La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETINGRA) declaró un estado de alerta nacional en rechazo a las políticas de tercerización y desvinculaciones en empresas distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país. La decisión se conoció en paralelo a la sorpresiva renuncia de Néstor Marcelo Lamboglia al frente del flamante Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), en medio de una fuerte interna que puso bajo la lupa la capacidad de control del organismo.
En un comunicado difundido este martes, la FETINGRA, encabezada por su secretario general Guilleno H. Mangone, repudió los despidos que, según el gremio, se vienen aplicando en distintas jurisdicciones. La federación subrayó que estas cesantías se producen en un contexto de bonanza económica para las compañías del sector, con balances favorables, aumentos tarifarios autorizados y una mejora sostenida de sus indicadores financieros.
En ese marco, la organización sindical remarcó que, lejos de traducirse en inversiones en recursos humanos y capacitación, las ganancias empresarias se estarían utilizando para profundizar procesos de reducción de personal propio.
Denuncia por tercerizaciones y pérdida de empleo registrado
De acuerdo con la FETINGRA, la decisión de desvincular trabajadores con experiencia y años de servicio responde a una estrategia orientada a disminuir costos laborales mediante la sustitución de empleados en relación de dependencia por empresas contratistas y tercerizadas.
El gremio advirtió que esta práctica no solo vulnera derechos laborales fundamentales, sino que además genera una preocupante precarización de las condiciones de trabajo. Señaló que, en numerosos casos, tareas históricamente realizadas por personal capacitado son transferidas a firmas que emplean trabajadores con condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial.
En ese sentido, la federación alertó que la reducción sistemática de personal propio y su reemplazo por esquemas de contratación precaria pone en riesgo no solo las fuentes laborales, sino también la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y la seguridad de las instalaciones.
Cuestionamientos a los organismos de control y salida de Lamboglia
Asimismo, la FETINGRA expresó su preocupación por lo que consideró una “pasividad de los organismos de control” frente a estas situaciones. En ese contexto, la abrupta renuncia de Lamboglia al frente del ENRGE, el ente encargado de regular los servicios de gas y electricidad en todo el país, cobró una relevancia adicional para el gremio gasífero.
Néstor Marcelo Lamboglia dejó su cargo este lunes, menos de un mes después de haber sido designado al frente del nuevo organismo regulador. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra, según reconstruyó el portal especializado Econojournal.
De acuerdo con ese medio, la renuncia se produjo en medio de una fuerte interna que Lamboglia mantenía dentro del directorio con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se desempeñaba como interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Las discrepancias entre ambos funcionarios venían de larga data y ya habían sido reveladas en abril, cuando el nuevo ente ni siquiera había terminado de constituirse formalmente.
Contratos, sueldos y oficinas: los ejes de la interna en el ENRGE
Entre los puntos de conflicto se encontraban las renovaciones de contratos. Lamboglia había sugerido no renovar ningún contrato en los entes hasta que el ENRGE estuviera plenamente en funciones, pero Nachón desconoció ese pedido y, días después, renovó por seis meses 73 contratos del Enargas que vencían el 30 de junio. Además, impulsó el pase de planta transitoria a permanente de una integrante del cuerpo asesor del ex interventor Carlos Casares.
Otro motivo de tensión fue el lugar de trabajo. Las nuevas oficinas del ENRGE se establecieron en la histórica sede del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en Madero al 1000, pero Nachón se negaba a concurrir argumentando que las condiciones edilicias no eran adecuadas.
Las diferencias salariales también dividieron al directorio. En el ex Enargas hay funcionarios que llegan a cobrar hasta $32.000.000 brutos, mientras que en el ENRE los sueldos más altos alcanzan los $8.500.000 brutos. Lamboglia pretendía recomponer los ingresos de los provenientes del ENRE dentro de un plan que involucrara a toda la plantilla del nuevo organismo, pero el enfrentamiento con Nachón hacía inviable esa coordinación.
Según Econojournal, el jueves pasado el directorio mantuvo una reunión para aprobar las subas de tarifas de junio y Nachón no asistió, lo que terminó de colmar la paciencia de Lamboglia. El ahora ex titular del ENRGE habría manifestado que no quería que la situación afectara su estado de salud, en particular por su condición de diabético.
Reclamos del gremio y advertencia por la seguridad del servicio
En este contexto de incertidumbre en el organismo de control, el gremio gasífero decidió elevar la presión. La FETINGRA exigió el cese inmediato de los despidos injustificados, la preservación de los puestos de trabajo y el respeto por los derechos laborales adquiridos.
La federación insistió en que la política de tercerización y recorte de personal propio impacta directamente en la seguridad operativa y en la calidad del servicio que reciben los usuarios, al desplazar a trabajadores con trayectoria y formación específica.
“Defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos”, concluyó el comunicado gremial.
