La histórica firma textil Amesud, fundada por el inmigrante coreano Yeal Kim, atraviesa su peor crisis: con una caída de ventas del 70%, operando al 30% de su capacidad y una plantilla reducida a la mitad, la empresa ingresó en concurso preventivo de deuda, avalado por la Justicia comercial.
El Juzgado Comercial 22, a cargo de Guillermo Pesares, declaró el concurso preventivo de Textil Amesud bajo la carátula de «Gran Concurso», una figura reservada para compañías de gran envergadura.
La empresa, proveedora de gigantes mundiales de la indumentaria, acumula un pasivo de $12.156 millones. De ese total, $8.176 millones corresponden a deudas comerciales, $1.951 millones a obligaciones fiscales y previsionales (con fuertes intimaciones de la ARCA), $1.122 millones a compromisos financieros con el Banco Nación y el Banco Provincia, y $372 millones a pasivos laborales derivados de las recientes desvinculaciones.
Aunque los activos declarados ascienden a $25.269 millones, la dirección de la empresa, encabezada por Hong Yeal Kim, sostuvo al diario La Nación que la falta de liquidez tornó la gestión «insostenible».
Un sector textil al límite: máquinas paradas y miles de empleos perdidos
La crisis de Amesud se inscribe en un contexto sectorial crítico. Según datos de la Fundación Pro Tejer, siete de cada diez máquinas están detenidas en la industria textil argentina y la capacidad instalada utilizada se ubica apenas en 29%.
En febrero de 2026, la producción textil mostró un descenso del 33% interanual y del 36% frente a 2023. La entidad advirtió que ya se destruyeron 18.000 empleos y cerraron 500 empresas en el sector.
Importaciones, consumo en caída y precios atrasados
Amesud atribuye su situación al desplome del consumo y a la «apertura indiscriminada de importaciones».
La reducción de aranceles y la desregulación del régimen courier permitieron el ingreso masivo de productos de plataformas como Temu y Shein a precios hasta un 70% más bajos que los del mercado local, compitiendo en condiciones que desde la Fundación Pro Tejer califican como de «competencia desleal».
A esto se suma un fuerte desfase entre costos y precios: mientras la inflación general a octubre de 2025 fue del 31,3%, los precios de indumentaria y calzado solo subieron un 17,4%, lo que comprimió los márgenes de rentabilidad de las fábricas locales.
De referente mundial a operar por debajo del 30% de su capacidad
La empresa, que en sus mejores épocas llegó a producir 700 toneladas mensuales y emplear a 470 personas, sufrió un fuerte ajuste en su plantilla.
Pasó de 389 trabajadores en enero de 2024 a solo 173 en la actualidad, una reducción de más del 50% en apenas dos años.
En paralelo, sus ventas se desplomaron: de un promedio de 316 toneladas mensuales a fines de 2024 se derrumbaron a apenas 115 toneladas en febrero de 2026.
El propio Yeal Kim, quien fue presidente de Pro Tejer, sintetizó la gravedad de la situación al afirmar: «Es inviable una empresa que pueda trabajar con menos del 30% de su capacidad», remarcó.
El sueño del inmigrante y un segundo concurso preventivo
La historia de Amesud es también la historia del sueño de un inmigrante que desafió la adversidad.
Kim llegó a la Argentina en 1976, a los 18 años, escapando de la pobreza en Corea del Sur. Sin dinero y sin hablar español, se instaló junto a su familia en la Villa 1-11-14, donde 11 personas compartían dos habitaciones.
Con una única máquina de tejer que operaban por turnos las 24 horas, y durante dos años durmiendo debajo de ella porque no tenían camas, comenzaron a construir lo que décadas después se convertiría en un referente textil de clase mundial.
La empresa ya había atravesado un concurso preventivo en 1999, que logró superar exitosamente en 2013 tras años de esfuerzo y reestructuración.
Plazos judiciales, controles y restricciones
El proceso judicial fijó el 8 de septiembre como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación y el 19 de julio de 2027 como vencimiento del período de exclusividad para negociar un acuerdo.
El tribunal decretó la inhibición general de bienes de la concursada y prohibió al presidente de la firma salir del país por más de 40 días sin autorización judicial.
El comité de control de acreedores quedó conformado por la ARCA, la Municipalidad de General San Martín y la firma Tipoiti, que deberán fiscalizar la evolución de la empresa durante este proceso, que definirá el futuro de una de las últimas grandes tejedurías argentinas.
