con discrecionalidad absoluta” y cuestionó la falta de planificación del gabinete.
Según Dufour, “la crisis es responsabilidad directa del gobierno de Torres. No hay un equipo de planificación que permita manejar la situación sin recurrir a este tipo de medidas excepcionales”.
Conflicto por el bono petrolero
La norma sancionada no fue exactamente la misma que envió el Ejecutivo, ya que algunos legisladores oficialistas se opusieron a los artículos 13 y 14, que habilitaban al Gobierno a disponer libremente del “Bono Petrolero”. Estos fondos, que provienen de regalías, representan hasta el 40% del presupuesto de varios municipios.
Con la nueva ley, Torres gobernará con poderes extraordinarios durante al menos 36 de sus 48 meses de gestión, concentrando facultades clave en el Ejecutivo provincial.