En medio de corridas y un clima de extrema tensión, la Policía española llevó adelante un operativo para el traslado de migrantes que permanecían en las costas del enclave de Ceuta, pero el procedimiento quedó trunco cuando más de 2.000 personas quedaron afuera tras agotarse las plazas disponibles.
El operativo apuntó a relocalizar a quienes estaban instalados de forma precaria en las playas hacia unas carpas temporales con capacidad para 1.700 personas en el puerto, en un contexto donde todavía permanecían cerca de 4.000 personas en la zona.
Las acciones comenzaron a las 7:00 con un despliegue de 150 efectivos policiales en el Muelle del Poniente. Ante los intentos desesperados de la multitud por asegurarse una vacante, las fuerzas de seguridad reprimieron con palos de goma y disparos al aire para frenar una estampida inicial.
Cuatro horas después del inicio, las instalaciones portuarias y las carpas quedaron colmadas en su totalidad. Ante la falta de espacio, los migrantes excluidos regresaron con evidente malestar hacia los campamentos precarios de las playas El Trampolín y Benítez.
Una crisis que lleva más de un mes
Decenas de miles de personas ingresaron a finales de julio a este territorio de 80.000 habitantes y 18,5 km². Pese a que una gran parte retornó a Marruecos, varios miles continúan en situación de extrema vulnerabilidad en el enclave español.
Desde los organismos oficiales señalaron que en el nuevo predio los alojados contarán con “duchas, servicios, alimentación o camas nuevas”, detalló la fuente.
El traslado se ejecutó luego de que la Justicia desestimara un recurso sindical que buscaba frenar la medida. En ese marco, la administración nacional de Pedro Sánchez resolvió intervenir sobre las instalaciones portuarias frente a la negativa del gobierno local encabezado por el Partido Popular.
La infraestructura busca aliviar la saturación generada tras la llegada masiva de cerca de 70.000 personas desde territorio marroquí. Mientras que las autoridades locales calculan que aún permanecen unas 13.000 personas, el gobierno central maneja estimaciones sensiblemente menores.
La situación mantiene en alerta a la población local en el norte de África, que reclama medidas urgentes para recuperar la normalidad. En paralelo, el Ejecutivo español intenta acelerar los trámites de identificación y asilo para definir las posibles devoluciones y resguardar a los miles de menores presentes.
