Entre enero de 2024 y marzo de 2026, el Banco Nación otorgó 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP), sobre un total de 25.391 préstamos concedidos en ese período. El dato surge de un pedido de acceso a la información pública realizado por el diario Ámbito y permite dimensionar por primera vez el alcance de una operatoria que quedó bajo la lupa tras revelarse que funcionarios de primera línea del Gobierno habían accedido a préstamos millonarios.
En otras palabras, alrededor de uno de cada 23 créditos hipotecarios del Banco Nación fue otorgado a una persona alcanzada por el régimen de control reforzado previsto por la Unidad de Información Financiera (UIF).
La categoría PEP incluye a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre otros cargos públicos, pero también deja afuera posiciones relevantes dentro de la estructura estatal. Subsecretarios nacionales, algunos directivos de empresas públicas o sociedades con participación estatal y otros funcionarios de alto rango no integran el universo PEP.
Así, los 1.120 casos informados por el Banco Nación podrían no reflejar la totalidad de los beneficiarios vinculados al Gobierno, ya que se trata solo de quienes encuadran formalmente en esa clasificación regulatoria.
Un universo más amplio que los casos ya conocidos
Hace poco más de un mes, la publicación del sitio web “¿Cuánto Deben?”, creado por el diseñador y especialista en visualización de datos Andrés Snitcofsky, permitió visualizar información de la Central de Deudores del Banco Central y dejó al descubierto que un grupo de funcionarios de alto rango había obtenido créditos hipotecarios del Banco Nación por cifras millonarias.
Hasta entonces se conocían casos individuales, pero no la magnitud total del fenómeno. Los datos oficiales ahora confirman que detrás de esos nombres propios existe un universo mucho más amplio, compuesto por al menos 1.120 créditos hipotecarios otorgados a Personas Expuestas Políticamente.
Entre los ejemplos más resonantes figuran el del director del Banco Central, Pedro Juan Inchauspe, que obtuvo un crédito de $510 millones; el del asesor del Ministerio de Economía Felipe Núñez, que accedió a un préstamo por $373 millones; el del secretario de Finanzas Federico Furiase, que recibió $367 millones; y el del ex jefe de Gabinete de Capital Humano Leandro Massaccesi, que obtuvo un crédito por $420 millones y luego fue desplazado de su cargo por la ministra Sandra Pettovello.
La respuesta oficial y el contraste con la categoría PEP
Tras la difusión de esos casos, el Gobierno intentó relativizar el alcance de la polémica. “El Banco Nación otorgó más de 27.000 créditos, de los cuales menos del 0,2% corresponde a personas vinculadas al Gobierno”, sostuvo el ministro de Economía, Luis Caputo.
Sin embargo, la expresión “personas vinculadas al Gobierno” no constituye una categoría utilizada por el sistema financiero. Los bancos sí identifican a las Personas Expuestas Políticamente, una clasificación regulada por la UIF y utilizada para aplicar controles reforzados en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Por ese motivo, Ámbito solicitó al Banco Nación información específica sobre los créditos otorgados a Personas Expuestas Políticamente entre 2024 y 2026. En respuesta al pedido de acceso a la información pública, la entidad confirmó que otorgó 1.120 créditos hipotecarios a integrantes de esa categoría, sobre un universo total de 25.391 operaciones.
Qué se considera Persona Expuesta Políticamente
Según la Resolución 192/2024 de la Unidad de Información Financiera, se considera Personas Expuestas Políticamente a quienes ejercen o ejercieron funciones públicas relevantes.
La nómina incluye al Presidente y Vicepresidente de la Nación, legisladores nacionales, gobernadores y vicegobernadores, ministros, secretarios de Estado, magistrados y fiscales de primera instancia o superiores, embajadores, autoridades de las Fuerzas Armadas y otros cargos de jerarquía.
También alcanza a sus cónyuges, padres, madres, hermanos e hijos, así como a quienes hayan desempeñado esas funciones durante los últimos dos años.
La importancia del dato radica en que las Personas Expuestas Políticamente no constituyen una categoría construida para esta investigación periodística. Se trata de una clasificación oficial que el sistema financiero utiliza para identificar a determinados funcionarios, exfuncionarios y personas vinculadas a ellos, sobre quienes las entidades deben aplicar procedimientos específicos de debida diligencia.
En ese sentido, los 1.120 créditos representan algo más que una suma de casos aislados: no se trata de un relevamiento elaborado a partir de nombres propios o cargos públicos identificados por el medio, sino de una categoría que el propio Banco Nación está obligado a individualizar al momento de otorgar un crédito.
La cifra permite, por primera vez, dimensionar el alcance de la operatoria dentro de un universo definido por la regulación financiera.
Cambios en la normativa del Banco Nación bajo la gestión Milei
Otro de los ejes de la discusión gira en torno a las modificaciones introducidas por el Banco Nación durante la gestión de Javier Milei en la línea hipotecaria “+ Hogares”.
Quienes cuestionan el otorgamiento de los préstamos señalan que en septiembre de 2024 se actualizó la Resolución 802 para incorporar expresamente a los “cargos políticos designados por resolución o electivos” entre los potenciales beneficiarios.
La normativa vigente durante la gestión anterior estaba dirigida a trabajadores en relación de dependencia o contratados del sector público nacional, provincial y universitario, pero no contenía esa referencia específica. Ámbito accedió a ambas versiones del documento y pudo constatar las diferencias.
En paralelo, la diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal por estos hechos, que tras una disputa de competencia recayó en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti.
La investigación judicial deberá determinar si existieron irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos. Lo que los datos obtenidos mediante el pedido de acceso a la información pública permiten establecer desde ahora es que, detrás de los casos individuales que salieron a la luz en las últimas semanas, existe un universo mucho más amplio, compuesto por al menos 1.120 créditos hipotecarios otorgados a Personas Expuestas Políticamente.
